APARECIERON LOS DESAPARECIDOS, del Palacio de Justicia.

Coronel Luis Alfonso Plazas Vega

Coronel Alfonso Plazas Vega
Traemos a este escrito la declaración de la Fiscalía General de la Nación, la cual mediante pruebas de ADN establece que los supuestos “desaparecidos” NUNCA estuvieron desaparecidos. Clic para tuitear

En mayo de 2011, cuando el comunismo colombiano eufemísticamente llamado “la izquierda”, a través de la mayoría de medios de comunicación que manipula a sus anchas, tenía convencido al pueblo de una mentira monumental, como era que el Ejército de Colombia durante los hechos del Palacio de Justicia en 1985, había desaparecido forzadamente a unas inocentes personas, el suscrito, acusado de semejante calumnia e infamia, publicó el libro “Desaparecidos, el negocio del dolor”. El título lo dice todo.

En ese documento que sigue en venta en la Librería Nacional, publicado por Cangrejo Editores, hicimos una relación personal de cada una de las personas que la Fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema me había endilgado como víctimas mías de ese atroz delito, y por las cuales me había privado de la libertad sin una sola prueba, y me había acusado para iniciarme juicio, sin pruebas ni indicios. En cada caso de supuesta desaparición, la funcionaria se refería a que “la prueba establece” tal o cual cosa que salía de su imaginación, pero no decía cuál era la dicha prueba. Por una razón muy sencilla: no había pruebas y no podía haberlas, porque eran mentiras.

Sobre tales inexistentes pruebas, la Juez Tercera Penal especializada me había condenado a treinta años de prisión en el mes de junio de 2010. Así actúan muchísimos funcionarios judiciales de nuestro sufrido país.

El equipo de abogados acusadores, está organizado en un “colectivo” que ha logrado la condena de la nación colombiana en repetidas ocasiones por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; válgame Dios…de Derechos Humanos que ellos violan mediante condenas con pruebas falsas. Esa organización está compuesta en buena parte por ex miembros del M-19, hoy grupo político oculto bajo el nombre de “Partido Verde”. Uno de sus integrantes es el abogado acusador contra Santiago Uribe, el hermano del Presidente Álvaro Uribe Vélez.

En la segunda instancia del proceso en mi contra por “Desaparición Forzada”, el abogado ponente, Magistrado Hermens Darío Lara Acuña, el único de los tres de la Sala que abordó el caso, que se leyó los cerca de 60.000 folios del proceso, pidió el apoyo de unos abogados auxiliares y el retiro de todo el resto de procesos que atendía su despacho, para dedicarse al caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia. Petición que le fue concedida por tratarse de un tema de interés y trascendencia nacional e histórica.

Finalizado su cuidadoso estudio, este Magistrado pidió la absolución del coronel Plazas Vega. Pero, los otros dos integrantes de la Sala, no lo acompañaron en su ponencia, cosa que casi nunca ocurre. En el interés de ellos, al coronel había que condenarlo. Uno de esos magistrados era el primo de un narcotraficante de Santa Marta, que había sido condenado cuando Plazas Vega era Director de Estupefacientes; y el otro había sido candidato a la Cámara de Representantes por el Departamento de Huila en una coalición con el Polo Democrático. Curiosas coincidencias.

Pues esos dos personajes confirmaron la sentencia a 30 años de prisión, contra el inocente acusado. Pero esta vez la condena fue tan solo por “dos supuestas desapariciones forzadas”, en lugar de las once iniciales.  La labor investigativa del Magistrado Lara Acuña fue tan cuidadosa y eficiente, que estableció que en cada caso ni siquiera se había comprobado que los supuestos desaparecidos hubieran salido con vida del Palacio de Justicia. Las imágenes publicadas por la prensa y la televisión correspondían a personas diferentes que aún estaban vivas, varias de las cuales se reconocieron en los videos y desbarataron la patraña de la Fiscal que armó semejante falsedad.

Por eso, a la Sala del Tribunal Superior de Bogotá no le quedó otra alternativa que retirarle a coronel Plazas la responsabilidad sobre nueve de las once personas. Es decir que la Fiscal Buitrago y la Juez Jara me habían privado de la libertad sin pruebas acusándome de la desaparición forzada de nueve personas, que en ese momento y por unanimidad los tres magistrados del Tribunal en la segunda instancia me retiraban los cargos. Nueve personas que me fueron retiradas luego de cinco años de prisión que llevaba en ese momento. Esa sola parcial decisión dejaba en claro por lo menos la ineptitud de las funcionarias. No es una falla de las instituciones sino de esas personas.

Traemos a este escrito la declaración de la Fiscalía General de la Nación, la cual mediante pruebas de ADN establece que los supuestos “desaparecidos” NUNCA estuvieron desaparecidos. Y es importante que la nación colombiana recuerde cómo fue la condena atroz contra una persona inocente, nada menos que a treinta años de prisión.

Condena que fue destruida con argumentos poderosos por la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, al estudiar las juiciosas demandas de Casación del Defensor Jaime Granados Peña y la Procuradora ante la Corte Elda Patricia Correa Garcés, y que ahora con pruebas de ADN se confirman.  La injusticia cometida por dos funcionarias judiciales fue evidente, sin embargo, una de ellas recibió una Preclusión a sus delitos de Prevaricato, Fraude Procesal y Falsedad Ideológica en documento Público, por una Sala de decisión donde estaba un Magistrado amigo que así lo manifestó en el proceso, y la otra funcionaria fue premiada con un viaje a Alemania y luego con su ascenso a Magistrada del Tribunal Superior de Bogotá.

Y algo muy grave, a partir del momento en que se determinó que no fueron los militares los autores de desaparición forzada, sino que murieron víctimas del atroz asalto del M-19, esos mismos medios de comunicación se mantienen en silencio. Como si el crimen fuera inaceptable y digno de todos los comentarios adversos cuando se creía que había sido cometido por los militares, pero pierde su gravedad su inhumanidad y su atrocidad, cuando es cometido por el grupo terrorista. Esta doble moral de esos medios de comunicación está minando la existencia de Colombia como nación respetable.

 

 

 

LOS DESAPARECIDOS QUE HAN APARECIDO

 

Luz Mary Portela León

 

Natural de Cunday (Tolima), nació el 29 de diciembre de 1958, es decir que contaba con 26 años al momento de su muerte. Había estudiado hasta quinto de bachillerato, soltera.  Bajita de estatura y de tez muy blanca. Ayudaba en los quehaceres de su casa y a cuidar a sus hermanos menores.

Por cosas de la vida, su madre Rosalbina, que era quien trabajaba en la cafetería del Palacio de Justicia, se enfermó y le pidió a Luz Mary que la reemplazara. Su cuerpo fue encontrado en el 2015. Nunca estuvo desaparecida.

Luz Mary Portela León

Nótese en el documento de la Fiscalía que se presenta a continuación: Acta de Levantamiento de cadáver 1174 del 8 de noviembre de 1985, y Necropsia 3804-85 de la misma fecha. O sea que nunca estuvo desaparecida. Fue una víctima del M-19 en los sangrientos hechos del asalto al Palacio de Justicia.

 

 

 

Cristina del Pilar Guarín Cortés

 

Nació en Bogotá el 09 de septiembre de 1958. Estudió en los colegios Instituto Pedagógico Nacional y externado nacional Camilo Torres, donde se graduó de bachiller en 1979.  Cristina se graduó como Licenciada en Ciencias Sociales en la U. Pedagógica de Bogotá en 1985. Sobre ella dice su hermano René Guarín en un escrito publicado en la Revista de la Corte Suprema No 20 del mes de noviembre de 2005:

 “…consulta y lee textos … y algunos escritos del sacerdote nicaragüense, practicante de la teología de la liberación, Ernesto Cardenal…” (Anexo 28 del proceso 9755-4 de la Fiscalía)

 

Este es un caso muy particular. Si bien los funcionarios de la cafetería del Palacio de Justicia, eran personas trabajadoras que luchaban por su sueldo con el fin de sacar sus familias adelante, y en el caso de Lucy Amparo Oviedo y Gloria Anzola, eran visitantes que se hallaban en la cafetería; al abordar el tema de Cristina Guarín, encontramos algo muy diferente. Sin lugar a dudas hacía parte del entramado del asalto al Palacio de Justicia.

Y al igual que su hermano René Guarín Cortés quien fue fundamental en la desviación de la investigación, identificando falsamente personas que salían vivas del Palacio de Justicia, para engañar a los medios de comunicación e inculpar de sus muertes a la Fuerza Pública, Cristina del Pilar era miembro importante del M-19 para esta actuación criminal. Ellos con su padre y su hermano eran miembros del grupo criminal y por tal razón, estaban siendo investigados por Rebelión, por el Juez 14 Superior de Bogotá, desde antes de los hechos del Palacio de Justicia.   Nunca estuvo desaparecida. Veamos lo que dice la Fiscalía, luego del hallazgo de su cadáver.

 

El cuerpo de Cristina Guarín tenía un revolver con todo el tambor disparado. Así lo dice el Acta de Levantamiento del cadáver.

 

Lucy Amparo Oviedo Bonilla

 

Hija de Rafael Maya Oviedo y Ana María Bonilla, era la menor de seis hijos. Natural de Chaparral (Tolima), nació el 15 de febrero de 1962. Contaba 23 años cuando el M-19 asaltó la cafetería del Palacio de Justicia y la llevó obligada al cuarto piso de la edificación, donde falleció por acción del incendio desatado por los asaltantes

 

Estudiaba Ingeniería Civil en la U. la Gran Colombia, y estaba casada con Jairo Arias Méndez, empleado del Banco Cafetero sucursal de Las Nieves con quien tenían dos niños: Jairo Alberto y Rafael Armando.  El Instituto de crédito territorial les había adjudicado un apartamento en Ciudad Kennedy, al occidente de Bogotá. También trabajaba en una panadería de sus padres. Ese día se encontraba en el Palacio de Justicia, porque tenía una entrevista para empleo con el magistrado Raúl Trujillo, recomendada por su paisano el abogado Alfonso Gómez Méndez.

Entre el 9 y el 30 de noviembre de 1985, varios cuerpos que no fueron reclamados por sus familiares, fueron llevados a una Fosa Común en el Cementerio del Sur de Bogotá.

En 1998 se realizó, por orden del Juez Segundo especializadode Bogotá, la exhumación de los restos de esa fosa común. Más de treinta cadáveres entre los cuales se sabía que estaban los llamados “desaparecidos”, fueron exhumnados en esa ocasión.

Nótese que no estaban desaparecidos, pues sus cadáveres ahí estaban. Sencillamente y como lo dice el Tribunal Especial de Instrucción Criminal que investigó los hechos desde el principio, se trataba de cadáveres sin identificar. Pero los asaltantes del M-19 y su colectivo de abogados, aprovecharon el error de la prensa de llamarlos desaparecidos, para endilgarle la culpa de esas supuestas desapariciones a la Fuerza Pública. En esa forma los abogados buscaban generar unas copiosas indemnizaciones que debería pagar el Estado (de los impuestos de los colombianos) a las familias, con un importante porcentaje de honorarios a los miembros del colectivo por su “desinteresada y humanitaria tarea”.

El hecho de que los cadáveres estuvieron juntos en una fosa común, sin ataudes, en bolsas negras de plástico que se fueron deteriorando con los años, ocasioné que al exhumar los cadáveres, se revolvieron piezas de los cuerpos de unos difuntos con otros. El cuerpo de Lucy Amparo Oviedo Bonilla, estaba allí. Nunca estuvo desaparecida. Nunca salió con vida del Palacio de Justicia. La persona a quien convenientemente señalaban como Lucy Amparo, para poder acusar al coronel Plazas Vega, era sin dudas, Nubia Stella Hurtado Torres. Así lo dice la Fiscalía:

 

Este hallazgo, deja al desnudo la inexistente investigación de la Fiscal Ángela María Buitrago.  ¿Cómo así que la Fiscal priva de la libertad, profiere Resolución de Acusación, y pide condena contra el coronel Plazas Vega en el Juicio, por la comprobada Desaparición Forzada de Lucy Amparo Oviedo Bonilla, cuando en realidad el cadáver estaba en la morgue de la Fiscalía? ¿La propia Institución a la que ella pertenecía? Esto es un atropello contra la moral de una investigadora, y contra la seriedad del ente investigador. ¿Por qué no averiguó en su propia institución? ¿Estaba la Fiscal investigando, o cumpliendo alguna consigna?

Pero también deja al descubierto la oscura tarea de la Juez, hoy magistrada, María Estela Jara. Denunciada por Prevaricado y Falsedad, y precluida en su investigación, gracias a la defensa de un abogado que hoy es magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Condenó a un hombre inocente con pruebas falsas.

 

Bernardo Beltrán Hernández

Nacido en Fontibón el 10 de Julio de 1961, contaba 24 años cuando el M-19 asaltó el Palacio de Justicia, lo secuestro en la cafetería y lo llevó al cuarto piso donde falleció.

Estudió hasta quinto año de bachillerato en el colegio Santana y luego en el SENA, donde se preparó en “alimentos y bebidas”.  Trabajó en el Hotel Hilton, durante un año y luego en un restaurante, más tarde en el Claustro de San Agustín y finalmente en la cafetería del Palacio de Justicia donde se desempeñaba como mesero. Vivía con sus padres.

Fue una víctima del atroz atentado del M-19 contra las Altas Cortes el 6 de noviembre de 1985. Su familia fue víctima del engaño por parte del Colectivo Alvear Restrepo integrado por varios miembros del M-19, para endilgarle al Estado Colombiano los muertos ocasionados por sus correligionarios del grupo subversivo y criminal.

El siguiente es el informe de la Fiscalía General de la Nación:

El Acta de Levantamiento y el Protocolo de Necropsia corresponden al 8 de noviembre de 1985. Nunca estuvo desaparecido.

 

 

Héctor Jaime Beltrán Fuentes

 

Nacido en Sahagún (Córdoba) el 18 de septiembre de 1957, contaba 28 años y aspiraba a validar el bachillerato.

Al momento de su muerte a manos del M-19 en el Palacio de Justicia, se desempeñaba como mesero de la cafetería del Palacio. Estaba casado y tenía cuatro niñas.

Dice así el oficio de la Fiscalía General de la Nación, FDCSJ-10100 del 2 de noviembre de 2018:

Nótese que el acta de levantamiento del cadáver y la necropsia corresponden al 8 de noviembre de 1985. Es decir que nunca salió vivo del Palacio de Justicia, como lo afirmó bajo la gravedad del juramento y en pleno proceso penal el ex miembro del M-19 señor René Guarín Cortés, en diligencia de reconocimiento de videos.

Gloria Anzola Mora

 

Nació el 12 de febrero de 1952, contaba 33 años cuando el M-19 asalto a sangre y fuego el Palacio de Justicia. Tenía tres hermanos. Vivía con el ingeniero civil Francisco José Lanao Ayarza desde 1982 en el barrio Cedro Golf, y tenían un hijo: Francisco José.

Gloria tenía una oficina cerca del Palacio de Justicia y dictaba clases en la U. Externado y en la Santo Tomás y acostumbraba guardar su carro en los parqueaderos del sótano del Palacio de Justicia, autorizada por su tía, la Magistrada Aidee Anzola Linares.

Los restos de Gloria Anzola Mora fueron encontrados por la Fiscalía General de la Nación el 17 de septiembre de 2019. El diario El Heral de Barranquilla lo informa así.

Identifican restos de la sexta desaparecida del Palacio de Justicia: Gloria Anzola

La Fiscalía citó el próximo jueves a sus familiares para informarles oficialmente del hallazgo del cadáver.

El Heraldo

Septiembre 17 de 2019

La Fiscalía informó a la familia de Gloria Anzola de Lanao…que el Instituto de Medicina Legal identificó sus restos.

Los familiares de la víctima fueron citados por el ente de investigación penal el próximo jueves para ser notificados oficialmente del hallazgo de sus restos, que fueron encontrados en la tumba de la magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, María Janeth Rozo, ubicada en el Cementerio Jardines del Recuerdo, de Bogotá.

Su desaparición se fundamentó en rumores. Nunca sus familiares reconocieron en videos una sola figura que se pareciera a la Doctora Gloria Anzola. El único indicio de la presencia de ella en el Palacio de Justicia era su vehículo.

El señor Oscar Enrique Anzola Mora, hermano de Gloría Anzola de Lanao declaró ante la Fiscalía, y en su exposición manifestó:

“…Los días siguientes hubo tal vez un par de llamadas telefónicas, pero personas incógnitas para mí, que no me permitían identificarlas y de manera anónima me señalaban que Gloria estaba detenida en el cantón norte, pero jamás hubo evidencias que me permitan sobre el particular establecer una afirmación…”

Al señor Oscar enrique Anzola también se le proyectaron los cuatro videos que le fueron expuestos al señor Lanao, y tampoco identificó en ellos a su hermana saliendo viva del Palacio de Justicia.

Aun así, la llamada “fiscal de hierro” Ángela María Buitrago, decidió según su imaginación que a Gloria Anzola la desapareció el Coronel Plazas Vega, sin una sola prueba, sin un solo indicio. Y la Juez Jara en las mismas condiciones lo condenó a 30 años de prisión. Todo eso se vino abajo con la Sentencia Absolutoria de la Corte Suprema de Justicia.

 

 

Norma Constanza Esguerra

 

Norma Constanza Esguerra nació el 18 de noviembre de 1957. Hija de Elvira Forero. Estudió Derecho Internacional y Diplomacia en la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Trabajó como asesora de los abogados Víctor Rey y Diego Muriel Tobón por más de dos años.

 

Sus padres la enviaron a vivir con unos familiares en los Estados Unidos y a estudiar inglés. Con ellos vivió en Orlando (Florida) durante tres años. Posteriormente decidió dedicarse a la pastelería, para lo cual tomó un curso de tres meses con un pastelero francés llamado Michell.

Cuando la sorprendió el asalto terrorista del M-19, el seis de noviembre de 1985 poco antes del mediodía acababa de hacer la entrega de los pasteles para el almuerzo en la cafetería del Palacio de Justicia, dando cumplimiento a un contrato con ese establecimiento. Una familiar discapacitada la esperaba en su carro aparcado sobre la carrera séptima cerca de la Catedral.

El día del asalto criminal del M-19 se encontraba haciendo una entrega de su producto a la cafetería del Palacio de Justicia. Desde allí fue llevada por el M-19, con el resto de personas que se hallaban en la cafetería, al cuarto piso, donde falleció como consecuencia del incendio provocado por los asaltantes para incinerar los procesos por narcotráfico.

Su cuerpo fue hallado el día 7 de noviembre y en la necropsia el Prosector Dr. Dimas Contreras Villa escribe que tiene “Útero no preñado carbonizado”. Pero una amiga del magistrado Pedro Elías Serrano Abadía, Ciria Mercy Méndez, decidió identificar como suyo el cadáver de Norma Constanza. Ante la posición profesional del médico legista Dr. Contreras que no quiso aceptar que ese fuera el cadáver del Magistrado, la amiga de Serrano Abadía se valió de su amistad con la Viceministra de Justicia Nelsy Lozano Eljure, quién por favorecer a su amiga ayudó a la confusión de la investigación, y ordenó con su firma la entrega del cadáver a nombre de Pedro Elías Serrano.

La orden se cumplió, pero la constancia quedó. Vemos este facsímil del documento. Nótese donde dice: NN Femenino (Pedro Elías Serrano Abadía)

Lo cierto es que enterraron en la tumba del magistrado Pedro Elías Serrano Abadía el cadáver de una mujer, con el útero no preñado, carbonizado.  Ese cadáver corresponde a Norma Constanza Esguerra, a quien la Fiscal Ángela María Buitrago hizo figurar como desaparecida forzosamente por el ejército nacional.

No valieron las súplicas de la madre de la víctima, quien nunca creyó en la mentira de que su hija hubiera salido con vida del Palacio y muerta por los militares. Siempre pidió el cadáver enterrado en la tumba de Serrano Abadía. La Injusticia colombiana, no le dio el gusto de morir habiendo recuperado el cadáver de su hija.

El coronel Plazas Vega denunció penalmente a la Fiscal Buitrago por Fraude Procesal y Prevaricato, al inventarse la trama de que Norma Constanza Esguerra estaba desaparecida.

En el año 2016, gracias a la insistencia de los abogados del Coronel Plazas Vega, la Fiscalía realizó la exhumación de los restos del magistrado Pedro Elías Serrano en Cali, y encontró el cadáver de una mujer. Pero no valen las solicitudes ni los derechos de petición. La Fiscalía se niega a reconocer la realidad de los hechos.

 

 

EL DETERMINADOR DE LOS ERRORES EN LA IDENTIFICACIÓN

Esa es la situación en la cual se encuentra el llamado “vocero de las víctimas”, exguerrillero del M-19, René Guarín quien sigue insistiendo en su interés de proteger al movimiento terrorista y endilgarle las responsabilidades al Estado colombiano.

Guarín reconocido asaltante y secuestrador del M-19, capturado en un combate con la Policía Nacional en el cual le decomisaron una carabina de esa institución. Arma que había sido robada a un agente asesinado por el M-19, en el asalto de ese grupo terrorista al municipio de Nemocón, que dejó un saldo de cuatro miembros de la Fuerza Pública asesinados, asalto a la Caja Agraria etc.

En reconocimiento de videos dirigido por la “Fiscal de Hierro” Ángela María Buitrago, durante el proceso por los supuestos “desaparecidos”, René Guarín reconoció a las siguientes personas saliendo con vida del Palacio de Justicia:

Cristina Guarín Cortés

Bernardo Beltrán Hernández

Héctor Beltrán Fuentes

Estas personas nunca salieron con vida del Palacio de Justicia, como ya lo explicó la propia Fiscalía. Fallecieron en los hechos luctuosos de ese episodio generado por el M-19. El Falso testimonio y Fraude Procesal, son flagrantes.

Familiares de los supuestos desaparecidos. O son conscientes del engaño, o fueron involucrados por el guerrillero del M-19 René Guarín, quien aparece en la foto penúltimo a la derecha

Hay un grave delito cometido por el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, al utilizar falsos testigos, y convertir una serie de mentiras en argumentos para perseguir a un ciudadano colombiano y privarlo de la libertad por ocho años y medio, siendo inocente.

Queda probado con estudios de ADN registrados por la propia Fiscalía General de la Nación, que mintió la Fiscal Ángela María Buitrago cuando consideró que había prueba de la desaparición forzada, de personas que nunca lo estuvieron. Y semejante falsedad la registró en el Auto de Detención (Resolución de situación jurídica de Luis Alfonso Plazas Vega) violando sus Derechos Humanos en relación con su derecho a la libertad, y de nuevo mintió dicha Fiscal cuando acusó al Coronel Plazas Vega de la Desaparición Forzada de esas personas en su Resolución de Acusación del 6 de febrero de 2008, violando de nuevo sus DDHH., y de nuevo mintió cuando en su alegato de conclusión en el año 2009 pidió la condena del sindicado, rematando con esta actuación su sistemática violación a los Derechos Humanos de su libertad, su derecho al trabajo y su derecho a la honra de Luis Alfonso Plazas Vega.

La Fiscal Cuarta Delegada en el folio 295 del cuaderno 30 de la investigación afirma:

“De igual manera, GLORIA ANZOLA de LANAO, LUZ MARY PORTELA LEÓN, NORMA CONSTANZA ESGUERRA, HECTOR JAIME BELTRAN FUENTES y LUCY AMPARO OVIEDO se encontraban en Palacio de Justicia, y está más que acreditado en el capítulo correspondiente. Si bien es cierto, no hay reconocimientos de su salida del Palacio, lo que si podemos acreditar es que, por ahora, tampoco existe la posibilidad de que se encuentren en los cuerpos de la fosa común dadas las consideraciones y valoraciones expuestas. Desde esta óptica no hay ninguna discusión sobre que las personas se encuentran desaparecidas al día de hoy y no se ha dado información de su paradero”. (Negrillas fuera de texto)

Pues con esa falsedad la Fiscal Buitrago tuvo ocho años y medio privado de la libertad al suscrito. Hoy la totalidad de los cadáveres de las personas señaladas en esa afirmación, han sido identificadas. Nunca estuvieron desaparecidas como lo afirmó temerariamente la señora Buitrago, sino que había errores en su identificación, como desde el comienzo lo estableció el Tribunal Especial de Instrucción Criminal, al cual ella desconoció.

Con pruebas de ADN se comprobó que murieron en los hechos del Palacio de Justicia, como consecuencia del incendio provocado por el M-19. Eran personas que nada tenían que ver con ese grupo terrorista, pero fueron llevadas por ellos al cuarto piso de la edificación.

También está claro que la Juez Tercera Especializada María Estela Jara incurrió en la misma violación de los DDHH del coronel Plazas Vega al condenarlo por la “Desaparición Forzada” de las personas señaladas en este escrito. Personas a las que el acusado ni siquiera conocía, y de cuya existencia solo se vino a enterar cuando lo privaron de la libertad. ¿Cuál fue la prueba consistente y confirmada de la Juez Jara, para condenar al oficial por la desaparición forzada de personas que nunca salieron con vida del Palacio de Justicia?

Y lo anterior con el agravante de que todos los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales, dándole crédito a autoridades tan importantes como la Fiscalía y la Juez Especializada, hicieron un impresionante escándalo tratando al oficial en los peores términos como un asesino, un criminal y un genocida.

LA UNICA DESAPARECIDA

 

Irma Franco Pineda

 

Había nacido en Bogotá en 1957, es decir que contaba 28 años el día del asalto del M-19. Tenía siete hermanos uno de ellos Jorge, muy conocido por haber ocupado destacadas posiciones públicas en Colombia.

Irma Franco fue persona importante en la actuación criminal del asalto a la sede de las Altas Cortes. Lo que es muy probable es que Irma Franco Pineda guerrillera del M-19, si salió con vida del Palacio de Justicia, y presumiblemente fue víctima de Desaparición Forzada.

Me enteré de esta situación cuando, ya injustamente privado de la libertad, me dí a la tarea de averiguar quiénes eran las personas que la Fiscal cuarta me endilgaba. Estudié cuidadosamente el proceso, y encontré allí, declaraciones que establecen que esta guerrillera si llegó al Museo Casa del Florero, fue llevada al segundo piso e interrogada en ese lugar por elementos de inteligencia, y después de terminada la acción militar fue transportada en un campero a diferentes instalaciones de inteligencia, y no se sabe su paradero.

No pueden los funcionarios de inteligencia militar equivocarse en su actuación. Capturado un terrorista, hay que entregarlo a la justicia, sin ponerse a considerar si esta va a actuar bien o mal. Esa consideración no hace parte de sus funciones.

Es bien diciente que desde que fui absuelto por la Corte Suprema de Justicia, se acabó el escándalo por la Desaparición Forzada de Irma Franco. Pareciera que el interés no era averiguar la suerte que corrió esta persona desaparecida, sino encarcelar al coronel Plazas Vega. Ya absuelto quien había sido su objetivo, lo demás no importa.

Hace cinco años fui absuelto de todo cargo por la Corte Suprema de Justicia. Los cargos que prosperaron contra la injusta sentencia que me condenaba, fueron dieciocho, es decir por lo menos ese número de argumentos que utilizaron en mi contra fueron falsos. Había sido un impresionante montaje, cuidadosamente armado y a unos costos posiblemente muy grandes, que fue desbaratado por mi Defensa y por la Procuraduría del Dr. Alejandro Ordoñez.

Seguro de mi inocencia, siempre creí que Dios se haría presente en el proceso, y así fue. Ese es mi Testimonio de Fe.

Nota: El Libro “Manteniendo la Democracia, maestro” editado por Cangrejo Editores y de venta en la Librería Nacional, contiene toda la información necesaria sobre los hechos del Palacio de Justicia, debidamente soportada en documentos oficiales y pruebas válidas.

Luis Alfonso Plazas Vega
Acerca de Luis Alfonso Plazas Vega 20 Articles
Sin duda el más caracterizado y eficiente director de estupefacientes de Colombia. Enfrentó a las mafias del narcotráfico siendo funcionario durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, entre agosto de 2002 y noviembre de 2004. Oficial del Ejército Colombiano, ingresó a la edad de quince años como cadete de la Escuela Militar y alcanzó el grado de coronel, con el cual se retiró en 1992. Es Administrador de Empresas de la Universidad América, especializado en Administración Pública de la ESAP, Diplomado en Alta Gerencia en la Universidad de Los Andes y Diplomado en Asuntos Internacionales en la Sociedad de Asuntos Internacionales de Madrid. Se ha desempeñado como agregado militar en Madrid, Ministro plenipotenciario en Pretoria (Sudáfrica). Delegado de Colombia en la Novena Conferencia de la UNCTAD en Midrand (Sudáfrica).