Subir aranceles por decreto a productos primarios es condenar a un país a la escasez, a precios altos y a la imposibilidad de exportar. La manera de enfrentar el reto del libre comercio es la productividad. Clic para tuitear

Los precios de los productos de la canasta familiar definen el día a día de una familia vulnerable en Colombia. Subir aranceles a productos primarios, no genera más consumo de los productos nacionales, sino escasez de los existentes, y un aumento automático del precio en los productos de la canasta. La soberanía alimentaria es el camino directo para subir los precios de los alimentos.

Una familia vulnerable en Colombia destina el 23% de sus ingresos para la compra de alimentos y una familia de altos ingresos el 8%. La política de libre mercado colombiana le permite a un jefe de hogar obtener el producto de la canasta familiar más barato posible. Entre dos productos idénticos, como una papa nacional y otra importada, el jefe de hogar puede elegir aquella con menor precio. Por costos de logística y productividad, en la mayoría de los casos el producto más barato es el producido en Colombia: el 80% de los alimentos que consumimos son producidos en nuestro territorio- 24 millones de toneladas. Sin embargo, para tener precios más bajos el mercado importa el 30% de los alimentos que consumimos, cerca de 10 millones de toneladas.

Si el primer decreto presidencial de Petro fuera declarar soberanía alimentaria mediante el aumento de aranceles, al día siguiente tendríamos las centrales de alimentos sin la tercera parte de la comida. Y lo peor aun, la comida tendría entonces precios más altos, pagable por familias de altos ingresos. Una política regresiva.

El siguiente paso, al estilo de la Unión Soviética con sus planes quinquenales o los que hemos visto por Nicolás Maduro, sería decretos presidenciales intentando controlar los precios de los alimentos. Terminaríamos con una inflación sostenida que destruiría el sistema económico.

Otra consecuencia posible serían las represalias internacionales. El ejemplo más utilizado por los economistas es el caso de la ley de Smoot-Hawley de 1930 en los Estados Unidos. El congreso decidió aumentar hasta un 41% el arancel a más de 23 mil productos importados bajo la premisa de que se debía consumir lo nacional. El resultado fue una protesta de más de 20 países. Por ejemplo, Canadá decidió poner un arancel de más del 30% a cerca de 20 productos producidos por los Estados Unidos. Se estima que entre 1929 y 1933, la caída de las exportaciones por la ley de Smooth-Hawley, fue responsable del 21% del declive, que unido a la recesión fue del -16,5% del PIB en los Estados Unidos.

Tres años después la ley Smooth-Hawley fue derogada y en 1946 surgió el GATT como organismo predecesor de la Organización Mundial del Comercio con el propósito de evitar fijación de aranceles unilaterales. Inglaterra también sufrió una crisis económica por la subida de aranceles en 1815 por la ley de cereales que fue abolida en 1846. Las protestas nacionales e internacionales fueron muy grandes, y dieron lugar a la creación del periódico inglés The Economist en 1843 que abogó por el libre mercado y la necesidad de eliminar los aranceles a productos primarios.

Subir aranceles por decreto a productos primarios es condenar a un país a la escasez, a precios altos y a la imposibilidad de exportar. Si queremos consumir más de lo que producimos nacionalmente, la solución es convertirnos en compradores conscientes; aquel que pueda que compre lo nacional. La manera de enfrentar el reto del libre comercio es la productividad. No se trata de vender el mismo producto más caro, sino mejorando la cadena productiva y sumándole valor al producto. Hoy hay retos muy grandes frente a los subsidios escondidos, pero la tarea es luchar contra eso, y no cerrarnos.

Paloma Valencia L.
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Paloma Valencia Laserna abogada, política y líder de opinión colombiana. Es Senadora de la República de Colombia por el Partido Centro Democrático desde 2014 y para el periodo 2018-2022.

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