La radicalización violenta y la obligación incondicional que tiene el gobierno de proteger a sus ciudadanos

Martin E. Botero

La radicalización violenta y la obligación incondicional que tiene el gobierno de proteger a sus ciudadanos

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La radicalización violenta y la obligación incondicional que tiene el gobierno de proteger a sus ciudadanos Columna de Martin Eduardo Botero Clic para tuitear

Existe una amplia sensación de descontento entre los jóvenes universitarios que tratan de aprovechar el ambiente de tensión en que se desarrolla el proceso de negociación entre el Gobierno y las universidades para propagar el odio, el fanatismo, la vulgaridad y el chovinismo, y que arrojan una imagen muy distorsionada de lo que es la esencia del derecho a la libertad de expresión en una comunidad democrática. A pesar de la generosidad y el fuerte compromiso del Gobierno, algunos elementos extremistas siembran las semillas del odio y se aprovechan de las facilidades que les ofrece el sistema democrático, se organizan, reclutan a nuevos miembros y alientan a los miembros activos para encender el odio y la violencia. No cabe duda de que los extremistas actuales pretenden establecer una nueva forma de dictadura de la violencia. Debemos reflexionar sobre cómo dar una respuesta política para erradicar el odio sin justificar nunca la violencia; proteger nuestra libertad y nuestra seguridad. Justificar a los extremistas es correr el riesgo de tener un resbalón inadmisible en nuestras sociedades democráticas. La clave consiste en mantener lo más reducido posible al grupo que desea ser violento de los que son completamente pacifistas y desean vivir en un espíritu de paz y tolerancia y ayudarles a reintegrarse en la sociedad. La batalla contra los extremistas radicales es la batalla de los buenos contra los malos y, llegado el caso, el derecho de los violentos está por detrás de la sociedad. Hasta qué punto las leyes actuales son o no suficientes para hacer frente a la apología del odio, la hostilidad o la violencia, en particular por lo que respecta a la libertad de expresión que no se puede ejercer sin la plena aplicación de todos los demás derechos humanos. Una cosa es comprender y otra, es conceder legitimidad: hay una diferencia fundamental.  En cualquier caso, resulta negativo que los jóvenes se sientan totalmente aislados de la sociedad y no deseen tener nada que ver con ella. Independientemente de los problemas a que nos enfrentamos, no podemos ignorar el fanatismo y el condicionamiento de los jóvenes, la pobreza que hay y las injusticias evidentes.

La batalla contra los extremistas radicales es la batalla de los buenos contra los malos y, llegado el caso, el derecho de los violentos está por detrás de la sociedad. Clic para tuitear

La radicalización violenta

La “radicalización violenta” es el fenómeno en virtud del cual las personas se adhieren a opiniones, puntos de vista e ideas que pueden conducirles a cometer actos delictivos y atentados con bomba, incluida la incitación a la violencia o al odio, los insultos públicos, y los atentados contra la dignidad de las personas. El “discurso del odio” o cualquier manifestación irracional del fanatismo y la frustración son algunos de los factores que conducen a la radicalización y a sus trágicas consecuencias, pero las causas que llevan a determinadas personas a ser extremistas van muchísimo más allá. La cuestión entonces es, ¿qué podemos hacer entonces? Reprimir y prevenir la radicalización deben ir en paralelo. Resulta esencial combatir este fenómeno a la detección, por un lado, y a la supresión, por otro. No obstante, cabe resaltar que no siempre la radicalización termina en violencia.

El derecho de la sociedad a defenderse

El Gobierno tiene el derecho inherente y legítimo de defenderse y la obligación de proteger a sus ciudadanos de los actos de intolerancia, conducentes al aislamiento y control de individuos y colectivos susceptibles de caer en la exclusión y la radicalización que conduce a la violencia, así como por los actos de violencia e intimidación contra personas que ejercen su derecho de libre opinión y expresión mediante la prevención y el castigo de la violencia criminal. El Estado tiene derecho a disponer de instrumentos de defensa propia, que son instrumentos en defensa de los propios ciudadanos y reconocer el valor de la prevención, incluida la lucha contra la captación de terroristas y todos los factores que favorecen la radicalización violenta. Y lo puede hacer, de forma contundente, en lo policial y en lo judicial, manteniendo, a la vez, el diálogo, la participación y el esfuerzo por integrar plenamente a aquellos que pueden llegar a ser tan fanáticos como para poder atentar contra una sociedad que es la suya. El apaciguamiento sólo estimula el apetito —el apetito insaciable— de los extremistas.

Los jóvenes y el extremismo violento

Si queremos combatir una amenaza, necesitamos saber de dónde procede. Es importante analizar y comprender las razones, motivos y procesos que conducen a la radicalización de diversos grupos de la población en el seno de nuestras sociedades, sobre todo, entre los jóvenes. Los jóvenes en edad de formación, que es la fase en que son más vulnerables y pueden ser presa de ideas radicales y violentas, son las mejores carnadas a la hora de la manipulación política de una ideología y a la radicalización y al reclutamiento por parte de grupos extremistas. La propaganda, la intensificación de la retórica, la desinformación y las “noticias falsas” que llevan a cabo los elementos más radicales y extremistas, crea un entorno cada vez más inestable e inseguro, que podría convertirse en una fuerza para la división, la violencia y la intolerancia y, en última instancia, socavar las democracias y reducir la confianza en los procesos democráticos. El “discurso del odio” del que se aprovechan los elementos inescrupulosos y con mentalidades radicales violentas es una amenaza grave con que se enfrentan la democracia, los derechos humanos y el desarrollo económico y social. Los estados necesitan estar bien equipados con las herramientas necesarias para combatir el “discurso del odio” y la radicalización violenta y que se hagan todos los esfuerzos posibles para localizar los grupos aislados y los jóvenes extremistas.

La calidad de la educación

Las universidades reflejan los desafíos que enfrenta la sociedad en su conjunto. Estos centros de educación superior deben ser lugares donde los estudiantes se sientan seguros para participar en debates con personas que tienen opiniones diferentes. Los jóvenes universitarios necesitan tener el conocimiento adecuado, la comprensión crítica y la conciencia del papel no despreciable que pueden desempeñar en la sociedad para enfrentar los desafíos políticos, culturales y sociales actuales; en particular, los planteados por la naturaleza cada vez más diversa de las sociedades, los temas delicados y controvertidos y el desarrollo del pensamiento crítico en la era digital. Una educación de calidad debería permitirles desarrollar las habilidades analíticas para responder a los desafíos locales y globales (valores y actitudes), de resolución de problemas, incluso conflictivos, y otras habilidades cognitivas, interpersonales y sociales de alto nivel. Las universidades se ven cada vez más como lugares donde se desarrollan, prueban y adaptan soluciones para la sociedad en su conjunto. Los jóvenes no nacen con estas competencias; necesitan ser aprendidos. Muchas Gracias

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