Otra vez, la reforma a la justicia

Francisco Bernate Ochoa

Otra vez, la reforma a la justicia

@fbernate 

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En medio de la habituales vicisitudes y dificultades, avanza en el Congreso de la Republica un nuevo intento por reformar la justicia, con más o menos las mismas fórmulas que se han intentado en las anteriores oportunidades, ninguna de las cuales ha salido avante, y que en últimas, desde ya se sabe que no resolverán nada.

Lo primero es suprimir las funciones electorales que tienen las altas Cortes, a las que se responsabiliza por la supuesta politización de la justicia. En últimas, se tiene la creencia absurda, de que si un proceso judicial se toma hasta 10 años, o no hay tecnología en los juzgados de país es porque las Cortes eligen al Fiscal General de la Nación, y pueden tornar a otros altos funcionarios del Estado. Sobre ello, si bien es cierto que las funciones electorales de dignatarios externos a las propias cortes no se corresponde con las funciones que este organismo cumple dentro de nuestro Estado, es necesario decir que ello, primero, nada tiene que ver con la real crisis de nuestra justicia, y, segundo, queda la duda, de en cabeza de quién habrá entonces de quedar, por ejemplo, la elección del Fiscal General de la Nación, funcionario adscrito a la Rama Judicial que en muchas ocasiones funge como un ministro más. Por supuesto, que si esta reforma se tomara en serio, la Fiscalía General de la Nación debería pasar a la Rama Ejecutiva, como debe ser, pero es un debate que se ha postergado, cuando menos, desde 1991.

Lo primero es suprimir las funciones electorales que tienen las altas Cortes, a las que se responsabiliza por la supuesta politización de la justicia. Clic para tuitear

Sin que se entienda la forma en que ello resuelve a superar las crisis de cobertura, eficacia, eficiencia, se pretende modificar la constitución nacional para señalar que el precedente, es decir, las decisiones que toman jueces, tribunales y cortes, es obligatorio para los restantes jueces. Esta propuesta, primero, no resuelve nada, segundo, ya existe entre nosotros, a medidas, pero existe, cuando menos desde la sentencia C-836 de 2001 proferida por la Corte Constitucional, sin que a la fecha haya resuelto alguno de los problemas de nuestra administración de justicia.

Aumentar la edad de los Magistrados y exigirles hacer una estancia en la Rama Judicial es tan ingenuo como absurdo, pues se parte de la base, absolutamente carente de sustento, de que sólo quienes provienen de la Rama Judicial pueden administrar justicia, que el debate ha de prescindir de todas las visiones, y que son las canas las que dan las capacidades. Absurdo.

Por último, la supresión del Consejo Superior de la Judicatura, asunto que vuelve una y otra vez, al considerarse que esta entidad es la responsable de todos los problemas de la Rama Judicial, y que la solución es tan sencilla como crear otra entidad,que, con otro nombre, va a hacer lo mismo. La realidad, es que en sus años de existencia el Consejo de la Judicatura ha llegado a conocer la administración de justicia en Colombia, y cierto es que se ha avanzado en términos de calidad y cobertura. Los cuestionamientos que han existido sobre algunos magistrados no pueden llevar a la ligereza de estigmatizar por completo a una entidad que no la tiene nada fácil, pues su trabajo no es otro que el de administrar pobreza, y mendigar por recursos para la Rama Judicial.

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Ninguna de las propuestas de esta nueva versión de la reforma a la justicia es acertada, ni viable, ni mucho menos resuelve la problemática del poder judicial en Colombia. Esperamos que sea la oportunidad para tomarnos en serio el debate, y llevar a cabo las reformas que se necesitan, pero que esta vez si sea en serio.

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