De la virtualidad legislativa

Jorge Mario Pérez Solano

Jorge Pérez Solano

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Jorge Pérez Solano

Después de haberse conocido en menor tiempo la decisión C-242/20 de la Corte Constitucional, por parte de los magistrados Luis Guerrero Pérez y Cristina Pardo, con ocasión a la orden irrestricta y la presión que ejercieron ciertos congresistas de la bancada de oposición, al fin se conoce lo que muchos sospechábamos frente al remiendo constitucional que se hizo en favor del congreso por su enorme incapacidad para interpretar su propio reglamento y que resultó inconstitucional en contra del gobierno, por expedir normas sin perjuicios de las que ya están consignadas sin mayor discusión  y elucidación.

No es dable la disputa, como repercutirá en lo que deviene, de la procedencia de los ponentes en su designación y elección por la bancada del anterior gobierno, ni por la manera como alguna vez insinuó algún senador de que, de no resultar elegida cierta magistrada, las Farc volvería al monte y nos declaraban la guerra nuevamente. 

En ese orden, señala la corte, que el decreto 491/20 tiene razones sobradas en su expedición bajo el juicio de necesidad fáctica, por las exigentes circunstancias impuestas por la pandemia, contrario sensu, lo que se desprendió del estudio de inconstitucionalidad del artículo 12, que carecía del juicio de necesariedad jurídica y/o subsidiariedad, por los excesos en su autorización y el aparente desconocimiento de las normas que ya tenían previsto esa posibilidad de la virtualidad como el caso de la Ley 270/96 en lo que se refiere a la estatuaría de la administración de justicia, así como la Ley 1437/11 – CPACA-, que contienen disposiciones de orden sistemático y virtual para el desarrollo de todas las actividades de todo orden, que involucra a todos los servidores públicos y particulares en ese servicio en particular sin limitación o limitación dado el caso. 

Sin embargo, causa desconcierto, cuando el (los) ponente (s) señala (n), que igual suerte corren las actuaciones del congreso bajo la presunta legalidad virtual que le otorga la Ley 5/92, extendiéndolas a las normas que regulen iguales casos, materias o procedimientos, el cual repercuten inaplicables a la luz de la constitución y la ley este asunto en concreto de la muy debatida virtualidad, por cuanto no se pueden equiparar normas de contenido orgánico con otras de carácter estatutario, es decir, no existe unidad de materia, ya que entre unas y otras, no regulan el carácter uniforme de la reglamentación con que cada rama cumple su propósito dentro de los fines esenciales del estado y desde la naturaleza en que el constituyente primario a través del derivado determinó en estas su complexión y posterior desarrollo en el tiempo, porque mientras unas, como bien lo señala la corte en su propia decisión C-630/14, resaltando y extrayendo la teoría de la tridivisión del poder, la legislativa es quien crea las normas, la judicial las interpreta, y por último, el ejecutivo, las implementa.

Entonces así, es contradictorio, señalar que la Ley 5/92 se integra a normas de carácter estatutario u ordinario para su interpretación, porque no es así, y porque le resulta ajeno al Congreso comportarse como lo hacen los órganos de la justicia en la glosa de las normas y no en la extensa realidad de crearlas como es su exigencia histórica, salvo, lo que se determina en su función judicial (política). Además, la Corte Constitucional en decisiones reiteradas como la C-600ª/95, C-352/98, C-579/01, C-618/02 y C-887/02, señalan que un criterio puramente literal no es suficiente para delimitar el contenido de la ley, ni mucho menos le permite tramitar al congreso y aprobar procedimientos que son de reserva exclusiva de la ley orgánica, incurriendo en un verdadero vicio material de competencia.  

En ese orden y de muy mala forma, y hasta grotesca se diría, insiste la Corte Constitucional en pregonar y vender esa falacia en su decisión del cercenamiento injustificado que el ejecutivo hizo, al limitar supuestamente ese control y equilibrio político en lo que debía propender el legislativo, y que no lo hizo, no por razones estrictamente de los decretos que limitaban el desplazamiento de la ciudadanía en general – y que fueron generados por la pandemia -, sino por la caprichosa acción del mismo legislador, exento de ello por su calidad, desconociendo su propio reglamento, desplegando responsabilidades en la confrontación interpretativa de qué si un traslado de lugar del cuerpo legislativo equivaldría a sesionar en los mismos términos de la presencialidad con idéntica legalidad, o qué si se podía actuar en la mismas condiciones en que los operadores judiciales asumían sus oficios, o qué sí desde el confort de la distancia, sin necesidad de erogar gastos, se podía aprobar vía zoom cada uno de los actos legislativos. 

En fin, la Corte Constitucional, arropa de legitimidad lo ilegitimo de la omisión parlamentaria dentro de las expeditas formas de la cláusula general de competencia, al seguir esa conceptualización de vieja data y actualizada, en lo que corresponde a la separación de poderes, la representación democrática, el sistema de pesos y contrapesos, la colaboración armónica entre estos, y en su defecto, olvidó los más importante por ese congraciado hecho, que la querella de la sociedad está implícitamente gobernada por el requerimiento primario, que se le hace a los legisladores de realizar su tarea, y que no la hacen, más cuando se ha insistido y que es la misma decisión de la Corte que lo reconoce, que ni aún dentro de los estado de excepción, sin ser convocados por el Presidente de la República, estos se pueden reunir por derecho propio, y aún tampoco lo hicieron como se los ordena la constitución en su artículo 215, inciso 7; asunto que le incumbe al legislativo únicamente y que independiente de existir ese polémico artículo 12 del decreto 491, en nada coaccionaba o impedía lo que como rama podía efectuar sin mayor contrariedad: reunirse y legislar.

Continua el yerro de la Corte, cuando asimila en igualdad de condiciones la virtualidad para todas las corporaciones de elección popular, lo cual es un exabrupto a la carta como su guardiana, porque en nada se identifica la rama legislativa con la de las corporaciones administrativas (alcaldía, gobernaciones, concejos y asambleas), a pesar que sus miembros son escogidos por el voto popular – para ambos -, pero con la notable diferencia, que los primero crean leyes y los segundos las ejecutan para su cumplimiento, y como en efecto se dijo, lo que los gobierna a cada uno, es lo que los separa de las leyes orgánicas de las estatutarias u ordinarias y no de forma subsidiara y excepcional como se explaya en la C-008/03, por carecer la Ley 5/92 de virtualidad. 

No obstante, en esa hilada agridulce, la Corte convida al congreso para que entre la virtualidad y lo semipresencial de la sesiones, de forma paulatina reforme su reglamento, sin desconocer su independencia y autonomía, sin que se afecte la democracia y la representación, lo cual como se ha dicho, resulta grave, que sea la misma Corte que trace una línea en la gobernanza del aparato legislativo y sustituya la constitución y su propia ratio, asumiendo competencias que no le son propias, quebrantando su fiel papel de salvaguardar la epístola constitucional, desconociendo su propio reglamento y el control de límites mediante una interpretación errada de la sistemática del alcance de la reserva de ley orgánica y la rigidez que se precisa para la expedición de normas de esta categoría.

No queda otro camino que demandar la inconstitucionalidad de los actos expedidos por el congreso con ocasión a la virtualidad inexistente, así como lo que se derive de la elección del futuro Procurador, Defensor del Pueblo y de los Magistrados, como forma de darle mayor discusión al debate que apenas comienza en medio de tanta restricción y agotable tintero de concepciones. 

JORGE MARIO PEREZ SOLANO
Acerca de JORGE MARIO PEREZ SOLANO 21 Articles
Abogado,Especialista En Derecho Administrativo, ha sido asesor y consultor en el sector nacional y territorial socio en Safey & Lawyers SAS - Bogota. Fue columnista en el hoy diario del magdalena, bloguero en kienyke,columnista en seguimiento.co. Samario de nacimiento,Barranquillero y Bogotano por adopción;su domicilio y residencia están en Bogotá y Barranquilla