El covid-19 se está convirtiendo en una bomba de relojería y es necesario desactivarla

Martin E. Botero

Martín Botero

@boteroitaly

El covid-19 se está convirtiendo en una bomba de relojería y es necesario desactivarla Columna de Martin Eduardo Botero Clic para tuitear

El gobierno y las autoridades -a la espera de poder disponer de la vacuna- se encuentran entre la espada y la pared, por un lado, lidiando con una pandemia que es asunto complicado debido a que sabemos poco de sus posibles consecuencias: y por el otro, apaciguar las crecientes demandas sociales, que alimentan las tensiones, generan una gran ansiedad en la vida cotidiana de los ciudadanos y contribuyen a la inestabilidad política.

Nos arriesgamos de pasar de una bomba de tiempo de emergencia sanitaria a una bomba de tiempo económica y fiscal, política social y de empleo que puede explotar en cualquier momento como si se tratara de un volcán dormido. Las medidas estrictas de cuarentena y aislamiento son una bomba tiempo con el potencial de causar enormes pérdidas económicas y tensiones sociales irreversibles con efectos adversos que superan con creces los actuales beneficios generados a medio y largo plazo. Podrá resultar fácil formular soluciones; la cuestión, sin embargo, es en qué medida esas soluciones estarán a la altura de las exigencias y expectativas, y que se aplicarían en el contexto epidemiológico específico. Sin embargo, cada gobierno no puede por sí solo hacer frente a sus consecuencias. Es imprescindible la cooperación con los municipios y otras fuerzas regionales y nacionales, acompañado de un impulso y compromiso político que favorezca el diálogo continuado y abierto para el desarrollo de enfoques comunes. El distanciamiento y el egoísmo, la megalomanía y la nefasta política o en quienes se sospecha, simplemente, una ligereza culpable no lleva a ninguna parte, y ahora no hay que ceder ante ellos.

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En este contexto, la irresponsabilidad política cuesta cara y ello se aplica a todas las partes. Debemos tener mucho cuidado de no politizar esta pandemia humana y aplicar un doble rasero o poner bastante poder en manos de la ciencia, están en juego demasiadas vidas humanas, el futuro de todo un pueblo y las perspectivas de millones de personas inocentes, esta cuestión tendría consecuencias mortales.  

El planteamiento restrictivo de las medidas legales o reglamentarias impuestas por las autoridades a los efectos proteger la salud pública y prevenir, detectar y evaluar los efectos nocivos de la pandemia del covid-19, como el aislamiento y la cuarentena, para romper la cadena de transmisión del virus deben llevarse a cabo de conformidad con el derecho de todos a vivir con dignidad y no padecer hambre, que es un derecho particular que tiene por objeto evitar que las personas se mueran de inanición y está estrechamente unido al derecho a la vida.

Sin embargo, tales medidas deberán basarse en los principios de desarrollo sostenible y no poner en peligro los medios de subsistencia de la población vulnerable rural y urbana y el bienestar de la sociedad o en las que hay un riesgo de que se intente limitar el derecho inalienable de todos los ciudadanos al trabajo, al acceso a la educación, al ejercicio de su soberanía y a llevar una vida digna y vemos con gran preocupación cómo se van erosionando poco a poco. Sean los que fueren los motivos para ello, trasmite a los ciudadanos trabajadores o desempleados un sentimiento de inseguridad e inestabilidad para su vida familiar y personal que creemos, en estas condiciones, corre el riesgo de agravarse, y provoca un gran desaliento.

No debemos desplazar el centro de gravedad hacia un lado ni hacia otro, porque es evidente que la salud humana es un derecho inalienable y primordial para todos los ciudadanos, pero tampoco debemos desplazar el centro de gravedad y arriesgarnos a recortar o ignorar y comprometer los derechos humanos y las libertades, el derecho a disfrutar la vida, la libertad y la propiedad y a buscar la felicidad, a regresar a sus trabajos con dignidad y seguridad. Un larga cuarentena o confinamiento podría ser un factor de desunión, violencia e inestabilidad y no contribuirá a la reconciliación nacional, toda vez que la emergencia sanitaria que se le asocia es contradictoria con la inspiración inicial de la misma. Nos encontramos así con otra situación paradojal, la presencia simultánea de los dos efectos extremos entre no morir de hambre y el riesgo de padecer una enfermedad, entre proteger la vida y la salud de las personas y la elección de morir de hambre o de someterse. El confinamiento de emergencia debería ser la excepción y no la norma, hay que evitar que los ciudadanos se conviertan en conejillos de Indias.

El confinamiento de emergencia debería ser la excepción y no la norma, hay que evitar que los ciudadanos se conviertan en conejillos de Indias. Clic para tuitear

Las reglamentaciones en vigor durante los estados de emergencia sanitaria permiten al gobierno prescribir el nivel de protección que estime oportuno, no sin antes efectuar una evaluación exhaustiva del riesgo para la vida o la salud sobre una base de principios razonados y coherentes hasta un nivel insignificante o de protección elegido, y al establecimiento de procedimientos para las estrategias «de salida», de conformidad con el principio de precaución y el principio de prevención. Es imprescindible adoptar medidas de preparación justificadas con un «nivel de riesgo aceptable» y la prioridad de acción relativa para reducir el riesgo, según las circunstancias y los intereses del momento, puede ser la mejor como la peor de las cosas.

En la gestión de los factores de riesgo subyacentes hay que buscar el equilibrio entre los riesgos y una rigurosa evaluación de impacto, en los que se incluya un estudio de costes y de beneficios para los individuos, las empresas y la sociedad, es decir, un análisis de cost-benefit, a fin de asegurarse de que los costes no sean mayores que los beneficios previstos, así como el grado de preocupación de la sociedad y juzgar en base a lo que se sepa sobre la evidencia científica antes de adoptar medidas o no, de emprender acción o no, discernir cuánto sabemos sobre el COVID-19 y qué se puede hacer.

Eso implica analizar la relación coste-beneficio y coste-eficacia de las posibles intervenciones – es decir teniendo como base un examen de los posibles beneficios y el coste de las medidas o de la falta de medidas y ser sometidas a revisión a la luz de nuevas evidencias científicas y ofrecer claridad sobre quién es responsable de aportar la evidencia científica necesaria para una evaluación más exhaustiva de los elementos de riesgo, es decir, la carga de la prueba – para garantizar el mejor uso posible de los limitados recursos disponibles -con la forma de usar los recursos para que alcancen y para brindar la ayuda más amplia posible-, y en particular crear las bases para decidir quién tiene la responsabilidad de actuar; los responsables de la toma de decisiones. Es necesario hacer una evaluación de todos esos factores y de la evidencia científica y los conocimientos que ofrezca la ciencia como un instrumento político importante para proteger la salud de las personas.

Es necesario hacer una evaluación de todos esos factores y de la evidencia científica y los conocimientos que ofrezca la ciencia como un instrumento político importante para proteger la salud de las personas. Clic para tuitear

Todos estos elementos deberán aplicarse de manera acumulativa. Esto exige una decisión política y estratégica, más que puramente técnica que no se puede hacer simplemente a través de órdenes e instrucciones impartidas desde lo alto de un trono, sino en colaboración con las autoridades locales y las poblaciones afectadas, con un alto apoyo de los ciudadanos, evitando al mismo tiempo la politización de la ciencia o que se conduzca a la encrucijada entre ciencia y política; la ciencia por sí sola, los expertos, los burócratas y los tecnócratas que trabajan a puerta cerrada no aportarán todas las soluciones. Eso entraña también adaptaciones jurídicas y políticas fundamentales, como por ejemplo campañas de divulgación, recomendaciones, etcétera.

Por ello, tiene un carácter político. Por lo tanto, los gobiernos deberán asociar a los representantes de todas las partes interesadas al proceso de gestión del riesgo con el propósito de alcanzar el nivel de consenso y responsabilidad compartida más amplio posible sobre los juicios expresados y establecer objetivos acordados el nivel de protección deseado y el desarrollo de un sistema de reparto de responsabilidades. No se trata de hacer una proclamación didáctica, nuestras poblaciones desean que la toma de decisiones tenga lugar lo más cerca posible de los ciudadanos. La solución debe pasar necesariamente por una política de conjunto que involucre a las autoridades a nivel nacional, regional y local. Asimismo, conviene señalar que esto no implica automáticamente una prohibición que vaya más allá de un nivel totalmente armonizado.   

La solución debe pasar necesariamente por una política de conjunto que involucre a las autoridades a nivel nacional, regional y local. Clic para tuitear

Necesitamos urgentemente nuevas investigaciones sobre el origen, las tasas de morbilidad, mortalidad y contagio asociada a esta enfermedad infecciosa, incluido el número promedio de infecciones secundarias producidas por cada individuo infectado en una población completamente susceptible, es decir, que nunca ha entrado en contacto con el nuevo patógeno emergente: la probabilidad de transmisión y la duración de la infectividad (RO). Las cifras son en este sentido lo suficientemente elocuentes y de todos conocidas, pero creo que vale la pena repetirlas. La tasa de infección, la tasa de incidencia, la tasa de letalidad (mortalidad atribuible), la tasa de transmisión, el número de muertos y el personal sanitario contagiado con el virus es mucho más grave y mucho más alta en Italia, España, Estados Unidos, etcétera que en otros países de la América latina. Es unas cien veces superior o incluso mayor. El análisis de esos datos es, de hecho, indispensable para poder evaluar los riesgos de forma científica, según el cual en Latinoamérica sería del 0,2%. Esto nos debería hacer reflexionar.

El principio de cautela respecto a la pandemia del COVID-19 debe corresponder a la justa adecuación entre la gravedad del riesgo y las medidas adoptadas, proporcionalidad, no discriminación, coherencia, examen de las ventajas y de los inconvenientes, examen de la evolución científica. Nadie pone en duda la importancia del principio de cautela (o “prudencia”) y la importancia de que exista claridad sobre las modalidades de aplicación legítima del principio de precaución cuando hay inseguridad en torno a los riesgos para la salud humana y en nuestras comunidades, y sea posible extraer conclusiones sobre el grado de riesgo existente, que parece estar ganando terreno. Hasta ahí, tal vez se pueda aceptar; pero lo malo es que el principio de precaución puede crear una generación de políticos temerosos. Una generación que no querrá cargar con responsabilidades y que, por precaución, no se atreverá a tomar decisión alguna. Llevará a una sobrecarga científica de la política, sin conseguir llegar nunca a un consenso, algo que la ciencia tampoco puede ofrecer. Por tanto, el principio de precaución es una idea valiosa e importante, pero de la que debemos intentar no abusar. Es imprescindible que ese principio se utilice bien y que haya garantías jurídicas para las partes afectadas. Hay que tener presente algunos aspectos para garantizar su buen funcionamiento. Debemos garantizar, por ejemplo, que la carga de la defensa de las medidas de cautela, especialmente para los ciudadanos y las empresas, no conlleva una reducción de su capacidad para proteger el trabajo, la misma salud y los medios de sustento a través de acciones de cautela. Debemos, además, saber cuáles pueden ser los efectos perjudiciales de las eventuales alternativas si se adopta una medida de prohibición. Debemos evitar los posibles riesgos. Yo estoy a favor del principio de precaución. Pero quiero señalar un asunto preocupante, y es que se apele al principio de precaución venga a cuento o no. Por ello es bueno que el gobierno elucide el asunto.  Si queremos que la aplicación del principio de cautela sea eficaz y creíble, es fundamental la participación de todos los interesados, incluidos los representantes de la sociedad civil, en las decisiones políticas que rodean su aplicación. Sin querer restar ningún mérito al gran trabajo desarrollado por las autoridades gobernativas o subestimar la gravedad de los riesgos potenciales para la salud humana de la pandemia del covid-19, estimamos que habría que revisar las disposiciones del estado de emergencia en materia de salud pública. Este debate debe tener unas conclusiones, que deberán componer la segunda fase de implementación de las medidas acordadas. Confío en que estén a la altura de las circunstancias, sean conscientes sobre todo de la gravedad de la situación, pero sin crear una alarma social innecesaria, y que actúen con enorme cautela durante el período pandémico del COVID-19, no sólo en el campo de la estrategia y la política económica — enormes daños económicos, mercado de trabajo y de la productividad, por ejemplo—, sino también en ámbitos específicos, como el de garantizar un alto nivel de protección en el campo de la salud pública. Amen

 

Martín Eduardo Botero
Acerca de Martín Eduardo Botero 99 Articles
Abogado Europeo inscrito en el Conseil des Barreaux Europèens Brussels. Titular de Botero & Asociados, Bufete Legal Europeo e Internacional con sede en Italia y España. Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Presidente y fundador de European Center for Transitional justice y vicepresidente en la Unión Europea de la Organización Mundial de Abogados. Graduado en Jurisprudencia por la Universidad de Siena (Italia) con Beca de Honor y Licenciado en Derecho por la Universidad Católica de Ávila (España). PhD en Derecho Constitucional Europeo por la Universidad de Bolonia con Beca de estudio del Ministerio de Exteriores italiano y la Unión Europea. Colabora con universidades, institutos de investigación especializados y organismos de la sociedad civil en los programas de cooperación jurídica y judicial internacional. Consultor Jurídico independiente especializado en anticorrupción. Su último libro lleva por título “Manual para la Lucha contra la Corrupción: Estrategia Global: Ejemplos y Buenas prácticas”.