Aterrorizar a un Pueblo es Terrorismo Puro y Duro

Martín Eduardo Botero

Martín Botero

(sobre la responsabilidad de las Personas Jurídicas que cometan o sean responsables de delitos terroristas)

Todos sabemos cuál es la situación sobre el terreno. La dignidad y la integridad de la Colombia está en juego. La Colombia está siendo víctima de un ataque terrible, los daños causados a la población civil son tan desproporcionados que no podemos permitirlo. Eso es terrorismo contra una población civil cautiva, y todos estos actos claramente constituyen crímenes de guerra. No se trata de una protesta civil pacífica, sino de una confrontación entre aquéllos que dan el valor máximo al respeto de seres humanos y el pluralismo y aquéllos que, en nombre de la violencia y las actividades criminales, eliminarían a todos los que no piensan como ellos o tienen otras creencias. A raíz de los acontecimientos de estos últimos días, creo que todos somos muy conscientes de que hay un grave riesgo de destrucción de la institucionalidad democrática y el desarrollo socioeconómico, eso es terrorismo en sí mismo y por sí solo. Estamos asistiendo a un nivel de violencia sin precedentes, los hechos de las últimas semanas son realmente impresionantes, ante los cuales reitero una vez más nuestra condena, sin ningún tipo de reserva y ningún tipo de paliativo, condenando los actos terroristas. La situación sigue siendo insostenible y absolutamente rechazable, la campaña de destrucción masiva se dirige contra el pueblo colombiano y para atacar al presidente elegido por el pueblo. Aunque no nos guste, la incómoda realidad es que el terrorismo y la violencia es pura y llanamente una guerra que los extremistas, los grupos terroristas, los delincuentes y vándalos de izquierda han declarado a Colombia y contra las autoridades, sin distinción alguna, lo que nos permite calificar a estos actos como puro y simple terrorismo. Es una manifestación tan repugnante como vergonzosa es un acto profundamente malvado, tendrá probablemente el efecto contrario al que se persigue y, de momento, se están produciendo algunos avances, aunque creo que son claramente insuficientes. Eso no lo dice la Izquierda, pero quiero decirlo yo: los grupos de activistas vándalos y delincuentes son terroristas, no son mártires o luchadores por la libertad y conviene repetirlo constantemente. Es inadmisible que algunos personajes políticos manipulen el derecho a las protestas para justificar la comisión de actos de terrorismo contra la población, los actos de violencia ciega, y tratar de legitimar la agresión contra el Estado soberano y democrático de Colombia. Denunciamos aquellas voces que han surgido, mucho más preocupadas por la salvaguardia de los derechos y libertades de terroristas que por recordar el daño, el sufrimiento y desesperación que estos causan a sus víctimas, por no hablar de la injusticia e impotencia que actos de dicha índole suponen. Quiero expresar también una gravísima preocupación por la crisis humanitaria. Las noticias que llegan de Colombia sobre la actuación de las fuerzas de oposición, algunos personajes políticos, los extremistas radicales de izquierda y promotores del paro nos han llenado de profunda inquietud. Según algunas noticias, que deberán ser investigadas a fondo, estos se han demostrado en ocasiones – estoy eligiendo mis palabras con la máxima diplomacia posible – desprecio por la vida de civiles, y es evidente que han hecho caso omiso de los llamamientos de la Unión Europea y de la comunidad internacional para que les permitan a las organizaciones médicas y asistenciales llevar a cabo su tarea en la zona, garantizar el acceso pleno y sin trabas a las zonas afectadas, en particular, a las ciudades golpeadas, para proporcionar la ayuda que se necesita con tanta urgencia. Estos señores, en un país democrático, como sociedad plural que cree en el Estado de derecho, deberían respetar las reglas de juego internacionales sin evasivas y sin condiciones. Y es sencillamente imperdonable que no se intente disuadirlos de cometer estos atentados. Eso es lo que significa ser una sociedad democrática; eso es lo que significa el Estado de derecho. A Comité de Paro no le beneficiaría nada dejar sin respuesta las acusaciones que se han hecho. Señores del Comité del Paro el fin no debe justificar los medios y jamás podrá legitimar las violaciones de los derechos humanos y el terrorismo, y pueden llevar al uso del territorio colombiano como punto de apoyo de acciones terroristas y se les exhorta a poner fin de inmediato. Tenemos el derecho de decirles a estos señores que están equivocados y que las medidas que están apoyando solo pueden acarrear graves consecuencias para el futuro del país, y todavía están a tiempo. Recalcamos que esas acciones son sencillamente irresponsables e inaceptables y las consecuencias pueden ser devastadoras, suponen una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad pública, el orden público y la salud pública o la moral e infringe los derechos o libertades de terceros. Me pregunto, y nos preguntamos: ¿Quién responde por los desmanes y perjuicios contra la población civil e instituciones? ¿Qué plan se propone para afrontar los complejísimos problemas? Sin duda el Gobierno colombiano tiene la obligación de defender a sus nacionales frente al terrorismo. La lucha contra el terrorismo es un área en la que Colombia debe pasar de lo virtual a lo real. No tenemos ninguna duda de que hay que combatir esta lacra con el fin de proteger a nuestros ciudadanos de cualquier amenaza para su seguridad. La construcción de una Colombia política requiere la capacidad de erradicar el terrorismo; todavía estamos lejos de dar en el blanco. Colombia todavía no se ha dado cuenta completamente de la magnitud de los peligros que la acechan. No podemos cerrar los ojos ante la barbarie de los violentos con sus propios ciudadanos, la incitación al terrorismo y la cultura del odio. La lucha contra los terroristas exige mayor firmeza y no se puede permitir que se produzcan negociaciones y concesiones. O bien consideramos la existencia de normas internacionales y que la Colombia tienen que acatarlas, o bien consideramos que hemos dado un gran paso hacia atrás y que, en lo sucesivo, el poder de la calle y la violencia terrorista se impone a la constitución y el pueblo soberano.
La Colombia es la responsable de hacer cumplir la ley y de tomar medidas inmediatas para desmantelar la infraestructura del terrorismo incluida su financiación, y a que detenga la incitación a la violencia o la justificación de determinados tipos de atentados, y a que emprenda todos los esfuerzos posibles para garantizar la protección de los civiles, y la necesidad inaplazable de una implicación sobre el terreno de la comunidad internacional para realizar una investigación internacional imparcial. El terrorismo es ilegal e inmoral, ha dañado gravemente las aspiraciones legítimas del pueblo y debe ser condenado, así como la inducción, la complicidad y la tentativa con penas y sanciones para personas físicas y jurídicas que hayan cometido delitos de terrorismo o de inducción pública para la comisión de delitos de terrorismo y de captación y adiestramiento de terroristas, que reflejan la gravedad de estos. Tanto el derecho contemporáneo de los derechos humanos, la normativa internacional y europea como el derecho humanitario, otorgan a la Colombia un margen de flexibilidad razonablemente amplio para combatir el terrorismo sin contravenir las obligaciones jurídicas de derecho humanos y humanitarias. El Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo, de 27 de enero de 1977, establece que los delitos terroristas que atenten contra la vida, la integridad física, la libertad o los bienes de las personas no pueden considerarse delitos políticos, ni delitos relacionados con los delitos políticos, ni delitos inspirados por motivos políticos. La Ley internacional establece también la Responsabilidad de las Personas Jurídicas que cometan o sean responsables de delitos terroristas.
Así pues la responsabilidad penal de las personas jurídicas – sean partidos, minorías, asociaciones, comités o sindicatos, es decir toda entidad a la cual el derecho vigente reconoce este estatuto- en los delitos de terrorismo es primordial en la lucha contra el terrorismo, cuando dichos delitos sean cometidos por cuenta de éstas por cualquier persona, actuando a título particular o como parte de un órgano de la persona jurídica, que ostente un cargo directivo en el seno de dicha persona jurídica basado en: un poder de representación de dicha persona jurídica; una autoridad para tomar decisiones en nombre de dicha persona jurídica; una autoridad para ejercer un control en el seno de dicha persona jurídica. Deberán considerarse que existen circunstancias agravantes cuando el delito -cometidos como parte de un grupo terrorista- se cometa con especial crueldad, cuando afecte a un gran número de personas o sea de naturaleza especialmente grave o persistente. Además, se tendrá en cuenta si el delito se ha cometido por cuenta de una persona jurídica contra las instituciones democráticas, las autoridades o ciudadanos, cuando la falta de vigilancia o control por parte de una de las personas haya hecho posible que una persona sometida a su autoridad cometa uno de los delitos por cuenta de una persona jurídica. La responsabilidad penal para el financiamiento del terrorismo se extiende a las personas jurídicas, toda vez que en operaciones complejas de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo se ven a menudo implicadas personas jurídicas, las sanciones deben también ajustarse a las actividades que éstas realicen. Toda persona jurídica a la que se haya declarado responsable puede ser sancionada con penas efectivas, proporcionadas y disuasorias, que incluirán multas de carácter penal o administrativo y, en su caso, otras sanciones, en particular: medidas de exclusión del disfrute de ventajas o ayudas públicas; medidas de prohibición temporal o permanente del desempeño de actividades comerciales o de carácter político; sometimiento a vigilancia judicial y medida judicial de liquidación. Cabe señalar que las investigaciones o el enjuiciamiento de los delitos a que se refiere la normativa internacional y europea no dependen de la formulación de denuncia o acusación por una persona que haya sido víctima de tales delitos, al menos si los hechos se cometieron en el territorio de un Estado miembro. Sin entrar a una discusión detallada sobre el tema, según la teoría que se adopte, se entiende por delitos de terrorismo los actos intencionados tipificados como delitos según los respectivos Derechos nacionales que, por su naturaleza o su contexto, puedan lesionar gravemente a un país o a sus autoridades cuando su autor los cometa con el fin de: intimidar gravemente a una población; obligar indebidamente a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo, o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras fundamentales políticas, constitucionales, económicas o sociales de un país, atentados contra la vida de una persona que puedan tener resultado de muerte; atentados graves contra la integridad física de una persona; secuestro o toma de rehenes; destrucciones masivas en instalaciones gubernamentales o públicas, sistemas de transporte, infraestructuras, incluidos los sistemas informáticos, lugares públicos o propiedades privadas, que puedan poner en peligro vidas humanas o producir un gran perjuicio económico; fabricación, tenencia, adquisición, transporte, suministro o utilización de armas de fuego y explosivos; provocación de incendios, inundaciones o explosiones cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas; perturbación o interrupción del suministro de agua, electricidad u otro recurso natural fundamental cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas. Para este efecto se entenderá por «grupo terrorista» toda organización estructurada de más de dos personas, establecida durante cierto período de tiempo, que actúa de manera concertada con el fin de cometer delitos de terrorismo. Por «organización estructurada» se entenderá una organización no formada fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en la que no necesariamente se ha asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni hay continuidad en la condición de miembro o una estructura desarrollada. Se reconoce, ciertamente, que los Estados pueden tipificar o haber tipificado ya como delitos los actos intencionales siguientes: a) dirección de un grupo terrorista; b) participación en las actividades de un grupo terrorista, incluido el suministro de información o medios materiales, o mediante cualquier forma de financiación de sus actividades, con conocimiento de que esa participación contribuirá a las actividades delictivas del grupo terrorista.
Es imprescindible conocer lo ocurrido y sus dimensiones reales, que las Naciones Unidas u otra organización internacional competente (por ejemplo, el Consejo de Europa) cuenten con el apoyo necesario -desde luego creo que deben contar con el pleno y total apoyo de la Unión Europea- para realizar una investigación internacional imparcial. El Parlamento Europeo está obligado a rechazar en su totalidad este ataque contra nuestros valores comunes, contra la democracia, contra las bases que fundamentan nuestra civilización, y a tomar una postura consecuente. La Unión Europea en el comunicado recibido por nosotros en respuesta a nuestra carta dirigida a la presidencia del Parlamento Europeo sintéticamente apoya las instituciones colombianas y a la Fiscalía general y condena los ataques y la violencia tanto contra la población como contra las fuerzas del orden. “Y rechazan el uso indiscriminado de la violencia, los saqueos y los actos vandálicos que han ejercido algunos manifestantes al tratar d extender el caos, la violencia y los desórdenes en el país, así como los intentos de incendiar varias comisarías de policía con agentes en su interior”. Señorías, están advertidos: al atacar a un exitoso país de forma agresiva ustedes no representan al pueblo y sus aspiraciones: se estrellarán y se seguirán estrellando contra nosotros, contra las rocas, contra los principios de democracia enarbolados por la comunidad internacional. Amen

 

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Abogado Europeo inscrito en el Conseil des Barreaux Europèens Brussels. Titular de Botero & Asociados, Bufete Legal Europeo e Internacional con sede en Italia y España. Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Presidente y fundador de European Center for Transitional justice y vicepresidente en la Unión Europea de la Organización Mundial de Abogados. Graduado en Jurisprudencia por la Universidad de Siena (Italia) con Beca de Honor y Licenciado en Derecho por la Universidad Católica de Ávila (España). PhD en Derecho Constitucional Europeo por la Universidad de Bolonia con Beca de estudio del Ministerio de Exteriores italiano y la Unión Europea. Colabora con universidades, institutos de investigación especializados y organismos de la sociedad civil en los programas de cooperación jurídica y judicial internacional. Consultor Jurídico independiente especializado en anticorrupción. Su último libro lleva por título “Manual para la Lucha contra la Corrupción: Estrategia Global: Ejemplos y Buenas prácticas”.