Los abogados Penalistas en Colombia, llevamos años soportando insultos, amenazas y estigmatización de algunos “periodistas” que esperan obligarnos -(des)informando- a comportarnos como agentes encubiertos con los clientes. Clic para tuitear

 

Inicio recordando al Barón de Montesquieu, ese gran filósofo de la ilustración francesa, a quien se le atribuye ser el padre de la doctrina de la división tripartita del poder: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, misma que expuso en su obra “El Espíritu de las leyes “, división que fue adoptada como pilar fundamental en las Constituciones liberales del siglo XVIII; Posteriormente nos encontramos con el denominado “Cuarto Poder“, expresión atribuida al político Edmund Burke parlamentario anglo-irlandés de la Cámara de los Comunes del Reino Unido, en donde con gran oratoria se refirió a la prensa y a los medios de comunicación como un poder más importante que los definidos por Montesquieu, ya que los consideró tan poderosos que eran lo suficientemente capaces de ejercer influencia sobre los tres poderes del Estado.

 

Volviendo la mirada, desde entonces ha sido una constante histórica que los medios de comunicación jueguen un papel fundamental en la transformación de la sociedad, en la denuncia a los abusos de poder y en la comunicación a la opinión pública de las realidades y dinámicas en todos los ámbitos de la vida, tanto local como globalmente. Es de tal relevancia su razón de ser, que no puede haber censura de ninguna índole a su tarea de comunicación; Sin embargo, cuando se pierde esa esencia de objetividad, imparcialidad y de interés por lo colectivo, para ponerse al servicio de los intereses económicos y políticos de grupos poderosos con fines propios, no hay quien ponga límites.

 

Colombia, de cara a los medios de comunicación, ha sido marco de referencia desde finales del siglo XIX y al parecer lo seguirá siendo, tanto así, que propietarios de los periódicos más importantes del País han llegado a ser Presidentes de la República valiéndose de esas plataformas de comunicación masiva.

 

Contamos con medios de comunicación como: el periódico EL TIEMPO que generación tras generación ha usufructuado el poder del Estado, la familia dueña del periódico El Colombiano en Antioquia, la familia López con la revista Semana y así se podían citar muchos ejemplos de medios de comunicación radiales, televisivos, etc., que se han aprovechado para acumular poder valiéndose de esta actividad con grandes interrogantes éticos que nadie se atreve a cuestionar.

 

Hoy los medios de comunicación están en poder de los grandes grupos económicos, quienes contratan a su servicio los periodistas mejor pagados del país como ejecutores de su insaciable deseo de poder.

 

De esta manera no solamente hay un interés concreto y corporativo, cuyo mayor proveedor de recursos es el Estado a través de la publicidad, sino que han empoderado a algunos periodistas que en medio de ese contubernio economía – poder, han terminado por convertirse en dueños de la moral y en voceros de facto de la sociedad, asumiendo el papel de inquisidores, jueces de opinión e impulsadores de una hostilidad colectiva cuando se trata de producir noticias y por supuesto de rating para tarifar más alto, todo esto lo hacen a costa de quien cae en sus fauces, entregando informaciones incompletas, descontextualizadas y mezcladas con verdades a medias, por lo tanto, el afectado no tiene oportunidad de defenderse serena y objetivamente, ya que lo que persiguen estos “comunicadores” es el aplauso de la tribuna, como en el circo romano ¡sangre y amarillismo!, que para este caso es lo mismo.

 

Para no ir muy lejos, uno de los tantos episodios de este espectáculo inquisidor mediático, que buscaba más el linchamiento y la criminalización de quienes nos despeñamos como Abogados Penalistas, que poner en conocimiento una verdad de Perogrullo, tuvo su protagónico el pasado 2 de marzo de 2022, con ocasión de la conducta del sindicado penalmente Carlos Mattos, al ser descubierto por unos periodistas de Caracol TV fuera de un recorrido permitido por el INPEC. ¡Claro, eso es inaceptable! pero sin duda hay un acto vindicatorio de gremio en ello, pues no se explica cómo un equipo periodístico hace seguimientos detectivescos, ocultos, secretos, persecutorios a una persona -seguimientos propios de delincuentes o de autoridades legítimas y legitimadas para hacerlos- para producir una noticia en su contra.

Me pregunto: ¿Por qué a esa persona?

Encuentro la posible respuesta en que Carlos Mattos tuvo la osadía de denunciar a un periodista que es de ese sanedrín de intocables: al periodista Gonzalo Guillén, es como si se hubiera denunciado a Julio Sánchez Cristo o a Néstor Morales o a Daniel Coronel o a Juan Pablo Calvas o a Vicky Dávila, es una larga lista.

 

Para nadie es un secreto que algunos comunicadores actúan como mercaderes e intermediarios, por acción o por omisión, frente a determinados hechos de algunos poderosos, lo vimos con casos como: Odebrecht, Carrusel de Contratación, donde hubo periodistas connotados vinculados a estos casos y cuyos nombres no salieron a la luz pública para evitar un linchamiento mediático a quienes se atrevieran a mencionarlo.

 

«Gonzalo Guillén fue contratado para “limpiar” el nombre de Mattos y recibió dinero» al menos así lo expreso Mattos en su principio de oportunidad. Y así le montaron la persecución de Caracol TV y luego le entrega la noticia a La W radio -son del mismo dueño- y allí Julio Sánchez y Juan Pablo Calvas, se encargan de incendiar, producir el linchamiento y llaman al Presidente de la República, quien asustado en plenas elecciones, mas allá de la moralidad y desconociendo por completo el debido proceso, destituye de ipso-facto al director general del INPEC, un Mayor General, al director de la Picota, le faltó destituir al Ministro de Justicia, y no contentos con eso, le montan la perseguidora a los abogados Iván Cancino y Laura Kamila Toro. A Iván Cancino, no le permitieron decir nada, cuando intentaba responder lo atacaron con afirmaciones injuriosas y calumniosas y para Laura Kamila Toro, no hubo derecho a que decir nada, eso sí les faltó entregar la dirección de residencia, porque no les dolió exponerla de la forma más mezquina que pudieron.

Como epilogo, Gonzalo Guillén -fiel al estilo de ese sanedrín- entra a calificar y a degradar a los abogados y sin más, trata de “payaso” al abogado Francisco Bernate, utilizando información que hacia parte de la obligación ética para proteger su fuente de información, seguramente tuvo que interferir negativamente el odio visceral contra Álvaro Uribe por parte de Daniel Coronell y Gonzalo Guillen, que unidos por ese sentimiento es posible que celebraran la chiva contra Mattos y sus abogados.

Valga decir que los abogados Penalistas en Colombia, llevamos años soportando insultos, amenazas y estigmatización por cuenta de algunos “periodistas” que esperan obligarnos -mediante la (des)información- a comportarnos como agentes encubiertos con los clientes, para así no confundirnos con ellos.

¡Cuánta razón tuvo Edmund Burke, los medios de comunicación son el primer poder!

Liliana Gutiérrez H.
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Abogada de la Universidad Gran Colombia. Especializada en Derecho Penal y Criminología por La Universidad Autónoma de Colombia. Conferencista Nacional e Internacional. Ha sido docente universitaria, Autora de Artículos sobre Derecho Penal y columnita de opinión en algunos medios de comunicación virtuales. Litigante.

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