El autoritarismo con arrogancia de la JEP no conoce límites

Martín Eduardo Botero

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Cada vez resulta más evidente que la JEP, que ya se encuentra contaminada de ilegitimidad desde el principio y desacreditada en el límite de la aceptabilidad, no conoce límites políticos ni jurídicos o de otra índole. Clic para tuitear

 

Martín Botero

La citación a audiencia pública a ministros del gobierno de Iván Duque, entre ellos el fiscal general es una expresión descarada del autoritarismo con arrogancia que impregna la denominada jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como un primer paso de interferir en la vida política de la nación y ejercer influencia indebida contra miembros del gobierno y altos funcionarios, lo que va en contra del espíritu de diálogo y la cooperación institucional. Me horroriza ver cómo la intromisión de esa JEP gobernada por una burocracia omnipotente a la par que inepta, movida por el irrefrenable afán de concentración de poder absoluto, amenazan ahora con acosar a uno de los otros poderes públicos constituidos, cada uno de los cuales es soberano en su esfera respectiva, mostrando el más total desprecio por la piedra angular más esencial de nuestras sociedades, la separación de poderes. Cada vez resulta más evidente que la JEP, que ya se encuentra contaminada de ilegitimidad desde el principio y desacreditada en el límite de la aceptabilidad, no conoce límites políticos ni jurídicos o de otra índole.

“La JEP en su ambicioso mandato es el extremo opuesto de la buena gestión y la transparencia, de la legislación clara y de la eficiencia en la formación de las decisiones y en su puesta en práctica. Además, no goza de la más alta reputación y de gran aceptación entre los ciudadanos”.

Es señal de desprecio por el veredicto legítimo del pueblo y el chantaje e interferencia inaceptables después de éste, en el que va implícita la afirmación de una representación que no pueden probar, porque nadie se la ha dado. Al fin y al cabo, esta JEP que ya ha revelado una preocupante tendencia al activismo judicial, no pretende otra cosa que aumentar su poder aparentemente incontrolable hasta convertirse en una suerte de omnipotente voz de la verdad, a través del ejercicio de una autoridad indiscutida y jurídica omnipotente, pero carente de identidad y de alma. Es así como el rigor y la justicia en procesos penales y el respeto por la legislación nacional, ceden el paso peligrosamente a la jerga técnica y burocrática que envalentona a los criminales, además de devastar a las víctimas y como una alta jurisdicción se transforma en un grupo de amanuenses intelectuales que tiene todas las respuestas a las preguntas, y como el juicio justo y público ante un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con arreglo a la legalidad queda reemplazado por el ideal institucional de conformismo sobre las verdades y del letargo por la acción (sin los estándares mínimos requeridos para un juicio justo y transparente), acatamiento y marcha a favor de la corriente.

Si el pueblo de Colombia se tomase en serio, se producirían consecuencias trascendentales para la paz y la seguridad en nuestra parte del mundo. En el actual clima de desapego de los ciudadanos hacia la JEP, las… Clic para tuitear

Esa es una extravagante tergiversación simplista y flagrante de la lógica, de la justicia y del derecho que busca desviar la atención de los problemas verdaderos o de fracaso en el cumplimiento de sus obligaciones y continúa negándose a poner en práctica el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Es difícil imaginar un abuso más atroz de autoridad o una flagrante violación del derecho de las víctimas y el respeto a los derechos humanos que va en contra del espíritu de la Constitución y debe corregirse. Esto es una burla al pueblo, que aspira a vivir en paz, democracia y libertad. A su vez, estas acciones se convierten en un obstáculo grave e injustificado para nuestras instituciones legítimas y nuestras Leyes, y la noción misma de soberanía nacional. La JEP en su ambicioso mandato es el extremo opuesto de la buena gestión y la transparencia, de la legislación clara y de la eficiencia en la formación de las decisiones y en su puesta en práctica. Además, no goza de la más alta reputación y de gran aceptación entre los ciudadanos.

“Es un verdadero desafío, pero no podemos pasarlo por alto. Nuestro deber como juristas no es decir cosas populares, sino decir lo que debe ser dicho. Cada vez más ciudadanos ponen en tela de juicio un órgano monstruoso como es la JEP, si no el principio mismo, sí su alcance, quieren ver los resultados y cuáles son los motivos por los que es necesaria y piden escuchar los puntos de vista y las propuestas de los ciudadanos que han dicho «no”.

Persiste el estancamiento que se produjo con el rechazo por el electorado del acuerdo fundacional, la congelación de facto. Les recuerdo: el pueblo votó democráticamente sobre ese denominado acuerdo de paz lo rechazó y lo escarneció, sería un error eludir la pregunta clave de cuál se supone que será el resultado final de esta JEP. Debemos ser muy concretos en este aspecto y analizar la situación con honestidad; se rechazó su resultado en el plebiscito. El pueblo ha dicho no a la JEP, un no claro y rotundo. En pocas palabras, los ciudadanos han dictaminado la muerte de la JEP; tras haberla rechazado, ya no hay nada más que hacer al respecto, y cuanto antes lo admita la Colombia, antes podremos iniciar las reformas necesarias: reducir la intromisión grave de la JEP en asuntos de responsabilidad nacional, acabar con el derroche financiero y el fraude en Colombia, y velar por que se adopten medidas adecuadas para poner en manos de la justicia a los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Colombia no quiso una JEP; tampoco quiere esta denominada Comisión para la Verdad y la Reconciliación. El creciente escepticismo y la falta de confianza con la JEP continuará aumentando de forma considerable y se hacen más duras las posiciones; si el pueblo de Colombia se tomase en serio, se producirían consecuencias trascendentales para la paz y la seguridad en nuestra parte del mundo. En el actual clima de desapego de los ciudadanos hacia la JEP, las palabras ya no bastan; se precisan actos concretos, visibles y convincentes. Hacen falta propuestas humildes y acciones efectivas. La Presidencia Duque podría acabar en los libros de historia como la primera Presidencia que tuvo en cuenta realmente los deseos del pueblo. Solo lo logrará dando buen ejemplo y propiciando la claridad tan largamente esperada. Ha heredado usted un campo minado. ¡Suerte! No obstante, si se decide forzar a los ciudadanos a tragarse una JEP y esta Comisión para la Verdad y la Reconciliación, lo único que se conseguirá es reforzar la oposición a la misma por parte de la opinión pública, hasta que se decrete sin más consideraciones la abolición formal de la JEP.

Mientras tanto, en un nivel más mundano, mantener este “club” se está convirtiendo en algo muy caro. Se trata del dinero de los contribuyentes.  En efecto, ahí es donde duele. Debemos escuchar cuando algunos de nuestros ciudadanos se lamentan del despilfarro de la financiación de la JEP o el derroche de los recursos en algunos programas, pero ¿qué ocurre con la protección de la gente normal y corriente, la cohesión social y el cuidado de los vulnerables? Hemos de trabajar juntos en esto. Es inaceptable que debamos extraer todos nuestros recursos del presupuesto nacional, que ya se encuentran bajo presión para pagar esa JEP. Colombia no puede tolerar esta situación cuando existen tareas importantes que no pueden financiarse. Si queremos una Colombia fuerte, no podemos esquivar esta cuestión con timidez. Es un verdadero desafío, pero no podemos pasarlo por alto. Nuestro deber como juristas no es decir cosas populares, sino decir lo que debe ser dicho. Cada vez más ciudadanos ponen en tela de juicio un órgano monstruoso como es la JEP, si no el principio mismo, sí su alcance, quieren ver los resultados y cuáles son los motivos por los que es necesaria y piden escuchar los puntos de vista y las propuestas de los ciudadanos que han dicho «no”.

Perciben la JEP como una entidad que no les puede proteger y se están discutiendo muchas ideas. Sin embargo, no hay consenso sobre el camino a seguir. ¿Ha llegado el momento de presentar por fin una solución? ¿Por qué no? Dicho de una forma fácil de entender, ¿ha llegado la hora de trabajar sobre el referéndum o todavía toca trabajar sobre el texto? Nadie ratifica algo que está muerto. A nuestro entender, es el camino que hay que seguir, pero no para volver con una nueva versión, ligeramente suavizada, no veo de forma inmediata ningún gesto más significativo que un llamamiento claro y público a favor del rechazo o la retirada definitiva. Les deseo todo lo mejor. ¡Amen!

Martín Eduardo Botero
Acerca de Martín Eduardo Botero 87 Articles
Abogado Europeo inscrito en el Conseil des Barreaux Europèens Brussels. Titular de Botero & Asociados, Bufete Legal Europeo e Internacional con sede en Italia y España. Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Presidente y fundador de European Center for Transitional justice y vicepresidente en la Unión Europea de la Organización Mundial de Abogados. Graduado en Jurisprudencia por la Universidad de Siena (Italia) con Beca de Honor y Licenciado en Derecho por la Universidad Católica de Ávila (España). PhD en Derecho Constitucional Europeo por la Universidad de Bolonia con Beca de estudio del Ministerio de Exteriores italiano y la Unión Europea. Colabora con universidades, institutos de investigación especializados y organismos de la sociedad civil en los programas de cooperación jurídica y judicial internacional. Consultor Jurídico independiente especializado en anticorrupción. Su último libro lleva por título “Manual para la Lucha contra la Corrupción: Estrategia Global: Ejemplos y Buenas prácticas”.