Colombia en Contexto

Luis Felipe Arango P.

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@luchoap

Esta vez presento mi entrega para el Parche Del Capuchino, por escrito. Comparto mis reflexiones sobre el contexto en que se desenvuelve el gobierno de Iván Duque en sus primeros meses. Hago un recuento de las causas que originaron la realidad de hoy y las opciones que tenemos frente al futuro.

En primer lugar, a diferencia de otras democracias en América Latina, el sistema político colombiano consagra la figura de un ejecutivo con poderes absolutos sin ningún tipo de responsabilidad política, jurídica o penal. En la practica el presidente es un monarca absoluto y puede hacer lo que le parezca. Difícilmente será juzgado y menos condenado ya que su juicio es un acto de origen político y no jurídico.

Otros altos funcionarios sometidos a la comisión de acusaciones de la cámara, como está consagrada hoy, difícilmente serían condenados. Los intereses  políticos pondrán siempre freno a estas iniciativas. La justicia política es sinónimo de impunidad absoluta.

Igualmente nuestro régimen presidencial garantiza la irresponsabilidad política del presidente. Una vez elegido es imposible aplicarle ninguna sanción política ya que nunca más se vuelve a enfrentar en las urnas con el pueblo.

En Colombia los candidatos lo saben y por eso hacen toda suerte de ofertas con tal de ser elegidos para después llegar al poder y hacer algo totalmente diferente. Es por eso que personajes como Gustavo Petro y santos firman lo que sea en mármol a sabiendas de que más adelante van a incumplir porque no hay manera de hacerlo responder.

Éticamente esto es lo más bajo que se puede encontrar, pero la ética está por fuera de la órbita del derecho y las violaciones éticas no son sancionables. Un presidente que desconoce el mandato popular comete el peor atentado contra la democracia. En Colombia esto no tiene consecuencias.

Dicho lo anterior hay entendamos que el presidente de la República como Jefe de Estado tiene la capacidad de comprometer a la nación y al Estado colombiano en la firma de tratados internacionales y acuerdos como el de paz. Estos actos comprometen al Estado que representa más allá del gobierno de turno. Esta es la realidad independientemente del hecho de que se haya incumplido un mandato popular. Una vez ungido el presidente tiene facultades plenas.

En el caso de los acuerdos con las FARC, santos ofreció convocar un plebiscito para ratificarlos, sin estar obligado a hacerlo. Recordemos que en Colombia hemos tenido procesos de paz sin ningún tipo de ratificación ya que la constitución y las leyes autorizan al presidente para tomar acciones tendientes a buscar la paz sin ir a otras instancias

Sin embargo santos sí ofreció hacer un plebiscito y esto quedó consagrado en una reforma constitucional lo cual lo hizo obligatorio y esa obligación no se podía evadir.

El plebiscito rechazó los acuerdos y dejaron de existir. Acá empieza el atropello de santos y las cortes que asumen posiciones dictatoriales al firmar un segundo acuerdo y hacerlo refrendar por el congreso.

El plebiscito rechazó los acuerdos y dejaron de existir. Acá empieza el atropello de santos y las cortes que asumen posiciones dictatoriales al firmar un segundo acuerdo y hacerlo refrendar por el congreso. Clic para tuitear

El fallo en que  la corte constitucional valida este adefesio, está lleno de incongruencias. Reitera que en la refrendación debe haber participación popular directa y deja en el congreso la facultad de definirla.

El congreso no acató el mandato de la corte. Nadie ha demandado esto ni la corte de oficio se ha pronunciado. Un acto autoritario de presidente y congreso avalado por una corte igualmente sesgada dieron luz a unos acuerdos que en este momento son vigentes y comprometen al Estado colombiano.

Hasta aquí el contexto en que Iván Duque recibe el país y el estado de los acuerdos firmados por el gobierno anterior.

El presidente Duque, como jefe de Estado, tiene la obligación de honrar todos los acuerdos y tratados que comprometen a Colombia. Esto no quiere decir que estos sean inmodificables. Todas las relaciones son dinámicas y todo acuerdo es sujeto potencial de modificaciones, siempre y cuando se hagan por las vías legales y constitucionales adecuadas.

Hay limitaciones. Una de ellas es la naturaleza penal de los acuerdos. Una vez consagrada una norma de derecho penal sustantivo los sujetos a quienes se aplica se verán siempre cobijados por la ley más favorable. Así en el futuro se emitan normas más restrictivas o que consagran penas mayores siempre la ley más favorable favorece al reo.

Este principio del derecho penal solo se refiere a las normas de carácter sustantivo el derecho adjetivo o procedimental no tiene aplicación retroactiva y la norma nueva en materia de procedimiento, se aplica a todos los reos por igual. No hay opción de acogerse a una norma anterior.

Estas normas de procedimiento pueden abarcar el cambio del juez competente, fruto de una reforma judicial, o cambios al interior de la justicia competente actual. Esto no viola derecho alguno, ya que las penas serán siempre las mismas. Lo que podría cambiares el juez o el proceso.

Igualmente, el desacato a los acuerdos y las reincidencias, también pueden ser objeto de penas más severas ya que son conductas que no se han registrado hasta el momento y por las cuales no hay condena  vigente. Esta es otra oportunidad de poner en cintura a los criminales de las FARC que no se sometan a los acuerdos o que reincidan. De ser así saldrían de la justicia transicional y serían sujetos de la justicia ordinaria con eventuales penas aumentadas.

Finalmente propongo un par de reformas urgentes. La primera tiene que ver con los fueros de los altos de funcionarios del Estado que están protegidos por un manto de impunidad para evadir la acción de la justicia.

Todos los funcionarios del Estado, incluido el presidente de la república, deben ser sujetos de la justicia ordinaria por delitos que no sean de carácter político en el ejercicio de sus funciones.

Todos los actos de corrupción cometidos por cualquier funcionario o servidor público deben ser conocidos por la justicia penal ordinaria. Incluso el Presidente de la República debe ser investigado por la fiscalía en caso de corrupción.

Todos los actos de corrupción cometidos por cualquier funcionario o servidor público deben ser conocidos por la justicia penal ordinaria. Incluso el Presidente de la República debe ser investigado por la fiscalía en caso… Clic para tuitear

Comprendo que es iluso pretender que una reforma en esos términos pase ahora, pero esa debe ser la meta. Debemos buscar que los altos dignatarios paguen para que ese sea el mejor ejemplo que se puede mostrar para acabar con la corrupción que carcome a Colombia.

Finalmente la responsabilidad política también debe empezar a darse, empezando por el Presidente de la República

A mi juicio lo ideal sería migrar hacia un sistema parlamentario o semi-parlamentario donde el presidente tenga que comprometerse con un programa para poder conformar un gobierno y en caso de no poder hacerlo se deberían anticipar elecciones.

Colombia no está lista para una reforma de esta magnitud en este momento pero no la descarto en unos años sea posible.

Por ahora mi propuesta es más sencilla: propongo una renovación parcial del congreso cada dos años. Esta mitaca permite recomponer las mayorías y premiar o castigar al gobernante de turno para que esté alineado con sus compromisos de campaña y no quede liberado de su obligación con sus electores durante todo su mandato.

Espero que estas reflexiones arrojen algo de luz sobre la situación actual de Colombia y permiten un mejor entendimiento de las opciones que tiene el presidente Duque para sacar adelante a Colombia.

Estoy seguro que su estrategia esta enfocada en recomponer a Colombia, dentro del marco de la constitución y las leyes.

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