Colombia sin «Paz»

Karol Daniela Gutiérrez

Karol Daniela Gutiérrez
Un acuerdo pactado en la impunidad, en el seno del comunismo latinoamericano y a espaldas del pueblo, no podría generar resultados distintos. ¡No somos enemigos de la ’Paz’ sino de la impunidad! Clic para tuitear
Karol Daniela Gutiérrez

El acuerdo de Paz, ha sido la propuesta más demagógica en las últimas décadas de la historia de Colombia. No solamente jugó con los anhelos de Paz del pueblo colombiano, especialmente de nuestros campesinos, sino que, bajo la premisa de una  nueva era – la era del postconflicto –, y  cuyos resultados parecen alejarse cada vez más de la perspectiva de una paz real y duradera, incrustó a narco-terroristas en el Congreso, otorgándoles el título de ‘honorables’. Este hecho fue excepcional, porque se modificó la Constitución para blindarlos, otorgarles impunidad, reconocimiento y voz en el poder legislativo.

Un acuerdo de Paz búmeran, que no aportó al problema del narcotráfico, a los problemas de violencia en esos territorios, o a reducir sus economías ilegales; por el contrario retornó y los recrudeció. Los organismos nacionales e internaciones responsables de ejecutar políticas, planes y estrategias en relación con el problema de las drogas, (UNODC, FIP, JIFE etc.) Concuerdan  que en el 2013, justo cuando iniciaron las negociaciones de Paz con las FARC, se observa un aumento constante en la siembra de cultivos ilícitos, que alcanzó un máximo histórico, y  niveles récords en el potencial de producción de cocaína  en  el  2017, superando  las 200.000  hectáreas a nivel nacional.  Los ‘incentivos perversos’ que se generaron a partir de los beneficios que se les otorgaría a los campesinos cocaleros, puso de manifiesto que, resultó la medicina peor que la enfermedad.

Después de que las FARC salieran de ciertas zonas, las condiciones de los territorios no cambiaron, y el programa (PNIS) que implica una participación activa de las comunidades que se comprometen a hacer el tránsito hacia una economía legal con el apoyo del Estado, no ha arrojado los resultados esperados, y esto se debe en parte a que los gobiernos no han sido capaces de dar una respuesta articulada que conecte la seguridad y el desarrollo en esos territorios marginados. Durante el gobierno Duque, se estabilizó e incluso se redujo la producción de cultivos ilícitos, los esfuerzos de su política han estado dirigidos a I) afectar la oferta a través de la destrucción de cultivos ilícitos, la erradicación manual por parte de las tropas militares aumento en el 2019 en un 58%, una estrategia que no ha resultado ser la más adecuada,  no solo porque se limita la capacidad de acción  de las FF.MM frente a estas comunidades que son manipuladas por el narcotráfico, sino que según la (FIP) una tercera parte de las superficies erradicadas son objetos de resiembra, II) desarticular las organizaciones criminales, en esto, el gobierno ha arrojado resultados positivos con una curva ascendente, durante los dos años de su gobierno, y con golpes al narcotráfico que han sido contundentes y certeros…

Adicionalmente a la lucha interna de Colombia por combatir el narcotráfico, también, están las presiones ejercidas por la comunidad internacional, especialmente EE.UU. A corto plazo la estrategia que se debe aplicar para  lograr resultados significativos es la aspersión aérea. De lo contrario, cualquier esfuerzo será inútil.

Estamos hablando de zonas caracterizadas por bajos niveles de presencia efectiva del Estado, altos niveles de inserción a la economía ilegal,  territorios marginados en que las reglas del juego nada tienen que ver con la ley. Las FARC eran y siguen siendo  una de las principales organizaciones del narcotráfico en Colombia, y el acuerdo de paz creó la falsa expectativa de que éste problema se reduciría notablemente; por el contrario aumentó y otros  grupos terroristas, entre ellos Carteles Mexicanos y mafia Italiana, operan  o   han ido ocupando estos territorios que históricamente fueron dominados por las FARC,  y   ahora son el campo de una batalla encarnizada de disputa por las rutas del narcotráfico. Estas redes han avanzado, han desangrado a comunidades enteras, y han asesinado a líderes sociales. La respuesta a  estas organizaciones terroristas no debe ser la amnistía, la impunidad o el perdón, debe ser la política de ‘El que la hace, la paga’ y de la ‘Seguridad Democrática’.

Pero,  un acuerdo pactado en la impunidad, en el seno del comunismo latinoamericano y  a espaldas del pueblo, no podría generar resultados distintos. Y como si fuese poco, por Constitución se nos impuso su financiación. Hoy una de las grandes aspiraciones es reformar la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), o en efecto eliminarla, esta instancia transicional como previeron quienes impulsaron el No en el plebiscito, es un auténtico lavadero de crímenes de lesa humanidad, y un botín burocrático. Esto significa que quienes nos oponemos al acuerdo habanero, no somos enemigos de la ’Paz’ sino de la impunidad.

Para terminar con este acuerdo de impunidad, se necesita más que el deseo de hacerlo, políticamente en estos momentos no es viable. Aunque siempre se podrá reformar un Acto Legislativo por el Congreso, y suprimir cualquier ente que haya sido creado por una Reforma Constitucional, se requiere de una correlación de fuerzas para lograr una reforma igual. Y solo construyendo una coalición fuerte, de cara a las presidenciales del 2022 y con un Congreso oxigenado, se podrá convertir este proyecto en una realidad.

Winston Churchill, hace más de cincuenta años pronuncio una frase que infortunadamente  hoy encarna a la sociedad colombiana. “El que se arrodilla para conseguir la paz, se queda con la humillación y con la guerra”.