El optimismo no es lo suficiente

Jorge Pérez Solano

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Jorge Mario Pérez

El reciente informe divulgado por el Banco Mundial sobre las perspectivas económicas globales para este 2021, pronostica que la economía colombiana crecería alrededor del 4,9%, lo cual representaría un porcentaje mayor sobre lo que posiblemente ascendería el resto de Latinoamérica y que oscilaría entre un 3,8 y un 4%, y que en efecto, compensaría la fuerte caída del PIB del -7,6%, tal como lo señaló el Banco de la República en su último comunicado consolidado para el cierre 2020.

Sin embargo, la llegada de las primeras vacunas en distintos países como el Reino Unido, Alemania y Estados Unidos, así como el cronograma previsto para la segunda semana de febrero en Colombia para contrarrestar la covid 19, ha despertado un exceso de optimismo, y de que con ello, la reactivación y la recuperación sería un hecho sin precedentes y que regresaríamos a los índices del pasado.

Bien decía Bertolt Brecht, de que la crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo no acaba de nacer.

Y es precisamente eso, que no hay mayor fracaso al ruido de esas aspiraciones, en no pretender en lo obvio con respecto al consenso aplazado alrededor de las principales reformas laborales, de pensión y tributaria, so pena de estar abocados al mismo discurso de cada año, en el cansancio de la polarización entre defensores y detractores de lo público y privado, con el inconsecuente e impagable déficit en perjuicio del presupuesto.

Diferentes analistas económicos y de mercados de valores en el país, provenientes de anteriores gobiernos, que por cierto fracasaron en lo que siempre se ha insistido, vienen persistiendo en la importancia de reducir los costos al empleo formal, tal como se consignó en el 2002, lo cual sigue siendo contraproducente de lo que se tramitó, por los efectos que genera la demanda de horas de trabajo, sin que exista una verdadera generación de empleo en contraprestación entre lo devengado y el costo de la vida.

Asimismo, como en el pasado, intentan ya no revivir, el fantasma de reducir los aportes a las cajas de compensación familiar, sino en deducir un salario por debajo del mínimo sin mayores impuestos, como forma de mitigar la tasa de desempleo que hoy está en un 13%, olvidando que el problema no es propiamente la eliminación de los parafiscales, de los derechos laborables conquistados con el tiempo y de la misma flexibilización, por cuanto las razones van más allá de la incertidumbre política preelectoral, del valor desagregado que han tenido otras áreas de la producción y que se han traducido igualmente en la falta de verdaderas políticas agrarias y que no ha minimizado el impacto generado por la afluencia rural en la ciudad por culpa de la inseguridad y de los desacertados precios de diferencia con el ínfimo avance en el centro con la periferia, o viceversa.

Si bien el empresario, el industrial o el emprendedor deben ser acreedores de múltiples ventajas legales a la hora de poner en marcha la unidad productiva, olvidan la importancia del enganche laboral en la cadena. Y no es como se pretende en recortar las aspiraciones salariales en la contratación por horas, sino en equilibrar la necesaria reducción de los costes legales en beneficio del mayor ingreso de la informalidad a la formalidad, reduciendo las horas laborales y permitiendo una verdadera reactivación con mayores contratos y beneficios, y que entre más se contrate, mayor será el descuento en impuestos al final. 

En ese orden, el impacto negativo de la pandemia sobre las cuentas del gobierno, según el Ministerio de Hacienda, dejaría un déficit fiscal del 9,0% para este año – que debe ser superior al 15% -, frente a un 7,3% del año anterior, y que representaría una deuda bruta del 67% del PIB, obligando a tramitar de forma express, sin poner sobre el tapete el discutido capital político y el ladrido de la oposición, una reforma tributaria que permita sostener de forma equilibrada las finanzas, de lo contrario, correríamos el riesgo de no mantener las mejores calificaciones de confianza y de inversión por un manejo inadecuado de la economía, per se, de que la misma no puede ser conducida solo para ampliar la base gravable, ni en reducir la exenciones como algunos consideran, ya que el problema está también en el activo estatal, que por su atomización en algunos sectores centralizados, impiden ahorrar y convertir más eficiente el servicio público. Es hora de que el estado empiece a reducir su infraestructura funcional y desplace en los órganos por colaboración y servicios el manejo de la cosa pública, desconcentrando el poder de la capital y haciendo realidad la descentralización y la llegada de lo privado, pero con mayor vigilancia y control, valga aclarar.   

A la par, otro grueso que ha tenido entre la espada y la pared la viabilidad fiscal, es lo que tiene que ver con la inequidad, la insostenibilidad y la inagotable distribución pensional de los sistemas creados por la Ley 100; sea por los beneficios económicos periódicos, los traslados de uno a otro, la baja cobertura, los derechos adquiridos, los subsidios y lo que corresponde a la inseguridad jurídica, lo cual han cercenado cualquier posibilidad de mayor acceso a la hora de pensionar al 80% de la población con relación al 20% que si ha logrado acceder.

No podemos seguir manteniendo a dos sistemas. Se requiere una unificación con la eliminación de los regímenes especiales, verificando la enorme diferencia entre quienes devengan más frente a los que devengan poco y/o no alcanzan a contribuir para obtener el derecho a la pensión.

De igual manera, no resulta suficiente el optimismo y el consecuente hecho de proponer una reforma a los sistemas descritos y que por décadas han sido infructuosas, en razón al perverso chantaje de control contrapuesto entre los que mantienen sus intereses y los que confunden la realidad nacional en el corto y largo plazo, con el discurso feroz de la confrontación “igualitaria”, y que ha sido endosada por una ciudadanía que sigue ajena a la problemática, o que se volvió permisiva entre la dependencia y la independencia del circulo político y económico, y que por cierto, es esta última la que entrega la línea a la hora de exigir los cambios que se esperan de los que abandonan en beneficio propio la discusión siempre inacabada. La ciudadanía no puede estar exigiendo sin exigirse de la misma manera como lo pretende, porque precisamente la indisciplina y la falta de cuidado son el detonante de las limitaciones y el fracaso de las políticas en pro de la vida y de la quiebra de millares de negocios.

Ojalá sea la oportunidad para reconocer las ventajas en medio de estas crisis y no seguir convirtiéndola en el mismo chiste del mañana.

JORGE MARIO PEREZ SOLANO
Acerca de JORGE MARIO PEREZ SOLANO 38 Articles
Abogado,Especialista En Derecho Administrativo, ha sido asesor y consultor en el sector nacional y territorial socio en Safey & Lawyers SAS - Bogota. Fue columnista en el hoy diario del magdalena, bloguero en kienyke,columnista en seguimiento.co. Samario de nacimiento,Barranquillero y Bogotano por adopción;su domicilio y residencia están en Bogotá y Barranquilla