¿Por qué el Estado, conocedor del derecho y de su ámbito de aplicación, se traga entero ese cuento de la inaplicabilidad a los indígenas de las normas que prohíben y castigan los bloqueos? Clic para tuitear

De acuerdo con algunos diccionarios y publicaciones médicas, el apéndice es un órgano pequeño, en forma de tubo, unido a la primera parte del intestino grueso. Está ubicado en la parte inferior derecha del abdomen y no tiene ninguna función conocida. Sobre esto regresaré más adelante.

 

Recientemente se ha visto a los líderes de las comunidades indígenas del Cauca salir en redes sociales y medios de comunicación en general a dar al gobierno nacional otro ultimátum para el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el pasado con estas minorías étnicas, amenazando con volver a la ya vieja y conocida práctica de bloqueo de las vías terrestres que comunican al suroccidente del país con el resto del territorio nacional.

 

Pero en esta oportunidad han ido incluso más allá, pues han sido enfáticos al resaltar la posibilidad de una nueva incursión en el casco urbano de la ciudad de Cali, no solo capital del departamento del Valle del Cauca, sino también principal centro demográfico, económico y comercial de la región. Muy al estilo de lo que hicieron en los pasados meses de abril y mayo, con ocasión del desafortunado paro nacional que suscitó la radicación en el Congreso de una reforma tributaria que se percibió por algunos sectores de la sociedad como opresiva. Ya todo el país conoce los nefastos hechos que acaecieron en el marco de esas manifestaciones.

 

Frente a esta inminente situación, no queda otro remedio que insistir en lo peligrosa que resulta la permisividad que desde todo punto de vista han mostrado desde hace años las autoridades estatales frente a estas conductas, concretada, por un lado, en la falta de acciones encaminadas a evitar que se presenten, sumada a la casi nula estrategia para conjurar la situación una vez ocurre, lo cual constituye un claro incentivo para sus autores (tanto intelectuales como materiales), mientras que, por el otro, es evidente que el éxito en sus pretensiones tiene siempre un efecto nocivo, pues cuando un niño ve que su berrinche funciona, con toda seguridad seguirá haciéndolo.

 

Es así como, bajo la bandera de ser sujetos de especial protección constitucional y de gozar de una jurisdicción especial propia, abusan sistemáticamente de sus prerrogativas y violentan los derechos de los habitantes de todo un departamento.

 

Es importante recordar que esa violencia no se limita a los bloqueos en sí mismos, sino que empieza desde la sola amenaza pública de bloqueo, con lo que ponen en un estado de zozobra a buena porción de la población nacional.

 

De hecho, no se entiende por qué el aparato estatal permanece impasible ante este modus operandi, cuando a través de todo el ordenamiento jurídico vemos reproches y castigos para esas conductas, en normas tan claras como la que contiene el delito de obstrucción a vías públicas que afecten el orden público (artículo 353A del Código Penal) y las que consagran los deberes de convivencia y los comportamientos contrarios tanto a la protección y conservación del espacio público como del medio ambiente, de la salud pública, del patrimonio cultural y hasta de la vida y la integridad de las personas (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana), entre varias otras.

 

No se puede seguir aceptando ese falaz discurso que algunos venden, no sé si equivocada o taimadamente, según el cual las comunidades indígenas están facultadas para incurrir en todos estos atropellos impunemente, en virtud de lo que ellas mismas han tenido a bien denominar su derecho propio.

 

La Constitución es clarísima a la hora de señalar que la jurisdicción especial indígena, a pesar de conferirles la facultad de tener sus propias normas y autoridades, debe estar en todo momento bajo el imperio de las normas superiores, de modo que ninguna conducta de los miembros de las comunidades que la integran está exenta del deber de respeto y acatamiento del texto constitucional, máxime si van a desarrollarse fuera de los límites territoriales de los resguardos y con grave afectación de la población no censada como indígena.

 

Me pregunto cómo actuarían las autoridades administrativas y de policía, e incluso los jueces de la república, si un grupo, por pequeño que fuera, de ciudadanos comunes y corrientes, se apostara durante semanas enteras en las vías públicas.

 

¿Por qué el Estado, conocedor del derecho y de su ámbito de aplicación, se traga entero ese cuento de la inaplicabilidad a los indígenas de las normas que prohíben y castigan los bloqueos?

 

Pero si hay algo aún más grave que lo anterior, es el tinte de legalidad que le imprime el gobierno a esas vías de hecho cuando acepta sentarse a negociar con las comunidades en esas condiciones, bajo esa coacción, que en cualquier otro escenario tornaría cualquier acuerdo nulo, precisamente por la presión ejercida de forma antijurídica por uno de los extremos de la negociación sobre el otro.

 

Esa espuria legitimación de los actos violentos de las comunidades indígenas fractura y lesiona el ordenamiento jurídico de una forma casi irreparable, siempre bajo la égida del famoso acto político o de gobierno, ejercido de una forma muy napoleónica, dicho sea de paso.

 

Pero más allá de lo jurídico, también es imprescindible hablar de los aspectos económico y social, que después de cada bloqueo (porque tristemente, en el Cauca al menos, no son nada nuevo), son los que terminan más vapuleados y maltrechos.

 

Para nadie es un secreto que desde hace varios años los empresarios nacionales y extranjeros sienten un muy fundado temor de traer sus capitales e invertir en esta zona del país, y que los locales prefieren emprender en otras latitudes, precisamente ante la incertidumbre que genera la posibilidad latente y permanente de una obstrucción sorpresiva e indefinida de los canales de transporte terrestre, que les impida llevar y traer insumos y mercancías desde y hacia el Departamento, así como la adecuada prestación de servicios.

 

Lo que es peor, recientemente hemos tenido que ser testigos de la salida de empresas de gran renombre en la industria nacional, y con ello despedirnos de cientos, sino de miles de empleos formales, viendo al mismo tiempo cómo bajan aún más los ya deprimentes indicadores económicos del Cauca.

 

Lo más sorprendente es el síndrome de Estocolmo que parece aquejar a la ciudadanía caucana, que a pesar de verse literalmente secuestrada durante semanas e incluso meses por cuenta de estas comunidades, aplauden lo que interpretan como gallardía de su parte, sin percatarse ni preguntarse si en algún momento no les tocará padecer la falta de empleo, de insumos médicos y hasta de comida que se genera durante los bloqueos.

 

En conclusión, desafortunadamente el gobierno nacional no se ha dado cuenta del daño que le causa a la región cuando decide ceder ante las presiones de esta índole y acceder siquiera a negociar en esas condiciones, pues la inseguridad jurídica y económica que se generan, sumada a la inactividad de las autoridades, han terminado por convertir al Cauca prácticamente en un apéndice del país, con la diferencia agravante de que este está ubicado (y tiende a inclinarse cada día más) a la izquierda y no a la derecha.

Carlos Jorge Collazos A.
Abogado | + posts

Carlos Jorge Collazos Alarcón, abogado, especialista y magíster en Derecho Administrativo, magíster en Responsabilidad Contractual, Extracontractual, Civil y del Estado, litigante y juez administrativo ad-hoc. Conservador en lo ético y liberal en lo económico.