Armas en Colombia son excepción, no regla.

Mónica Pérez
¿Hasta dónde llegó la tergiversación de los derechos humanos que quienes están para protegernos se encuentran impedidos por quienes nos agreden? Clic para tuitear

En Colombia nadie puede usar ningún tipo de arma, excepto aquellos a quienes se les omita de la regla y sean dotados de un porte o tenencia por razones justificables estipuladas en el Decreto ley 2535 de 1993.                                

Esto no significa que el que tenga el permiso pueda llevarla por cualquier lugar del país o región, a menos que cuente con un permiso adicional específicamente para esto, y ambos se expiden ante las fuerzas militares. Indistintamente, si lleva un arma de balines, de fogueo, neumática, traumática, aerosol o gas de pimienta, etc., también necesita tener un permiso especial. Teniendo en cuenta lo anterior, el Ministerio de Defensa calcula un aproximado de 339.160 personas naturales que tienen estos permisos de porte, de los cuales 1.197 son en todo Colombia y 5.630 son regionales.

El asunto interesante de esto converge cuando el pasado 28 de mayo, en medio de las manifestaciones y terrorismo que vivió la ciudad de Cali, civiles armados disparaban junto a miembros de la fuerza pública con total tranquilidad. Hoy la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial investiga preliminarmente a los servidores públicos que estaban junto a las personas que disparaban y que quedaron capturadas en videos que circularon por las redes sociales. Esto porque los servidores públicos responden no solo por lo que hacen, sino  también por lo que dejan de hacer, como el haber omitido que estos civiles hicieran uso de sus armas de esta forma.

Indistintamente, los videos no crearon conmoción entre la población general, básicamente apoyaron el acto internamente, pues en medio del desorden público que vivía la ciudad y sus habitantes, sin que hubiera un pronunciamiento por parte del alcalde, a tal punto de circular de nuevo en redes que Cali estaba desamparada, sin alcalde y sin presidente, haciendo alusión que la falta de autoridad de Duque también causó el vandalismo, los hurtos, saqueos, quema de locales comerciales, varios heridos y muertes.

El punto ahora es, qué tan ilegal es el uso, por parte de los civiles, de las armas con las cuales fueron excepcionados en la regla general, haciendo uso de la legítima defensa, figura clásica del derecho penal colombiano que aplica, además, a toda la población civi; y donde la fuerza pública que estaba legitimada para imponer el orden quedó impedida para cumplir su función principal en la institución, proteger a la ciudadanía.

Así pues, rodaron fácilmente un video donde los civiles ayudaban a la policía a combatir el terrorismo que había generado caos en la ciudad, pero que dependiendo la perspectiva de la grabación, era un asalto a los derechos humanos o un trabajo en conjunto con la fuerza pública. Es cierto, los civiles no son policías ni militares, no tienen el rol del servidor público y no puede apropiarse de sus funciones, no obstante tienen derechos y deberes como cualquier habitante en el país, dentro de ellos, defender su vida y la de cualquier persona que se encontrara en peligro y estuviese en capacidad de socorrerla.

Consecuentemente, Andrés Escobar, uno de los civiles que aparecía en el video usando un arma de fogueo cuyo único fin era usar la legítima defensa, a la que recurrieron gran parte de los caleños, al encontrarse en situación de peligro, fue recriminado y amenazado por tales actos (de los cuales se disculpó públicamente, pero además expuso la razón lógica de tal acto).

El Código Penal colombiano se configura bajo tres supuestos indispensables para punir o castigar una conducta, esto es que sea típica -que contenga la estructura base de cualquier tipo penal-, antijurídica -sea contraria o trasgreda el bien jurídico que se protege-, y culpable -no puede existir ningún tipo de responsabilidad objetiva-.

Ahora bien, como se dijo al inicio, toda regla tiene su excepción, en este caso la legítima defensa hace parte de los exculpantes de responsabilidad, posicionándose de nuevo como el derecho de autoprotegerse cualquier persona, sin excepción, para defender sus bienes jurídicos personales o individuales, de acuerdo a la proporción de la agresión.

¿Acaso no hubo un peligro inminente en Cali durante las últimas semanas? Pues no. No hubo un peligro inminente porque este fue mayor. Se materializó cien por ciento en el terrorismo, el vandalismo no dio tregua y los que no alcanzaron a defenderse perdieron su vida, sus empresas, sus negocios, sus bienes.

En conclusión, la defensa que ejerció el ciudadano Andrés Escobar, al igual que muchos otros, se propició por la ausencia de quienes tenían la autoridad para controlar los desmanes, y que para bien de muchos, la acción de estos civiles defendió no solo su vida e integridad, sino la de la fuerza pública. Empero, será cuestión de la investigación Penal Militar esclarecer la ocurrencia de un delito o no por la conducta u omisión -si se puede hablar de esta- por parte de la Policía Nacional; pero algo sí se puede aseverar desde ya, el caos que vivieron los habitantes de Cali son atribuibles por acción y omisión de su alcalde.

¿Hasta dónde llegó la tergiversación de los derechos humanos que quienes están para protegernos se encuentran impedidos por quienes nos agreden?

Acerca de Monica Johanna Perez Lopez 2 Articles
Mujer emprendedora. Abogada litigante, de momento especialista en Legislación Tributaria. Católica de nacimiento y testigo fiel de los milagros de Dios. Defender y cuidar el medio ambiente es de personas inteligentes, seamos inteligentes. Aplicando soluciones, que de quejas no vivimos.