Dosis Mínima I

David Name Orozco

Dosis Mínima I

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Hace unos días se firmó el Decreto No. 1844 de 2018 anunciando una promesa de campaña del Presidente Duque con respecto a la penalización del porte y consumo personal de la dosis mínima de droga en espacios públicos por parte de los ciudadanos en nuestro país. Un decreto que tiene a un sector de la población enfurecida porque supuestamente viola los derechos adquiridos por las sentencias C-221 de 1994 y C-491 del 2012 de la Corte Constitucional que despenalizaron el consumo y el porte de la dosis mínima de sustancias psicoactivas.

Lo que este anhelado decreto ha hecho es acogerse a la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 de UNICEF, ratificada por Colombia mediante la Ley 12 de 1991, que estipula en su artículo 33 que los “Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales, para proteger a los niños contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias sicotrópicas enumeradas en los tratados internacionales pertinentes, y para impedir que se utilice a niños en la producción y el tráfico ilícito de esas sustancias”.

Este decreto no se trata de nada más que proteger a los niños colombianos del flagelo de la drogadicción que tiene esclavizada las esquinas “calientes” de nuestras ciudades y las parcelas “cocaleras o marimberas” de nuestros campos. Para nadie es un secreto que la Colombia recibida por el Presidente Duque, es una Colombia con grandes extensiones de hectáreas colmadas de cultivos ilícitos como la coca y/o Marihuana, que según la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca (Ondcp, por su sigla en inglés), están por encima de las doscientas nueve mil hectáreas.

Uno pensaría que 209 mil hectáreas no son mucho, pero es como si juntáramos toda la extensión territorial de toda Bogotá y toda Medellín. Esta gran extensión de territorio al servicio de los emporios narcos para exportar a otros países es solo una parte del negocio porque también existe una demanda interna por los productos ilícitos que salen de estas tierras. Según datos del DNP, en Colombia existen más de 1,500,000 de consumidores de sustancias psicoactivas; Esto es un mercado que no es nada despreciable para los dueños de la droga, sobre todo porque las transacciones se hacen más rápido y más cerca que enviar paquetes al exterior.

Esta gran extensión de territorio al servicio de los emporios narcos para exportar a otros países es solo una parte del negocio. Clic para tuitear

Para dimensionar este negocio interno tan lucrativo, las cifras de los flujos de caja de 2015 en el narcomenudeo se aproximaron a 0,75% del PIB (Producto Interno Bruto), que correspondió a 6 Billones de pesos. Esos 6 Billones fueron divididos, en 300 mil millones a los cultivadores/procesadores, 2,5 Billones a los distribuidores, y 3,2 Billones a los expendedores o jibaros.

Lo más cínico de reprochar este decreto es que el “target group” para seguir aumentando los ingresos y utilidades de este sucio negocio son los niños y los jóvenes de Colombia. Las cifras de drogadicción en los menores de edad y jóvenes van en aumento. Solamente al ver los estudios que El Observatorio de Drogas de Colombia (ODC) ha realizado y recopilado durante su tiempo de operación, nos indica claramente que los niveles de drogadicción en la población estudiantil (secundaria y universitaria) vienen incrementándose de forma vertiginosa.

Según el “III Estudio epidemiológico andino sobre consumo de drogas en la población universitaria de Colombia” , realizado en Junio 2017 por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Crimen (UNODC), demuestra que más de un tercio de los estudiantes universitarios de Colombia, el 36,3%, declararon haber usado marihuana y el 7% cocaína. Uno diría que estos estudiantes son mayores de edad y pueden hacer lo que quieran basado en “la falacia del libre desarrollo de la personalidad”.

El segmento donde hay más liberales y progresistas de pensamiento son en las universidades. Es increíble como la doble moral entra a jugar en ellos con la dosis mínima. Los jóvenes universitarios son los que más pelean por las causas ambientales, y la promoción de la dosis personal ha afectado el equilibrio ecológico en nuestro campos y selvas con la producción de la base de coca que tiene sustancias químicas, llamadas precursores, tales como éter, ácido sulfúrico, soda cáustica, cemento, gasolina, permanganato de sodio, entre otros, que acaban con cualquier ecosistema que esté expuesto estos ingredientes nocivos.

Si los jóvenes universitarios se preocupan también por el futuro, deberían preocuparse por la generación (Los estudiantes de secundaria) que los seguirá y los ayudará a retirarse conforme al ciclo pensional.

Según el “Estudio Nacional de consumo de sustancias psicoactivas en la población escolar de Colombia” realizado en 2016, nos indica que el 15,9% de los estudiantes de secundaria entre séptimo y onceavo grados, han consumido alguna droga.

Este estudio indicó que un 19,4% de los estudiantes de secundaria del país recibió una oferta para comprar o probar alguna de esas sustancias, es decir 1 de cada 5 estudiantes estaba en peligro de caer en las drogas en el 2016. Estas cifras eran ascendientes hasta el día de hoy; Es bien importante tener mediciones a partir del momento que entró en vigencia el decreto para examinar la tendencia de drogadicción en la comunidad estudiantil de Colombia.

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Esto no solamente debe ser preocupación de los jóvenes universitarios, sino de todos nosotros que sabemos que el futuro del país está en la niñez y en la adolescencia. No faltarán las tutelas para derribar este decreto, pero lo que si no debe faltar es el apoyo de todos nosotros que todavía sabemos que las drogas no son beneficiosas para la nación ni mucho menos para  aquellos que las consumen, sino solo para los egoístas indolentes que la producen, la distribuyen y la venden sin tener conciencia del daño que nos hacen en el presente y en el futuro.

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Acerca de David Name Orozco 9 Articles
Arquitecto de la Universidad Estatal de Ohio con más de 20 años en experticia sobre proyectos de infraestructura y urbanismo. Fundador y presidente del Movimiento Protegiendo La Familia, movimiento que ha sido una pieza fundamental para el activismo de vida y familia en Colombia. Fue candidato a la vicepresidencia de la república como fórmula del señor ex procurador Alejandro Ordoñez Maldonado y es líder político a nivel nacional.