El “Gobierno de los jueces”, un atentado contra la separación de poderes o el Estado democrático

Martin E. Botero

@boteroitaly

El “Gobierno de los jueces”, un atentado contra la separación de poderes o el Estado democrático Columna de Martin Eduardo Botero Clic para tuitear

Nadie parece darse cuenta de que el mayor problema que afronta hoy en día el país es la imposibilidad de poner fin al activismo de jueces y juezas – intelectuales, juristas y progresistas – o “gobierno de los jueces”  – pequeños grupos no elegidos por nadie en las altas cortes de justicia – que, haciendo caso omiso de la clásica división de poderes -distintivo de equidad en los sistemas de justicia penal- y demasiado alejados de las necesidades de los pueblos, que son frecuentemente las víctimas en sus vidas cotidianas y, de manera a menudo muy sutil, política y partidista utilizan instrumentalmente la credibilidad y la legitimidad de la judicatura para defender intereses particulares que no coinciden con los intereses generales de la colectividad o simplemente para mantener el statu quo reinante se oponen a las reformas democráticas y actúan como una oposición política, respaldan y utilizan su función para intervenir en el juego político democrático o, peor aún, por su poder de interpretación, sustituyendo al legislador con una invasión en sus competencias o una interpretación extensiva, legislan desde la magistratura o se erigen en un verdadero poder legislativo, pero sin ningún control parlamentario o político.

Y no es infrecuente observar que las investigaciones, enjuiciamientos y sentencias condenatorias son objetivo preferente de la acción partidista para aporrear a opositores políticos y legales e incluso modifican instrumentalmente sus sentencias como instrumento de presión política para defender cualesquiera reivindicaciones. Algunas veces dictan orientaciones que podrían servir de guía al legislador y al Gobierno en sus decisiones para saber qué es lo que se debe hacer y cuándo se lo debe hacer.

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Queda claro de algún modo que estamos hablando de una judicatura activista – fundamentalista que se inmiscuye en las competencias del poder legislativo y ejecutivo, que aparece en todo su poder burocrático autorreferencial, privada de sentido crítico y de responsabilidad social, de una burocracia penetrante que quiere ocuparse de todo (injerencia del poder judicial), con una perspectiva “activista” “progresista” de la supremacía del poder judicial sobre la Constitución y a favor de la acción normativa o la concepción y la orientación de un modelo de jueces estadistas. Ese carácter híbrido -si es posible usar ese término- se ha convertido en un sectario aparato de fuerte activismo político- judicial en la vida pública, que asume ahora un protagonismo más acendrado.

Se trata de un fenómeno particularmente preocupante, dado que repercute directamente en las vidas de nuestros ciudadanos y representa un grave problema político, y contribuye además a socavar la confianza de la opinión pública en las instituciones y en el sector de la justicia. Indudablemente, ésta es una de las razones fundamentales de la desconfianza generalizada de los ciudadanos en la justicia. Para muchos la politización de la justicia y de todos sus órganos, la conducta indebida de los magistrados de las altas cortes y el desprecio de la autocontención de la actividad judicial o autorrestricción de los jueces -es decir, de su rol meramente pasivo y no activista- debe considerarse una amenaza directa a la democracia y, por tanto, es inaceptable. En el fondo, el concepto de activismo judicial es contrario al mismo concepto de autorrestricción judicial. La autorrestricción judicial es “un principio sagrado, un valor fundamental para garantizar la transparencia y la credibilidad de la administración de justicia”. El activismo judicial es contraproducente y solamente sirve para avivar las tensiones: se precisan mejores sistemas de monitorización.

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El activismo o conducta judicial indebida de parte de los diferentes sectores de la judicatura abre las puertas a la dominación absoluta del poder judicial, y debe considerarse una amenaza directa al Estado de Derecho, la separación de los poderes en el plano nacional y la democracia. La preeminencia del poder judicial sobre los otro poderes -legislativo y ejecutivo – debilita los mecanismos democráticos en los que se asienta el principio de la separación de poderes, la Constitución y la garantía de los derechos consagrados en ella. En la medida en que nadie ha elegido a los jueces, ello representa una disminución del gobierno democrático. Una judicatura más activista engendra más irresponsabilidad. La única forma posible de calificar el activismo judicial o los “jueces del gobierno” es de insulto y burla manifiesta de la justicia y la ley.

El “Gobierno de los Jueces” representa un peligro real, un auténtico veneno para el futuro del país: la gobernanza/democracia, el estado de derecho, la seguridad y un obstáculo para el proceso de paz. El «Gobierno de jueces», donde los dos órganos legislativo y ejecutivo se dejarían de lado, son inaceptables. El activismo del poder judicial fracasará incluso cuando tenga éxito, porque su éxito actual no solo exalta la autocracia de la magistratura sobre la democracia parlamentaria, glorifica la pequeña facción sobre la sociedad civil y la igualdad sobre la libertad, sino también ensalza la masa y la clase sobre el individuo y la falta de entendimiento sobre la razón. Esperamos que, prontamente, las Cortes abandonen definitivamente su papel de actores gubernamentales, burócratas y representantes no elegidos del pueblo mantengan su cometido en la determinación de una judicatura de integridad inobjetable con estándares apropiados de  conducta  judicial  entre  sus  miembros y el requisito de neutralidad, garanticen la vigencia de la democracia y la legalidad contra los atropellos a los derechos y libertades garantizados por la ley y por lo  menos  abstenerse  de  toda  actividad  política  que  pudiese   comprometer   su   independencia   o   afectar   a   la   apariencia   de   imparcialidad. En este callejón sin salida, las prerrogativas presidenciales se han convertido en el último recurso.

El “Gobierno de los Jueces” representa un peligro real, un auténtico veneno para el futuro del país: la gobernanza/democracia, el estado de derecho, la seguridad y un obstáculo para el proceso de paz. Clic para tuitear

Con la certeza de estar en justo equilibrio con la defensa de los derechos y las libertades de los ciudadanos, al menos en este asunto, rechazamos tanto un gobierno de funcionarios como un gobierno de jueces. Rechazamos, por tanto, la potenciación de una nueva forma de imperialismo de los jueces. Debe evitarse la selectividad, la parcialidad y la politización de lo jurídico, oponerse al uso de dobles raseros y promover el respeto del sistema de control y equilibrio en el establecimiento de unos cimientos más firmes para un sistema democrático y una judicatura de integridad inobjetable.

Martín Eduardo Botero
Acerca de Martín Eduardo Botero 19 Articles
Abogado Europeo inscrito en el Conseil des Barreaux Europèens Brussels. Titular de Botero & Asociados, Bufete Legal Europeo e Internacional con sede en Italia y España. Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Presidente y fundador de European Center for Transitional justice y vicepresidente en la Unión Europea de la Organización Mundial de Abogados. Graduado en Jurisprudencia por la Universidad de Siena (Italia) con Beca de Honor y Licenciado en Derecho por la Universidad Católica de Ávila (España). PhD en Derecho Constitucional Europeo por la Universidad de Bolonia con Beca de estudio del Ministerio de Exteriores italiano y la Unión Europea. Colabora con universidades, institutos de investigación especializados y organismos de la sociedad civil en los programas de cooperación jurídica y judicial internacional. Consultor Jurídico independiente especializado en anticorrupción. Su último libro lleva por título “Manual para la Lucha contra la Corrupción: Estrategia Global: Ejemplos y Buenas prácticas”.