Análisis jurídico de la decisión de la JEP sobre la extradición de Jesús Santrich Columna de Francisco Bernate Ochoa @fbernate

Francisco Bernate Ochoa

Análisis jurídico de la decisión de la JEP sobre la extradición de Jesús Santrich

@fbernate

Mucho se ha comentado sobre la decisión de la JEP de suspender el proceso de extradición de alias Jesús Santrich, encontrando lecturas políticas, de conveniencia nacional y, desde la perspectiva de las relaciones internacionales. En esta ocasión, queremos hacer una lectura estrictamente jurídica de esta decisión con el propósito de evidenciar, lo que la Corporación Excelencia en la Justicia ya ha denunciado, y es el precario nivel conceptual que encontramos en esta decisión.

De entrada, tenemos que esta decisión surge por una solicitud que presentara ante la JEP la propia defensa del Señor Santrich quien pretende hacer efectiva la garantía de la no extradición incorporada en los denominados acuerdos de paz. En otras palabras, lo que se le solicitó a la JEP es que no extradite al Señor Santrich. Tras un análisis de los antecedentes del caso, la Sala de Revisión presenta una inconformidad con el proceder de la Fiscalía General de la Nación dentro de estas actuaciones, afirmando que esta entidad no entregó la solicitud que le fuera requerida, indicando, como corresponde, que ello es así en tanto que el trámite de extradición no se ha iniciado.

Superado lo anterior, enseña que esta petición se rige por el artículo 1º del Acto Legislativo 1 de 2017 y por el Protocolo 001 de la Sección de Revisión, normativa esta última que adolece de vida jurídica al no estar facultada la JEP para expedir un Código de Procedimiento Penal, y menos para regular la extradición, asunto que se rige por los tratados internacionales. En otras palabras, la JEP deja claro en este documento que se considera superior a los tratados internacionales y a la propia Carta Política de nuestro país.  Posteriormente, enseña que el proceso de extradición en esta normatividad comprende dos fases, una previa en la que se determina si la persona está dentro de los que se encuentran cubiertos por la garantía de la no extradición, esto es, si es o no integrante o familiar de las FARC, o si es acusado de haber pertenecido a este grupo, y si se encuentra en trámite un proceso de extradición. Superada esta fase, sobreviene la segunda, denominada de conocimiento en la que se resuelve de fondo la solicitud de aplicación de la garantía de la no extradición.

Sin que se diera formalmente apertura a esta fase previa como corresponde, la misma se da por sorteada de un solo plumazo, en tanto que se establece que el Señor Santrich en efecto fue miembro de las FARC, asunto sobre el que no hay discusión, pero, lamentablemente, entiende que hay en curso un proceso de extradición. Acá es donde está el segundo yerro jurídico, en tanto que la extradición no es un proceso que se pueda suspender, sino que es un trámite, donde ello no es viable, pero, en gracia de discusión, si fuera un proceso, el mismo no inicia –como entiende la JEP- con la captura de la persona requerida, sino con la solicitud formal de extradición. Con este argumento, bastante equivocado, la JEP entiende que debe pasarse a la segunda fase, y, en tanto que no se cuenta con la documentación proveniente de la Fiscalía General de la Nación, suspende el procedimiento para determinar, en esta segunda parte, si esta persona puede o no ser extraditado, lo cual depende de la fecha de la comisión de los hechos por los que es requerido. De manera que, se van a tomar una buena cantidad de días, para determinar si el año 2017 es posterior al 2016, un verdadero absurdo.

Llama la atención, y esta es otra evidencia más de la precariedad de esta decisión, el que se deja en firme la detención del ciudadano, que queda privado de su libertad por un proceso que se encuentra suspendido, y, si el proceso es lo principal, la medida de aseguramiento que es lo accesorio, debe seguir la misma suerte por lo que, si hubiera un mínimo de coherencia, tendrían que haberla igualmente suspendido, y estamos seguros que esta será la próxima decisión que tome este Tribunal en los próximos días.

En últimas, en esta decisión queda claro el escaso rigor conceptual de la JEP, y el desconocimiento que se tiene tanto de la mecánica judicial, como de la normatividad nacional e internacional sobre la materia. Clic para tuitear

En últimas, en esta decisión queda claro el escaso rigor conceptual de la JEP, y el desconocimiento que se tiene tanto de la mecánica judicial, como de la normatividad nacional e internacional sobre la materia.

 

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