El Fiscal Ad Hoc, ¿Penalista?

Francisco Bernate Ochoa

El Fiscal Ad Hoc, ¿Penalista?

@fbernate 

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Ahora que se ha dado vía libre a la designación de un Fiscal General de la Nación Ad Hoc surge el debate sobre si los candidatos y quien resulte electo debe o no ser un abogado penalista. A fin de resolver esta inquietud, que no es de poca monta, considero que se hace necesario precisar qué significa la expresión penalista. Bajo esta expresión, primero, podríamos encontrar a los teóricos que se dedican al análisis y desarrollo de la ciencia del Derecho Penal, es decir, el estudio sistemático y científico de la legislación penal vigente. Bajo esta perspectiva, los profesores y autores que enseñan y analizan los delitos y las penas, así como quienes han cursado estudios superiores en esta área del saber, tendrían esta denominación.

Pero, segundo, también tendrían esta denominación quienes ejercen profesionalmente el Derecho Penal. Jueces, litigantes, procuradores, investigadores que se dedican total o parcialmente a causas relacionadas con los delitos y las penas tendrían entonces cabida dentro de lo que se denomina abogados penalistas. Por supuesto, existen quienes realizan de manera simultánea ambas actividades, esto es, ejercen la docencia y la investigación, y  a su vez ejercen como abogados. De manera que, la expresión abogado penalista abarca, al científico, al jurista en ejercicio, y a quien realiza ambas actividades de manera simultánea, una sola expresión con tres significados.

Establecido el marco conceptual de lo que debe entenderse por abogado penalista, podemos entonces discutir si se requiere de esta especialidad para poderse desempeñar como Fiscal General de la Nación, en este caso, ad hoc. La respuesta, la da nuestra misma Constitución, cuando establece como requisitos  (Arts. 197.3, 232 y 249.2), para este cargo el ser abogado, colombiano por nacimiento y en ejercicio, con más de diez años de experiencia profesional, y reconocida solvencia. Ninguno otro. Esta disposición tiene toda la lógica, en tanto que sería sumamente complejo elevar a la categoría constitucional una expresión que si bien se usa en el lenguaje común, no resulta fácil de definir, como lo es la de penalista.

El que la Constitución no exija este requisito, sería suficiente para responder de manera negativa la pregunta planteada, pero, puede decirse que en la coyuntura actual exige que quien ostente este cargo sea, o un académico dedicado al estudio de la ciencia penal, o, alguien que a diario esté ejerciendo en asuntos penales. Como argumentos para esta postura, se señala que, en tanto que ha de liderar investigaciones en curso, debe tener un conocimiento y experiencia en la materia que le permitan realizar su labor de la mejor manera posible.

Sin embargo, contrario a estas posturas, considero que lo más conveniente es que quien ocupe esta dignidad no encaje en ninguna de las descripciones ya señaladas para la expresión abogado penalista. Lo sostengo por varias razones, a saber, la primera, es que el denominado proceso Odebrecht, tiene una cantidad de ramificaciones que hace que buena parte de los más avezados juristas de nuestro país hayan tenido contacto con alguna de las investigaciones en cualquier condición, con lo que nos veríamos arrojados al mismo escenario del que hoy tratamos de salir.

La segunda, es que en tanto que no existe una delimitación de este cargo, ni se sabe si puede o no continuar con sus labores diarias en la academia o en el ejercicio, en el evento en que no sea de dedicación exclusiva generaría un desbalance a su favor a la hora de interceder ante jueces y autoridades de nuestro país (¿Quién quisiera enfrentarse en una audiencia al Fiscal General Ad Hoc?).

La tercera, es que demostrado está que quien aspire a este cargo deberá someterse a un fuerte escrutinio de su vida profesional, y en un país en el que se funden cliente y abogado, ello podría dar lugar a una deslegitimación de entrada de la persona. Desde la postulación de los eventuales candidatos, vendrá la cacería para averiguar quiénes han sido sus clientes, qué intereses ha defendido, sin reparar en que este es el oficio de un abogado penalista, única profesión donde se realizan estos cuestionamientos, pues jamás he visto un galeno en entredicho por los pacientes que ha aliviado.

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Pero, como argumento adicional, entiendo que la labor de Fiscal Ad Hoc no se relaciona con el ejercicio directo de la función de investigación y acusación, sino con la coordinación del equipo de trabajo que ya viene laborando sobre este caso, por lo que en nada se requiere que maneje con destreza la dinámica de las audiencias y demás asuntos que brinda la experticia y la experiencia en este tipo de asuntos.

Queda pues, abierta la discusión, y sentada nuestra postura, lo mejor es un Fiscal Ad Hoc que no sea un abogado penalista.

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