Caso Álvaro Uribe desnudó podredumbre de la Corte Suprema

Robert Posada Rosero

Robert Posada Rosero

Las innumerables irregularidades que se han evidenciado durante el proceso que la Corte Suprema de Justicia adelantó contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos, son un duro golpe a la credibilidad del más alto tribunal del país en materia penal.

El tema no sería tan preocupante si se tratara de un hecho aislado, pero cada día salen a la luz pública lo que parecería es un modus operandi criminal enquistado en las altas esferas del poder judicial, un entramado de ilegalidades montado con filigrana con fines políticos, ideológicos y seguramente monetarios.

Aquí no estamos ante un simple montaje judicial, ya que lo que dejan ver las revelaciones que están aflorando después de que la Fiscalía asumiera el proceso, nos coloca ante la punta del iceberg de una justicia que está haciendo agua bajo la dirección de unos magistrados que se comportan como hampones de la peor calaña.

Así lo intenten, de manera infructuosa, jurídicamente no hay como justificar que el entonces magistrado José Luis Barceló ordenara interceptar de manera ilegal el teléfono de Álvaro Uribe Vélez aún a sabiendas que esa línea no correspondía a la del congresista Nilton Córdoba, a quien esa corporación le adelantaba un proceso.

Tampoco hay como justificar que el hoy presidente de la Corte, Luis Antonio Hernández en coordinación con el mismo Barceló y el magistrado Fernando Alberto Castro, ordenaran a Deyanira Gómez, pareja del denominado testigo estrella Juan Guillermo Monsalve, grabar al abogado Diego Cadena.

El entramado contra Uribe Vélez llegó al punto que el magistrado Barceló intervino de manera directa para que a Deyanira Gómez le asignaran protección y saliera del país como persona protegida, una extraña relación entre una de las partes del proceso y quienes deben actuar con equilibrio y transparencia al momento de impartir justicia.

Este asunto que evidencia la estrecha relación de Deyanira Gómez y los togados es escandalosa, pero alcanza matices vulgares tras conocerse los vínculos de vieja data de la expareja del delincuente común Juan Guillermo Monsalve con las Farc, relaciones tan estrechas que incluso tiene una hija con Elver Penagos Tabera, miembro del Frente 21 de esa organización narcoterrorista, muy cercana al senador Iván Cepeda Castro, quien actúa como contraparte en el proceso.

Esta pequeña curiosidad obligatoriamente nos lleva a preguntarnos si la estrecha relación de colaboración de los magistrados con Deyanira Gómez responde única y exclusivamente a coincidencias ideológicas y políticas o si detrás de todos los beneficios que presuntamente han recibido Deyanira Gómez y Juan Guillermo Monsalve hay una bien aceitada estructura económica que se puede dar el lujo de pagar astronómicas sumas para urdir un proceso judicial como el que estamos presenciado con estupor.

La pregunta no es ociosa, si tenemos en cuenta los antecedentes recientes: El expresidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte Gómez, fue condenado a 19 años en prisión y pagar multa de 485 salarios tras ser hallado culpable de corrupción, cohecho, tráfico de influencias y concierto para delinquir.

El expresidente de la Corte fue vinculado a seis casos concretos, en los que se probó más allá de toda duda razonable su responsabilidad y coautoría en el favorecimiento de su poder dentro del alto tribunal para acomodar decisiones judiciales con intereses particulares.

Su caso no es aislado, ni se trata de una manzana podrida dentro de los altos tribunales, muy por el contrario, tiene grandes similitudes con el proceder del magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Carlos Alberto Vargas Bautista, “un negociante dentro y fuera de su despacho”, que aceptó 13 delitos en un preacuerdo con la Fiscalía para obtener una reducción considerable de su sentencia, tras probársele que creo con su amante Kelly Andrea Eslava, una poderosa y eficiente oficina de abogados que llevaba los casos que luego él fallaba a favor de los clientes de quien fuera su exjudicante.

El “transparente e impoluto” magistrado es hermano de Alcibíades Vargas Bautista, exmagistrado del Tribunal Superior del Meta, también protagonista de un escándalo monumental por presuntamente favorecer a bandidos de alta peligrosidad, una accionar tan repetitivo y viral que hace perder cualquier respeto por la justicia.

Al observar solo estos casos es claro que alguien con el poder corruptor del dinero, mucho dinero, pagó para que Monsalve pudiera disfrutar de las extravagancias, de las que presumía incluso en redes sociales, pese a pagar una condena de más de 40 años por delitos comunes.

Quién o quiénes están detrás de este entramado criminal y de dónde están saliendo los recursos para pagar y acomodar cada pieza, que hoy se les cae a pedazos, en lo que juristas con prestigio internacional han denominado “un juicio injusto”, es una tarea que le queda a la justicia, asignatura que como muchas otras quedará pendiente y sin aprobar.El entramado contra Uribe Vélez llegó al punto que el magistrado Barceló intervino de manera directa para que a Deyanira Gómez le asignaran protección y saliera del país como persona protegida Clic para tuitear

Robert Posada Rosero
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Comunicador Social Periodista, especialista en Derecho Constitucional.