¡Cada loro en su estaca!

José Ignacio Lombana Sierra

@LombanaSierra 

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Mientras la izquierda se sigue desgarrando las vestiduras y tratando de polarizar aún más al país con su fallido discurso de amigos y enemigos de la paz para hacer frente a las más que necesarias y obvias objeciones del Presidente a la ley estatutaria de la JEP, y en medio de nuestra realidad macondiana que permite que los bandidos se sonrojen y que otros tantos se desvivan por defenderlos cuando se les llama por su nombre, narcoterroristas; para la gran mayoría de los colombianos parece ser, pasaron desapercibidos varios hechos que estimo de la mayor trascendencia, y todos tuvieron ocurrencia en el mismo lugar: la Corte Constitucional.

Cierto es que no existe ninguna autoridad, entidad, funcionario, etc. por encima de la Constitución, y de eso se encargó el constituyente primario a través del sistema de pesos y contrapesos (que todo indica desde hace mucho tiempo viene haciendo aguas), en virtud del cual las diferentes ramas del poder público se vigilan y colaboran entre sí armónicamente, y se mantiene en teoría el equilibrio necesario en el ejercicio del poder, con lo que se evita la acumulación de poder que conduce a la  tiranía y por ahí al  desconocimiento de las libertades de los ciudadanos, con lo que se socaba la democracia.

Un primer hecho, fue ver al señor Presidente de la República teniendo que convencer en persona a la Corte Constitucional de que la fumigación con glifosato es la única forma efectiva de acabar con los narcocultivos en nuestro país, y que por sobre cualquier consideración, que no existe consenso en la comunidad científica sobre los efectos nocivos del químico, etc., etc., dentro de esa interminable polémica que al final de cuentas nos deja más divididos frente a la necesidad inmediata y las formas de combatir uno de los flagelos más grandes que tiene este país y que al final ha sido el motor de la violencia y hoy el objetivo principal de las FARC: legalizar el producto del narcotráfico realizado por décadas.

Una cosa es que un presidente, si fuera del caso, tuviese que dar explicaciones sobre su comportamiento personal ante un tribunal, y no cabe duda de que si hay motivo lo debe hacer pues no está por encima de la Constitución o la Ley, y otra muy distinta es que deba pedirle permiso a una Corte para combatir el delito, para cumplir con sus funciones constitucionales, y protegernos a todos los colombianos en nuestra vida, honra y bienes y perseguir a los bandidos donde quiera se escondan o cualquiera sea la forma en que atenten contra el Estado y contra el pueblo colombiano.

Para mí, la imagen va más allá de ese ejercicio silente del  equilibrio de poderes y de los pesos y contra pesos. Fue el vivo retrato de la tiranía judicial que se viene imponiendo en nuestro país desde 1991; no solamente ejercida por la Corte Constitucional, sino por la judicatura en general en sus diversas áreas y niveles, la que tristemente viene siendo infiltrada y cooptada por la izquierda y las ideas afines a la subversión desde hace mucho tiempo.

Así, no contenta la Corte Constitucional con someter al Presidente de la República en la forma en que lo hizo, luego salen y anuncian sus magistrados que las objeciones que por inconveniencia formuló el Presidente a solamente 6 artículos de la Ley Estatutaria de la JEP serían inconstitucionales en su sentir, dando a entender que la propia Corte se ocuparía de que las mismas ningún efecto tuviesen, manteniéndose así la Corte fiel a Santos y a las FARC, dentro de toda la tramoya que sabemos hubo detrás de los acuerdos de La Habana.

Luego tendría que recular la Corte y declararse inhibida como era apenas lógico y legal que hiciera, con lo que formalmente guardó las apariencias, pues de todas formas dejó ver sus intenciones de encontrar argumentos que le permitan asumir nuevamente competencia en este asunto.

Mucho se ha dicho en estos días sobre las facultades del Presidente de la República para objetar una ley, cualquiera sea, por motivos de inconstitucionalidad o de inconveniencia.

Mucho se ha dicho en estos días sobre las facultades del Presidente de la República para objetar una ley, cualquiera sea, por motivos de inconstitucionalidad o de inconveniencia. Clic para tuitear

Esa es una de las prerrogativas (y deber como en este caso) que tiene el Presidente, y en este asunto la ejerció por motivos de inconveniencia; luego el argumento de que las mismas no son viables, incluso, de que el Presidente ni siquiera podía haberlas propuesto bajo el argumento de que la Corte ya había encontrado casi todo el articulado ajustado a la Carta Política en el examen previo que del proyecto debía hacer, no es más que una excusa falaz más para buscar la impunidad total para las FARC.

Las FARC y la izquierda siguen siendo fieles a su promesa de hacerse con el poder mediante cualquier forma de lucha, y la guerra jurídica es una realidad desde hace décadas. Primero buscando recortar capacidades de respuesta del Estado, como lo ocurrido con la reforma constitucional de 1991, donde lograron entre otras limitar el fuero militar. Luego entonces, comenzaron a masacrar a la Fuerza Pública en los tribunales, previamente cooptados. Y ahora, recientemente, se han diseñado una justicia a su medida.

Así las cosas, todo está confluyendo en un mismo lugar: la Corte Constitucional; pues es ésta y no otra, la que so pretexto de ser la guardiana de la Constitución, se ha abrogado competencias que verdaderamente no tiene, al punto que ya no le basta con legislar a través de sentencias, sino que ahora va a por el ejecutivo limitándole, cuando coadministrando el Estado.

Si la justicia aún no ha sucumbido en nuestro país, y alguna institucionalidad existe todavía, es gracias a que aún quedan  funcionarios rectos y probos, pero la corrupción es tal, que las altas Cortes, que deberían ser el último bastión en la defensa de la democracia y que creíamos incorruptibles e inalcanzables por las veleidades y venalidades, cada vez sucumben más sus integrantes a distintas formas que se muestran efectivas para hacerles desviar en su quehacer judicial. ¿Y si eso ocurre a esos niveles de supuesta enteresa moral y profesional, qué esperar más abajo?

¡Cuánta falta hace el artículo 121 de la Constitución de 1886! Seguro estoy que otro sería este país si Uribe hubiese podido gobernar con semejante herramienta.

¡Cuánta falta hace el artículo 121 de la Constitución de 1886! Seguro estoy que otro sería este país si Uribe hubiese podido gobernar con semejante herramienta. Clic para tuitear

Por ahora, con que cada loro ocupe su estaca nos debemos dar por bien servidos.

José Ignacio Lombana Sierra
Acerca de José Ignacio Lombana Sierra 6 Articles
Abogado Penalista de la Universidad Javeriana y profesor de la misma Universidad. Tirador , cazador y coleccionista de armas por tradición y convicción.