El controvertido Auto de la C. Constitucional: una muestra de arrogancia inaceptable de poder y activismo judicial

Martin E. Botero

@boteroitaly

El controvertido Auto de la C. Constitucional: una muestra de arrogancia inaceptable de poder y activismo judicial Columna de Martin Eduardo Botero Clic para tuitear

A pesar de que se declaró inhibida para pronunciarse sobre las objeciones presidenciales al proyecto de ley estatutaria por carencia actual de competencia directa respecto de este asunto, la Corte Constitucional en su muy confuso y muy controvertido Auto 123/2019 responde y da cumplimiento a las solicitudes formuladas por el Presidente de la Cámara de Representantes (también a la del Procurador General de la Nación).

La Corte se extralimita aquí en sus competencias actuando ultra vires y no se salva de rendir cuentas y atender las preocupaciones y preguntas de los ciudadanos. El máximo tribunal está ultra vires, por esta razón, únicamente puede dictar una decisión sobre la base de motivos legalmente admisibles, es decir, pertinentes y que no adolezcan de error manifiesto de apreciación y de motivación insuficiente por lo que respecta a la solicitud del demandante. De hecho, la Corte carece de competencia suficiente y de atribuciones tanto para formular espontáneamente recomendaciones u opiniones consultivas sobre cuestiones generales o hipotéticas o realizar un asesoramiento jurídico interno, un examen detallado del material jurídico o reformar las políticas y prácticas del gobierno como para responder a la cuestión planteada por el Presidente de la Cámara de Representantes, si no se adoptan al amparo de la Constitución.

La Corte se extralimita aquí en sus competencias actuando ultra vires y no se salva de rendir cuentas y atender las preocupaciones y preguntas de los ciudadanos. Clic para tuitear

De este modo, la corte invadió la competencia rationae temporis de otras instituciones al adoptar el auto controvertido, por lo que sería nulo de pleno derecho. Creo que tal acción sería ilegal y ultra vires de la Constitución: la Constitución no le asignó a ese Tribunal poderes ilimitados, absolutos e incontrolables, delegados, o expresos para ello. En este sentido, insistimos en que la Corte deberá asegurarse de evitar todo acto ultra vires que ponga en peligro su integridad y credibilidad.

Veamos, a modo de ejemplo, la petición de decisión prejudicial planteada por el Presidente de la Cámara de Representantes a la C. Constitucional.

El Presidente de la Cámara partió del principio de que la legislación colombiana prohíbe al Sr. Presidente de la Republica formular objeciones al citado proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, que está en trámite legislativo, haciendo referencia a circunstancias de hecho erróneas (o malintencionada), irrelevantes y ajenas a la competencia del Tribunal Constitucional, en particular, sin haber formulado ninguna argumentación en su apoyo en el propio escrito de interposición y sin aportar ninguna justificación válida (carácter descriptivo en abstracto). En la misma carta, el presidente de la Cámara Baja, también solicitó a la Corte si el Congreso – es obvio que por mandato constitucional le corresponde al Congreso el estudio de las principales objeciones por conveniencia política- tenía competencias para tramitarlas o las normas jurídicas que éste debía respetar, es decir si podía legislar y armonizar esta materia. En tales circunstancias, las cuestiones planteadas por el Presidente son puramente teóricas o hipotéticas y, en consecuencia, inadmisibles y habitualmente la Corte no responde a este tipo de preguntas. Así pues, para que la Corte cumpla su mandato, en esencia, debería haber declarado la inadmisibilidad de esa solicitud o, en su defecto, suspender el procedimiento hasta la conclusión definitiva del procedimiento legislativo. Sin embargo, se observó que esa solicitud se había cursado utilizando como fundamento jurídico al Acto Legislativo 01 de 2016, 153 y 2412-8 de la Constitución y no ha recibido objeciones de los miembros de la Corte.  La ignorancia de la ley se utiliza como una excusa, pero esto es totalmente equivocado.

La claridad normativa y la transparencia en el procedimiento legislativo se oponen a que la C. Constitucional exprese su punto de vista provisional con vistas a una decisión (o de la admisibilidad) sobre el fondo del asunto del proyecto de ley estatutaria (JEP) antes de que se agote el trámite legislativo que se adelanta como consecuencia de la formulación de las objeciones del Presidente de la República constituye un caso particular de parcialidad, se vulneran las prerrogativas institucionales del Presidente de la República y existe el riesgo de que esta pueda ser rechazada a causa de la presunta inadmisibilidad manifiesta de la petición de decisión prejudicial interpuesta en su totalidad.   De existir parcialidad, el máximo tribunal está obligado a inhibirse – parece haber olvidado que Corte carece de derecho a veto contra las objeciones presidenciales -, lo que significa, en primer lugar, que suspende el procedimiento relativo a la solicitud, en segundo lugar, que, si la Corte no se inhibe, continúa el procedimiento y dicta una resolución final, ese Auto adolecerá de «vicios sustanciales de forma», que se aplicaron erróneamente las normas jurídicas y, en tercer lugar, el control de ese criterio se lleva a cabo de oficio y que incluso la referencia más insignificante a los hechos del asunto o a su calificación jurídica desencadena automáticamente una causa de inhibición de la Corte; conlleva no sólo su inhibición y la anulación de su Auto sino también el inicio de un procedimiento por responsabilidad disciplinaria contra los magistrados por infracción disciplinaria.  La Corte adoptaría su posición final en dos actos jurídicos y no en uno (si se presupone que la petición de decisión prejudicial manifiesta un punto de vista final, y no provisional), lo cual, no está permitido conforme al Derecho Constitucional, no lo está conforme a la jurisprudencia constitucional y la Constitución. Además, cabe señalar que dicha ley podría ser objeto de decisiones futuras de la Corte y en los casos y modalidades establecidos por la legislación. Toda ley que sea ultra vires en relación con la Constitución será nula.

Por otra parte, si nos basamos en los principios de atribución de competencias y del equilibrio institucional, resulta manifiesto que la Corte Constitucional se extralimitó en el ejercicio de sus facultades de control que le confiere la constitución a la hora de examinar la solicitud del Presidente de la Cámara, toda vez que adolece de un vicio grave de falta de motivación, al ser ésta insuficiente y errónea, asimismo de un vicio debido a su manifiesto carácter ilógico que debería determinar su anulación. En consecuencia, el acto adoptado por la Corte está viciado de incompetencia y por un defecto fatal, no solo porque esa autoridad carece manifiestamente de competencia para responder a las cuestiones planteadas o sobrepasa los poderes conferidos (exclusión de las actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho constitucional), sino también al haber actuado de este modo sin base jurídica, y de atribuir carácter definitivo a la petición: en efecto, son ultra vires debido a su incompatibilidad con la Constitución y las normas de las leyes pertinentes. Pero detrás de estas buenas intenciones, el método empleado está viciado, mientras el proyecto de la JEP se encuentra todavía en el proceso de trámite legislativo, con vistas al control de la constitucionalidad de la legislación.

El Auto – Mandamiento judicial por el que se ordena que se remita inmediatamente a esa corporación el expediente legislativo completo dentro del próximo 20 de junio, incluso si el mismo fuere archivado total o parcialmente – sobre la base de los cálculos del futuro no genuinamente separados de intereses particulares de índole política lo que no puede sino interpretarse como una muestra de arrogancia inaceptable de poder – es una prueba más de esta interpretación ultra vires del Derecho constitucional y constituye una desviación de poder. Y lo más alarmante es que, incluso si la ley estatal fuere archivado totalmente, la Corte dejó brutalmente claro que se remita lo mismo a esa corporación el expediente legislativo completo. Ello no requiere ninguna argumentación particular, pues nadie sino el Congreso y el Presidente deben defender sus competencias en materia u oponerse a la intervención política de la Corte y poner freno a los actos ultra vires de otros poderes.

Nota:

Pero, aunque parezca paradójico, el actual presidente de la Corte Constitucional dice que “Cuando los jueces sucumben a las parcialidades políticas, se afecta de manera profunda y grave el régimen democrático”.

Pero, aunque parezca paradójico, el actual presidente de la Corte Constitucional dice que “Cuando los jueces sucumben a las parcialidades políticas, se afecta de manera profunda y grave el régimen democrático”. Clic para tuitear
Martín Eduardo Botero
Acerca de Martín Eduardo Botero 16 Articles
Abogado Europeo inscrito en el Conseil des Barreaux Europèens Brussels. Titular de Botero & Asociados, Bufete Legal Europeo e Internacional con sede en Italia y España. Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Presidente y fundador de European Center for Transitional justice y vicepresidente en la Unión Europea de la Organización Mundial de Abogados. Graduado en Jurisprudencia por la Universidad de Siena (Italia) con Beca de Honor y Licenciado en Derecho por la Universidad Católica de Ávila (España). PhD en Derecho Constitucional Europeo por la Universidad de Bolonia con Beca de estudio del Ministerio de Exteriores italiano y la Unión Europea. Colabora con universidades, institutos de investigación especializados y organismos de la sociedad civil en los programas de cooperación jurídica y judicial internacional. Consultor Jurídico independiente especializado en anticorrupción. Su último libro lleva por título “Manual para la Lucha contra la Corrupción: Estrategia Global: Ejemplos y Buenas prácticas”.