El autogolpe

Jorge Mario Pérez Solano

Jorge Mario Pérez
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Jorge Mario Pérez

El reciente comunicado por la Corte Constitucional en su página a través de boletín No. 115, que declaraba la inexequibilidad del artículo 12 del decreto 491 expedido por el gobierno nacional, resultó todo un exabrupto de excesos en el ámbito de competencias y un total despropósito en la seguridad jurídica.

Al parecer los 5-4 magistrados – mayoría – de la Corte Constitucional soslayaron el sentido del verbo “podrán”, que hace referencia a una conjugación del acto reservado a quien detenta una facultad o una potencia de realizar alguna acción en particular sin la intervención de un tercero.

Y eso es lo que se verifica al revisar el contenido del artículo 12 del decreto 491 del pasado 28 de marzo, que en su expresa disposición, el gobierno, sin perjuicio de las normas vigentes (véase el decreto), tal como se constata del articulado declarado inexequible, les permite a los demás órganos colegiados del poder público y en todos los órdenes territoriales, pese a existir una restricción, más no una suspensión de los derechos intangibles con ocasión al decreto 417 del 17 de marzo, que por cierto fue declarado exequible, realizar sus sesiones de forma no presencial a través de las comunicaciones simultaneas y sucesivas que a bien tengan sus reglamentos, anteponiendo la vida y la salud de sus miembros. 

Así pues, se observa, como equivocadamente lo señala la Corte Constitucional en su decisión, cuando insiste en que existe una asunción de competencias por parte del ejecutivo en lo que corresponde a la autonomía de la rama legislativa – y que no la hay -, ya que esta, podía reunirse por derecho propio sin que el mismo presidente los convocará durante la declaratoria del estado de excepción, para efectos de realizar el control político y que concurría en iguales términos de la línea del control jurídico automático del tribunal constitucional.

De manera que, la Corte Constitucional desconoce su propio precedente, cuando en C-300/94, C-366/94, C-466/95, C-027/96, C-122/97 y C-802/02 en consonancia con la Ley 137/94, enuncia la naturaleza de los estados de excepción bajo el ordenamiento actual, distinguiendo los limites materiales, formales y temporales a la potestad presidencial por medio de los sistemas duales de control, obligándole al Congreso de la República como constituyente derivado del poder popular y con base en sus facultades, promover el debate público dentro de la oportunidad que le concierne en el estado de excepción, dependiendo de su estricta voluntad la iniciación de un trámite de intervención en la actuación que adelante o haya adelantado el Presidente de la República en uso de sus facultades legislativas y deducir si existe o no responsabilidad política junto con sus ministros frente a la expedición de la ocurrencia de los supuestos contemplados en el mismo acto (s) consignado (s).   

No cabe dudas, que el Congreso de la República omitió su deber constitucional de reunirse dentro de los términos que la misma constitución y la ley le han prescrito, y que no puede ser objeto bajo la aparente línea jurisprudencial del extremo deducible de la innecesaria posición que la misma carta política es la que surte el debido proceso de deliberación y decisión, cuando ello no fue así, ya que la oficiosidad fue completamente nula, inexistente, sin capacidad para entrar a operar como un verdadero ente independiente, autónomo y de perfil desde la fecha en que empezaron a expedirse los decretos presidenciales. 

Mal hizo la Corte Constitucional en declarar la inexequibilidad de una norma en idéntico sentido de las garantías a la salud, el bienestar y la especial protección de los integrantes del congreso, por cuanto los decretos expedidos con anterioridad, ya tenían esos efectos erga omnes sin distinguir la condición del destinatario de la medida de protección, y en consecuencia, desbordó su ámbito de competencia asignado, al asumir el vacío que no quiso asumir el legislativo, ejerciendo un control político vetado e impropio, desconociendo los principios del estado social de derecho y sus fines esenciales e interpretando de forma errónea el sentido gramatical de una palabra que ni obligaba y mucho menos reformaba o modificaba lo que la Ley 5/92 instituía como reglamento propio de quien podía o no asumir su competencia desde lo no presencial y presencial, y aun así, como se dijo en líneas anteriores, no lo quiso efectuar.

Contrario sensu, lo que hizo la rama judicial, que inequívocamente, e intrínsecamente en la potestad legal y reglamentaria, asumió sin temor alguno, a través de su propio reglamento, el ejercicio que se le exige y que ha propendido como administrador de la justicia de forma independiente, pública y permanente, y que con el subsiguiente decreto 806/20, expedido por el gobierno, que desarrolla lo que ya está inserto en la respectivas normas estatutarias y ordinarias en lo referente a la virtualidad y que no ha sido objeto de inexequibilidad.  

De ahí que, razones suficientes tienen los que proponen una reforma a la justicia, cuando a primera vista denuncian el notable favorecimiento de la Corte Constitucional sobre el Congreso, máxime cuando es éste último, por medio del Senado de la República, quien nombra a los primeros, y que en efecto, hace pensar que ese sin sentido, es una manera no solo de enmendar un insustituible hecho que fue arropado bajo el pretexto de la protección del texto legal y presionar los caducados ejercicios y posteriores designaciones y elecciones de los magistrados, del Defensor del Pueblo y del Procurador General de la Nación con el estrecho sustento de que ahora sí el congreso puede sesionar porque no les habían permitido hacerlo. 

Sin embargo, no debe escapar, que ese control es definitivo, y que una vez la Corte se pronuncia, no hay lugar a una acción pública de inconstitucionalidad de forma posterior. 

Siendo así, el problema no era precisamente que si el presidente les había cercenado o no su capacidad de deliberación como lo venían asegurando con vociferadas intervenciones de golpe de estado, sino que no hallaban la forma de justificar su reincorporación a la vida política, con la oportuna inexequibilidad, después de haberse comprobado que efectivamente no existen motivaciones para mantener un cuerpo tan numeroso y costoso en medio de tan dificultad, ya que fácilmente con una sola cámara y por circunscripción territorial se puede organizar una nueva corporación en beneficio del país y del presupuesto. 

Bien decía Giulio Andreotti: “el poder no desgasta, lo que desgasta es no tenerlo”.  

JORGE MARIO PEREZ SOLANO
Acerca de JORGE MARIO PEREZ SOLANO 22 Articles
Abogado,Especialista En Derecho Administrativo, ha sido asesor y consultor en el sector nacional y territorial socio en Safey & Lawyers SAS - Bogota. Fue columnista en el hoy diario del magdalena, bloguero en kienyke,columnista en seguimiento.co. Samario de nacimiento,Barranquillero y Bogotano por adopción;su domicilio y residencia están en Bogotá y Barranquilla