Sobre el traslado de Alias Jesús Santrich. Columna de Francisco Bernate Ochoa. @fbernate

Sobre el traslado de Alias Jesús Santrich

fbernate@franciscobernate.com

El proceso de extradición de alias Jesús Santrich a los Estados Unidos, que debería recibir el mismo tratamiento de centenares de Colombianos que aguardan el vuelo que los llevará a responder a los Estados Unidos por sus fechorías se ha convertido en todo un rosario de prebendas inexplicables e incomprensibles que nos afecta a todos, pues cuando se cambian las reglas del juego para uno solo de los ciudadanos, se nos desconoce a todos nuestra condición de iguales ante la Ley.

Lo primero es señalar que lo sucedido con este cabecilla de las FARC es algo que frecuentemente ocurre en nuestro país, precisamente por la colaboración que tenemos con los Estados Unidos para prevenir y reprimir el tráfico de drogas hacia el país del norte. No es entonces insólito que agentes federales, en su condición de agentes encubiertos, realicen supuestas transacciones con narcotraficantes para demostrar que se encuentran inmersos en este tipo de actos que la justicia norteamericana denomina conspiración para el envío de droga hacia su país, y que es allí un delito. De entrada, entonces, los hechos no tienen ninguna connotación especial que lo diferencie de lo que acontece a diario entre nosotros.

Todo comenzó mal cuando la Justicia Especial para la Paz se arrogó el derecho a decidir la fecha de la comisión de los hechos, a partir lo cual se determinaría el trámite a seguir dentro de este proceso de extradición. Para todos, era claro que se trataba de hechos posteriores a la firma del acuerdo del Teatro Colón, y que no estamos frente a hechos relacionados con el conflicto, por lo que este ilegítimo Tribunal que aún opera sin la Ley Estatutaria requerida para su funcionamiento no tenía por qué tomar partido o decidir nada dentro de este asunto. Ya teníamos entonces, la primera prebenda para un ciudadano que ninguno otro ha recibido hasta ahora.

Todo comenzó mal cuando la Justicia Especial para la Paz se arrogó el derecho a decidir la fecha de la comisión de los hechos, a partir lo cual se determinaría el trámite a seguir dentro de este proceso de extradición. Clic para tuitear

Como lo hacen miles de ciudadanos que se ven expuestos a las inhumanas condiciones del pabellón de extraditables de Establecimiento Penitenciario La Picota de Bogotá, el extraditable resolvió, en ejercicio de su derecho a la libre autodeterminación, entrar en una huelga de hambre, otra situación perfectamente normal y cotidiana. Pero, lamentablemente, esto le generó una segunda ventaja, como fue el ser trasladado a una sede episcopal, misma que no se encuentra legalmente facultada para recibir a este tipo de reclusos, y que quiebra del todo la regla de la igualdad, pues no se entiende por qué las razones humanitarias que han sido denunciadas en varias sentencias de la Corte Constitucional respecto de las terribles condiciones en este pabellón carcelario justifican el movimiento de una persona y no el mejoramiento de la situación de centenares de ciudadanos que han vivido un infierno en este reclusorio.

No queda entonces duda de la ruptura del orden democrático y de la igualdad como cimiento de la democracia cuando a una persona se le dan prebendas sin criterios específicos que justifiquen este tipo de tratamientos. Por demás, resulta cuestionable que la Iglesia Católica interfiera en estos asuntos, que no son más que cuestiones de cooperación internacional contra la delincuencia, en los que nada tiene que hacer.