El discurso de odio y los actos de incitación a la intolerancia política y a la violencia

Martin E. Botero

@boteroitaly

El discurso de odio y los actos de incitación a la intolerancia política y a la violencia Columna de Martin Eduardo Botero Clic para tuitear

Ante la gravedad de los insultos, las expresiones vejatorias, ofensivas, impropias, injustas y ajenas claramente a la realidad que recibió por segunda vez en el extranjero el más alto magistrado del Estado, Sr. Iván Duque, sería preciso examinar detenidamente varias cuestiones jurídicas y de política importantes y las posibles formas de avanzar, como las relacionadas con el tema de la voluntad de luchar concretamente contra el discurso de odio y los actos de incitación a la intolerancia política y a la violencia, incluido el papel y la influencia de los medios de comunicación para atizar la incomprensión, el odio y el rechazo del semejante y a superar el reto que plantea la libertad de expresión bajo sus distintas facetas: libertad política, libertad de información, libertad de conciencia y convicción, que a menudo son las causas de los conflictos, la agitación social y la inestabilidad política y la imprevisibilidad. En ese contexto, alarman la implementación de una política de agresión, el odio fanático y la persecución por motivos políticos que no se investigan eficaz o debidamente o peor aún considerados una infracción menor punible, imputación que el Estado no puede limitarse a justificar haciendo una simple referencia al derecho a la libertad de expresión. Todos conocemos demasiado bien el extraordinario poder de los medios para influir en la opinión pública, moldear la percepción de la realidad, generar actitudes críticas y moralistas inconvenientes, apuntar con el dedo o acusar e incitar a la hostilidad y a la agresión y de la manera en la que pueden manipular y dar forma a los pensamientos y opiniones y controlar el destino de las naciones.

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Esto significa -y no solo presupone- garantizar que los ciudadanos sepan cuáles son las normas específicas que se aplicarán y asegurarse de que tales actos no queden impunes, sino también controlar si las siguen en la práctica y, cuando no sea así, adoptar las medidas necesarias para hacer cumplir la ley. A este respecto, debemos velar por que haya el equilibrio necesario entre el respeto a la ley y a la protección de los derechos fundamentales y la libertad de expresión e información conforme a la Constitución y a la dignidad humana y, en particular, garantizar la aplicación irrestricta del Código Deontológico del Periodismo, cuyo objetivo es prohibir y castigar los delitos cometidos utilizando los medios de comunicación, de forma que se castigue a los periodistas que violan sus principios, depurar responsabilidades, el levantamiento de la inmunidad de sus miembros y proporcionar una reparación a las víctimas y la necesidad absoluta de que los autores de tales actos intolerables respondan ante la justicia. Quisiera volver a subrayar expresamente que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión entraña deberes y responsabilidades especiales y está sujeto a ciertas limitaciones y excepciones, porque hay que decir que ningún Estado puede poner en peligro su seguridad ni justificar el quebrantamiento de la ley haciendo una simple referencia al derecho a la libertad de expresión. Los Estados gozan de un considerable margen de apreciación a este respecto. Este margen de apreciación en un régimen constitucional que esté sometido al principio de la preeminencia del Derecho implica condiciones estrictas para la libertad de prensa y el carácter de interés público y conlleva, sobre todo, la evaluación del peligro que determinado empleo de la libertad de expresión plantea para la equidad, la transparencia y la responsabilidad, de que esas publicaciones están justificadas, y son necesarias y proporcionales a los objetivos que se persiguen y, que cumple sus deberes y responsabilidades hacia el público y las autoridades nacionales para proporcionar una información adecuada a sus lectores. En la práctica, ello quiere decir en particular que se trata de publicaciones inofensivas o hacen buena fe y son de interés general; aseguran el respeto a la persona humana, la “protección moral” y la dignidad personal (el respeto de los derechos humanos y aseguran la garantía colectiva de algunos de los derechos enunciados en la Declaración Universal); están hechas de forma cuidadosa y razonable basada necesariamente en los hechos y las circunstancias, de buena fe y de forma cuidadosa y razonable (dentro de los límites de la lógica), pero que nunca deforman los hechos y tienen voluntad de interferir o dificultar el curso normal de la justicia o con una finalidad contraria a la Ley, moral u orden público.

En la actualidad, quizá más que nunca, existe la necesidad acuciante de que el Gobierno vele por que sus actividades contribuyan a la coexistencia armoniosa y equitativa de los habitantes y de la sociedad civil, centrándose en mejorar la relación y la comprensión mutua entre los ciudadanos y la policía y otros cuerpos de las fuerzas del orden público, y que se impida, se enjuicie y se sancione con diligencia e imparcialidad los atentados contra los funcionarios públicos u otras personas con la diligencia debida. Ello sólo es posible si el Gobierno garantiza que hará todo cuanto esté a su alcance para facilitar información más pormenorizada sobre la protección y recursos efectivos disponibles ante los tribunales nacionales competentes (leyes específicas al respecto, las vías de recurso disponibles, etc.) y a apoyar todas las actividades y las medidas de seguridad activas y enérgicas -con arreglo al Código Penal y al derecho interno – que contribuyan a combatir  los casos de delitos relacionados con el discurso de odio, la propaganda de odio (juicio de los propagandistas) y la incitación, incluidas la difusión de mentiras provocativas, el engaño sistemático de la opinión pública y los delitos de incitación al odio en Internet que vayan más allá de los límites constitucionales, así como sobre el derecho a pedir a esos tribunales satisfacción o reparación justa y adecuada por todo daño ocasionado por un acto de ese tipo, con miras a reducir la incidencia de dichos delitos y responder mejor a las necesidades de sus víctimas.

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Colombia debería tipificar penalmente cada una de las conductas delictivas señaladas, elevando la sanción de manera proporcional a la gravedad de los hechos. El Gobierno debería garantizar el derecho de todas las personas bajo su jurisdicción a un recurso efectivo contra los autores de actos de injuria y agresión verbal, la vida privada o los derechos de la personalidad independientemente de que esos actos sean cometidos por particulares o por periodistas o contra aquellos que han tomado sistemáticamente como blanco a determinados grupos a fin de estereotipar o caracterizar a las personas por motivos políticos, en particular por los periodistas, así como el derecho a pedir una reparación justa y adecuada por el daño sufrido. Al respecto, el Estado debería impartir formación específica a quienes trabajan en el sistema de justicia penal, en especial los agentes de policía, los abogados, los fiscales y los jueces, y organizar campañas de información para dar a conocer al público los mecanismos y procedimientos previstos en la legislación nacional respecto de que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión entraña deberes y responsabilidades específicos, en particular la obligación de no difundir mentiras provocativas y el engaño sistemático de la opinión pública, tergiversar los hechos, así como inventar datos e información basada en un tejido de mentiras. Deberían adoptarse medidas para contrarrestar perniciosos hábitos relacionados con el fenómeno de la difamación y la incitación al odio, amenazas y acoso, calumnias y libelo, xenofobia y formas conexas de intolerancia cometidos por los medios de comunicación, y el discurso de incitación al odio, que a menudo se utilizan como instrumentos de propaganda política y como conducto de la discriminación racial, así como los intentos de desacreditar a determinados grupos de personas por su filiación política: se requiere, según los Relatores Especiales de la ONU, buen criterio, tolerancia y sentido de la responsabilidad. Amen

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Martín Eduardo Botero
Acerca de Martín Eduardo Botero 39 Articles
Abogado Europeo inscrito en el Conseil des Barreaux Europèens Brussels. Titular de Botero & Asociados, Bufete Legal Europeo e Internacional con sede en Italia y España. Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Presidente y fundador de European Center for Transitional justice y vicepresidente en la Unión Europea de la Organización Mundial de Abogados. Graduado en Jurisprudencia por la Universidad de Siena (Italia) con Beca de Honor y Licenciado en Derecho por la Universidad Católica de Ávila (España). PhD en Derecho Constitucional Europeo por la Universidad de Bolonia con Beca de estudio del Ministerio de Exteriores italiano y la Unión Europea. Colabora con universidades, institutos de investigación especializados y organismos de la sociedad civil en los programas de cooperación jurídica y judicial internacional. Consultor Jurídico independiente especializado en anticorrupción. Su último libro lleva por título “Manual para la Lucha contra la Corrupción: Estrategia Global: Ejemplos y Buenas prácticas”.