De la nueva política agraria

Andrés Usuga

De la nueva política agraria

@andresusugamar

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 En el marco de las 162 propuestas contenidas en el libro IndignAcción, de autoría del Señor Presidente de la Republica electo, Dr. Iván Duque Márquez (Propuestas número 37, 38, 40, 44, 90, 91, 104, 106, 107) , como abogado, docente universitario, pero especialmente, como alguien que se ha acercado al sector del notariado, en tanto fui notario encargado en el círculo de Medellín varias veces, pero adicionalmente, como alguien que ha debido estudiar profundamente por el ejercicio profesional, tanto el régimen de tierras, como las dificultades que se vienen presentando con mucha frecuencia en su aplicación y en específico en la Jurisdicción Especial de Restitución de Tierras y la de Justicia y Paz, me atrevo a sugerirle respetuosamente al nuevo gobierno lo que expresaré en las siguientes líneas.

No se debe seguir en la hiper-confusión y dualidad o multiplicidad funcional a que nos llevó este gobierno, en tanto, a la estructura del estado Colombiano y empiezo por poner dos simples ejemplos distintos al tema, pero que ilustran un poco: i) La llamada Justicia Especial para la Paz o JEP, que muestra las dificultades que viene teniendo en sí misma y no por culpa alguna de la oposición -como lo han querido mostrar los áulicos del premio nobel de la paz- y ii) la Justicia Penal Militar, que han querido no solo desacreditar de tiempo atrás, sino mandarla al cuarto de San Alejo, para aplicarle a nuestros héroes una administración de justicia sesgada y con abierta animadversión en su contra, basta mirar el perfil de algunos de los magistrados de la JEP y los problemas que se han venido presentando en dicho tribunal espurio, concebido en los documentos de la Habana y configurado por unos actores internacionales de no muy imparcial proceder, como es obvio, requiere ajustes urgentes y adicionalmente, dado que, fue por lo que voto la mayoría del país, tanto en las elecciones congresionales del 11 de marzo, como en las dos vueltas presidenciales de mayo y junio.

La llamada Justicia Especial para la Paz o JEP, que muestra las dificultades que viene teniendo en sí misma y no por culpa alguna de la oposición -como lo han querido mostrar los áulicos del premio nobel de la paz- Clic para tuitear

No se entiende la falsa sorpresa, que quieren venderle al país quienes fueron derrotados en las urnas, incluso desde el 2 de octubre de 2016; es notorio que era el llamado punto 4, conectado indefectiblemente con el punto 2, de los acuerdos habaneros lo que les importaba, aunque la verdad es que cualquier punto que se les cuestione, para los negociantes será “la columna vertebral del acuerdo”, lo que significa que no había ninguna columna vertebral, pero que adicionalmente cualquier situación exógena haría caer el acuerdo, tal como lo dijera el secretariado de las FARC, con el tema de la extradición de Santrich.

Este artículo en específico pretende, que los miembros del nuevo gobierno se enteren de las grandes dificultades y de la inseguridad jurídica que vienen sufriendo los ciudadanos de cualquier nivel social o económico en Colombia, con normas que de tiempo atrás se han incoado en el ordenamiento jurídico colombiano -que con el punto 1 de los Acuerdos de la Habana agravaría la situación-), pero que con el tema de la restitución de tierras, están llevando al país a una inexorable violencia, por el irrespeto a la propiedad inmobiliaria rural e incluso urbana, por ello, es necesario que este gobierno de la esperanza, que comienza el próximo 7 de agosto, le ponga cortapisa a esta situación, que puede convertirse en una bomba de tiempo de las dimensiones de Chernóbil.

Es tan compleja la situación de inestabilidad jurídica (que en buena hora, nuestro presidente electo entiende, aunque quien hoy ocupa el solio de Bolívar no lo hace), que para ilustrarla daré un simple ejemplo procesal, que sufren los propietarios (terceros) que adquirieron de buena fe y exentos de culpa, ante los magistrados que conocen sus procesos.

Las personas naturales o jurídicas que adquieren una tierra para reforestar, cultivar o para un programa ambiental en una zona de conflicto como: Urabá, el Catatumbo, Cauca o el sur del país, ya no les es suficiente, tomar las medidas preventivas que tomaría cualquier buen padre de familia o un comerciante, buen hombre de negocios, No!

Ahora la jurisprudencia –entiéndase magistrados-, sustituye a los legisladores, y dicen o mas bien exigen, que adicionalmente a efectuar un estudio de títulos juicioso, se debe presumir la mala fe del vendedor y comprador en estas zonas y deben preguntar (vía derecho de petición), a la Unidad de Reparación a las Víctimas, a la Unidad de Restitución de tierras, al INCODER, a la Personería del municipio, a Planeación municipal y departamental, a la Procuraduría General de la Nación, bien regional o territorial, pero el último y sorprendente requisito que se inventó la Fiscalía General de la Nación del Dr Montealegre, es que se les debe preguntar a ellos por el Comprador y/o Vendedor y el Predio a negociar, para que respondan que no pueden dar información por no ser parte o apoderado en los procesos, pretendiendo sustituir la verificación de antecedentes judiciales de la página web de la Policía Nacional y la lista OFAC, esto es, la Fiscalía General de la Nación, se inventó un nuevo requisito para la compraventa de los bienes  inmuebles en Colombia, derogando así, el Código Civil Colombiano, el Estatuto Notarial y Registral, el Código Procesal Penal y el Código General del Proceso y en general el ordenamiento jurídico colombiano, avalado dicho esperpento jurídico por jueces y magistrados de altas cortes.

Ahora bien, para que un colombiano pueda hacer la defensa de su buena fe, exenta de culpa, en la adquisición de un bien inmueble –tema tratado en el debate promovido por AUGURA en Medellín, el pasado 3 de abril, donde asistieron el presidente electo y el Dr Vargas lleras-, debe soportar que los magistrados por el principio de integración normativa, hagan remisiones de los Códigos Procesales en el siguiente orden, toman la ley especial, como la de Justicia y Paz, que no tiene procedimiento y remiten al Código Procesal Penal y como éste remite en cuestiones de bienes al Código Procesal General, terminan aplicando el Código General del Proceso pero a conveniencia, esto es, dirimen la controversia tomando apartes de cada norma procesal, que por ser normas de orden público, no se pueden pactar en contrario, ni siquiera por parte de los mencionados magistrados, quiere decir esto, que están aplicando fragmentos de normas a su acomodo, en un salpicón procesal.

Lo anterior, genera un verdadero pandemonio infernal, para el ciudadano que adquirió de buena fe un inmueble, al que se le impone una carga cuasimposible de superar, ya que, para defender su bien inmueble rural o urbano, ahora se debe enfrentar no solo a la anarquía normativa que promovió este gobierno, sino a la Unidad de Reparación de Víctimas (en cabeza de la Dra Yolanda Pinto viuda de Gaviria), a la Unidad de Restitución de Tierras (en cabeza del hijo del ex presidente Samper), a la Unidad de Persecución de bienes y tierras la Fiscalía, y a cuanta entidad se le ocurra que las transacciones de los bienes inmuebles, deben pasar por su escritorio, entre ellas, la Superintendencia de Notariado y Registro, que debiera fijar una posición fuerte en defensa de la propiedad privada, consagrada constitucionalmente en el artículo 58 y en virtud del artículo 6 de la Carta Política, pero que decidió entrar en el juego, para promover la inseguridad jurídica en contra de los ciudadanos y las personas jurídicas privadas.

Si no se despolitiza el ordenamiento jurídico colombiano y las entidades que intervienen el sector agrario, si no se protege la propiedad privada y si no se depura la normatividad que ha venido proliferando para crear el caos y la inestabilidad y certeza jurídica de los propietarios, el país se verá abocado a una situación muy preocupante, porque los capitales que ya huyeron no volverán y los que no se han ido “volaran” al extranjero, donde tengan la certeza de no ver en riesgo sus propiedades por el riesgo jurídico y por lo anterior le sugiero respetuosamente las siguientes medidas para dar solución a esta problemática.

el país se verá abocado a una situación muy preocupante, porque los capitales que ya huyeron no volverán y los que no se han ido “volaran” al extranjero, donde tengan la certeza de no ver en riesgo sus propiedades… Clic para tuitear

 

  1. Despolitización del sector agrario. Uno de los postulados más atractivos de su programa de gobierno, en la campaña que acaba de terminar exitosamente, fue este: sustraer la actividad agrícola de los vaivenes de la política. Este propósito laudable seguramente dará tranquilidad social al campo y estimulará la inversión agraria.
  2. Estabilidad jurídica. Esta es una de las necesidades más apremiantes en ciertas zonas del país como Urabá, Córdoba, los llanos orientales y el sur, zonas en las cuales se ha ahuyentado la inversión agrícola, por la inseguridad de los títulos de la propiedad rural y la incertidumbre sobre su legitimidad. Es de urgencia recuperar la confianza en las instituciones encargadas de la titulación de la propiedad inmobiliaria en esas zonas del país, que son de la más alta productividad.
  3. Agentes perturbadores de la seguridad jurídica. Uno de los factores más disociadores de la seguridad jurídica en el sector rural es la intromisión, con propósitos políticos o politiqueros, de algunas agencias del Estado que actúan como ruedas sueltas; por ejemplo, el IGAC, Catastros Departamentales o Municipales, INCODER, pero muy especialmente la Superintendencia de Notariado y Registro.
  4. No hay coordinación entre estas entidades., ni se percibe un propósito común para proveer de títulos inmobiliarios seguros e inamovibles en el régimen agrario. La Superintendencia de Notariado y Registro. Este es un organismo que se ha desviado ostensiblemente de sus objetivos constitucionales y lo tienen dedicado ahora, con sentido político, a los asuntos agrarios, como si esa fuera su misión.  Las Superintendencias, por disposición constitucional (arts. 189 núm. 22 y 211) no son más que entidades delegatarias del Presidente de la Republica para ejercer la inspección, vigilancia y control de los servicios públicos; en consecuencia, esta entidad, la de notariado y registro, desde este punto de vista, no puede ejercer funciones distintas a la inspección, vigilancia y control del servicio público que prestan los notarios y registradores.  De allí que se haga incomprensible la creación de una dependencia denominada “Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras (Dec. 2733 de 2014) que hace parte hoy de su estructura orgánica.  Estos son asuntos ajenos a su misión, como organismo de control, y deben estar asignados a las autoridades agrarias (Ministerio de Agricultura). La intervención desbordada de la Superintendencia en estos temas no ha hecho más que generar numerosos pleitos que hoy se tramitan en los juzgados de Urabá, el Departamento de Córdoba, el Meta y otros, como es de todos conocido.

Propuestas:

  1. Suprimir la Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras de la estructura de la Superintendencia de Notariado y Registro y cualquier otra función asignada con respecto a este tema.
  2. Fortalecer los sistemas de control de la Superintendencia de Notariado y Registro mediante la capacitación a sus funcionarios de vigilancia en relación con verdadero sentido de sus funciones.
  3. Auspiciar jornadas de capacitación a los notarios y registradores para ilustrarlos sobre las medidas que, en la práctica, deben tomar con respecto a la legitimación y justo interés de las partes en el tráfico inmobiliario, rural y urbano.

Las reformas:

Lo mejor es que, para colocar la Superintendencia de Notariado y Registro en sus verdaderos cauces no es necesario, señor Presidente, que intervenga el legislativo; basta el ejercicio de la potestad reglamentaria de la cual usted está investido, para recobrar los verdaderos cauces de esta importante institución del Estado.

Espero Señor Presidente, acoja favorablemente éstas medidas aquí esbozadas, para lograr hacer realidad sus propuestas de “Campo con Progreso”, que resumen sus postulados y su visión de país con “Legalidad, Equidad y Emprendimiento”.

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