Una paz sostenible

José Miguel Amin Escaf

Una paz sostenible

@jamine89 

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El pasado 2 de octubre cumplió dos años el Plebiscito para la refrendación del acuerdo de paz, en el que el triunfo del NO fue desdeñado por el gobierno. Este desconocimiento a la voluntad del constituyente primario, que por convicción se movilizó en masa a ejercer su derecho al voto, es un fiel reflejo de lo que ha sido este proceso de negociación, impuesto y sin los resultados esperados en materia social, jurídica y económica. 24 meses después, se han identificado sendos impasses en la implementación de lo acordado, agravados a causa del poco control y falta de garantías de la administración. Lo más importante, sin embargo, es la postura del actual poder ejecutivo, quien, tomando nota de errores del pasado, ratifico su intención de continuar conversaciones con otros grupos delincuenciales, pero siendo el estado quien imponga las condiciones mínimas de concertación.

Hace unos 10 días, en su gira de eventos en el exterior, el presidente Duque insistió en la necesidad de modificar los acuerdos de paz y replantear la línea de base heredada de los diálogos con Las Farc. El principal error de dicho pacto fue la mala interpretación y alto grado de permisividad al decretar un cese al fuego bilateral. En la teoría, esto se refiere a la detención de hostilidades entre dos bandos que se encuentran en una guerra. En la práctica, lo que cesó fue el combate de las fuerzas armadas contra el narcotráfico y la minería ilegal. Hoy, según fuentes como la revista Semana o el New York Times, son aproximadamente 29 las estructuras criminales disidentes, albergando 2800 combatientes en una lucha incesante por el control de las 209.000 hectáreas de cultivos ilícitos. De concretarse, sería una nueva guerrilla, altamente esparcida, con suficientes recursos y gran poder militar que dejaría muy cuesta arriba una verdadera garantía de NO repetición.

El principal error de dicho pacto fue la mala interpretación y alto grado de permisividad al decretar un cese al fuego bilateral. Clic para tuitear

No menos importante es la parte jurídica, que convierte delitos como el narcotráfico, secuestro o abuso sexual en delitos políticos. Estos crímenes serán juzgados a través de un mecanismo transicional, llamado Justicia Especial para la Paz. Mucho se ha hablado estos últimos años sobre la elección inconstitucional de magistrados para las salas encargadas de la JEP o en su defecto, del latente riesgo de un comité elector sesgado y parcial. Sin lo anterior poder ser afirmado, pues esta escogencia cuenta con exequibilidad de la corte constitucional, deja mucho que desear la complicidad y lentitud de este organismo en casos puntuales. Es absolutamente impermisible que este, o cualquier organismo gubernamental, ejerza como paladín del crimen.

Más allá de lo heredado del anterior gobierno, extremadamente contumaz, lo importante es la postura de cambio del presidente Duque. Su equipo ya radicó en el Congreso una reforma constitucional que suprimirá el narcotráfico y secuestro como delitos conexos al delito político, y, de llegar a prosperar, los convertiría en no amnistiables. Así mismo, quien deseé retomar o en su defecto iniciar un dialogo con el establecimiento, deberá mostrar voluntad sincera de paz al cesar todo tipo de acciones criminales, entregar los secuestrados y saber que será el estado, quien imponga las condiciones.

Más allá de lo heredado del anterior gobierno, extremadamente contumaz, lo importante es la postura de cambio del presidente Duque. Clic para tuitear

Nota: El acuerdo es ilegitimo

La Ley Estatutaria 1806 del 24 de agosto de 2016, declarada exequible por la corte constitucional mediante la sentencia C-379/16, fue el mecanismo por medio del cual se reguló el plebiscito para la refrendación del acuerdo final de paz. El artículo tercero, que hace referencia al carácter y consecuencias de la decisión, dijo que lo aprobado a través del proceso plebiscitario, tendría un carácter vinculante para efectos del desarrollo constitucional y legal del acuerdo.

La estrategia del gobierno fue obviar el carácter vinculante que por ley obligaba al ejecutivo y tramitarlo vía congreso. Aunque se hable de una renegociación, esta no modificó los puntos más álgidos. Así, la administración antepuso su voluntad a la del constituyente primario, refrendando el acuerdo a través del constituyente derivado en contra de las mayorías.

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