Culpables

JORGE LUIS CALLE

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El 29 de agosto de 2019, cuando Márquez, Santrich, El Paisa y algunos otros, aparecieron en un video anunciando su regreso a las armas y la creación de una “nueva guerrilla”, quise, antes de opinar, leer las reacciones de políticos, periodistas, académicos y  particulares de diferentes sectores ideológicos para formarme una idea de cómo había percibido el País lo ocurrido.

Empecé a ver varios comentarios que señalaban al Expresidente Uribe, y a los miembros del Centro Democrático, como responsables de lo sucedido. Insistían en que su “sistemático saboteo al Proceso de Paz” había desencadenado en el deseo de unos señores de rearmarse para dar inicio a una segunda Marquetalia, como ellos mismos expresaron. Otras opiniones atribuían al Presidente Duque esta responsabilidad por sus “pocos esfuerzos” en la implementación del Proceso. Otros, exhortaban a continuar como si nada, pese a las malas noticias, y otros, manifestaban la necesidad inmediata de desmontar el Acuerdo.

Empecé a ver varios comentarios que señalaban al Expresidente Uribe, y a los miembros del Centro Democrático, como responsables de lo sucedido. Insistían en que su “sistemático saboteo al Proceso de Paz” Clic para tuitear

En este marco estuvieron las diferentes posturas que pude recoger y sobre las cuales, quisiera hacer algunos planteamientos:

1 Durante años, Uribe y el Centro democrático, advirtieron que la impunidad era partera de nuevas formas de violencia y denunciaron lo que podría ocurrir si se imponía un Acuerdo en contra de la voluntad popular, que contemplaba innumerables beneficios, demasiadas concesiones y carecía de justicia. Que empiece a suceder lo que ellos advirtieron, no los hace culpables.

2 El Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), presentó recientemente algunas cifras que muestran el avance del Proceso de Paz durante el Gobierno del Presidente Duque. Por ejemplo, en el mandato del Presidente Santos, se desarrollaron 2 proyectos productivos. Hoy hay 29, lo que representa una inversión de 21.335 millones de pesos y vincula a 1.934 desmovilizados. También, se han invertido 9.300 millones de pesos en 17 nuevas iniciativas para el beneficio de los excombatientes, y se han destinado 856.000 millones de pesos en la ejecutoria de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs), que están priorizados en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC). Como se puede ver, pese a la voluntad de muchos de sus votantes, Duque le está apostando decididamente a la implementación del Acuerdo de la Habana.

3 El Acuerdo necesita cambios, no solo porque ese fue el deseo expresado en el Plebiscito del 2016 y refrendado en las elecciones presidenciales de 2018, sino porque las cosas no van bien y es necesario corregir. La JEP no ha sabido garantizar los mínimos de justicia establecidos en lo pactado y ha sido permisiva con las personas que debe juzgar, y en especial con los reincidentes. Tampoco ha exigido a las Farc declarar y devolver todos los bienes. Además, ninguna sociedad merece que responsables de violaciones, abortos y delitos contra menores, queden en la impunidad.

4 Es imposible desmontar el Acuerdo en su totalidad por dos razones fundamentales: 1 Santos dejó un complejo entramado legal que impide que ello ocurra. 2 Hoy hay 10.415 excombatientes, que en su mayoría vienen cumpliendo lo pactado y tienen el deseo de reincorporarse. El Gobierno debe seguir ofreciéndoles todas las garantías y la oferta institucional.

En conclusión, Márquez, Santrich, El Paisa y todos aquellos que decidieron abandonar el Proceso, lo hicieron porque les molesta la legalidad y los seduce el narcotráfico. Es equivocado buscar responsables para justificar sus acciones, cuando los únicos y verdaderos culpables son ellos mismos.

Márquez, Santrich, El Paisa y todos aquellos que decidieron abandonar el Proceso, lo hicieron porque les molesta la legalidad y los seduce el narcotráfico. Clic para tuitear