Constitución garantista y magistrados extralimitados

Robert Posada Rosero

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Robert Posada Rosero

Son innegables los avances que en materia de derechos y libertades individuales generó la promulgación de la Constitución de 1991, empero el inmenso desbalance entre los deberes y derechos ciudadanos nos está llevando al desbarrancadero como país y a nuestro fracaso como sociedad.

Los constituyentes obnubilados por la añoranza de la construcción de un verdadero Estado social de derecho que asegurara a sus integrantes la vida, convivencia, trabajo, justicia,  igualdad, conocimiento, libertad y la paz, terminaron cimentando las bases del desbarajuste institucional y social que hoy nos tiene al borde del fracaso como democracia. 

Paradójicamente aunque lo que se pretendía era la prevalencia del interés general y el sometimiento de los gobernantes y gobernados a la ley, cada día son mayores las excepciones a estos principios fundamentales de la Carta Magna, otorgando privilegios a todo tipo de “minorías” que de a poco están imponiendo su cosmovisión a los demás connacionales.

Los padres de la nueva Constitución pecaron de ingenuos, confundiendo Cundinamarca con Dinamarca, otorgándole a una nación en construcción y sin la disciplina, educación y cultura de otros pueblos que han ido forjando sus modernas democracias en la base del respeto al otro, la autoridad y las normas, un decálogo de garantías casi sin contraprestación alguna. 

De ahí que a juicio de varios constitucionalistas, los constituyentes se equivocaron al ignorar la necesidad de equiparar los derechos con los deberes, dedicando después de los principios, 83 artículos única y exclusivamente a los derechos, orden normativo que al parecer le metió en el subconsciente a los colombianos que solo son sujetos de derechos. 

Esta es una verdad tan evidente e incontrovertible, que el capítulo 5, dedicado a los deberes y obligaciones solo cuenta con un artículo, el 95, que a su vez se desglosa en escasos 9 deberes, el último de ellos, la obligación de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. 

Analizando este desequilibrio se entiende que populistas y demagogos promuevan el todo gratis o subsidiado, omitiendo convenientemente hablar de la necesidad perentoria de pagar impuestos para garantizar el funcionamiento del Estado, deber sin cuyo cumplimiento es imposible contar con los recursos que garanticen la salud económica del país.  

Errores como los citados en la arquitectura de nuestra norma de normas es además la raíz de otras situaciones que trascienden la orbita de los ciudadanos, pues aunque en la letra la Constitución prevalece sobre las leyes o cualquier otra norma jurídica, las altas cortes, vía jurisprudencia, vienen legislando y cogobernando de acuerdo a sus ideologías y pensamiento, convirtiéndose en togados revestidos de supra poderes de facto, menguando la separación de poderes. 

Lo anterior no fuera de suma gravedad si quienes ostentan dichas dignidades en la actualidad no hubiesen sido permeados por la politiquería y la corrupción rampante, al punto de ver convertidos a varios de sus integrantes, incluyendo sus presidentes, en miembros de despreciables carteles de la toga. 

El desprestigio de los magistrados también encontraría su origen en los mecanismos que definió la carta para su elección, dejando esta delicada e importante decisión en su mayoría en el Congreso y sus políticos de profesión, así como la elección de Procurador, Contralor y Defensor del Pueblo, sistema en el que operan las componendas e interés políticos por encima de los intereses generales de la nación. 

En su afán electorero y fingiendo ser personas de avanzada y libre pensadores todos de han dedicado a dirimir las tensiones sociales buscando el aplauso del vulgo, tomando posiciones irresponsables que afianzan la creencia que la libertad es un derecho supremo y absoluto, olvidando que sin orden y autoridad las libertades se extralimitan hasta ocasionar el caos. 

Escenario perfecto para la ascendencia al poder de populistas de izquierda y derecha, que sin respetar las reglas de la democracia, siempre llegan a corregir los desbarajustes constitucionales con la anuencia del pueblo que los ve como salvadores, prestándose como idiotas útiles para la promulgación de constituciones de bolsillo hechas a la horma del mesías, casi siempre para perpetuarse en el poder. 

Con este panorama no es extraño que desde varios extremos políticos se haya venido planteando la necesidad de una nueva constituyente, que corrija los errores de la actual, el riesgo es que hoy no contamos con los liderazgos para sacar adelante tan magna tarea, que evite repetir exabruptos como el artículo 22 de la Constitución de 1991, que consagró la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.  

Bien lo explicó el constitucionalista Luis Carlos Sáchica en su momento, sin ser escuchado, “no es un derecho. Porque no es exigible de nadie eficazmente ni se puede imponer coactivamente…, y no se puede decretar como la guerra”, como pretendió hacer torpemente Juan Manuel Santos con la paz, con los resultados que hoy saltan a la vista. Consiguió el Nobel pero no logró la reconciliación del país.  

Robert Posada Rosero
Acerca de Robert Posada Rosero 25 Articles
Comunicador Social Periodista, especialista en Derecho Constitucional.