El principio de aplicación de la ley penal más favorable al exministro Arias

Martin E. Botero

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El principio de aplicación de la ley penal más favorable al exministro Arias Columna de Martin Eduardo Botero Clic para tuitear

Resulta muy enervante cuando la Corte Suprema de Justicia se aferra a formalismos burocráticos u obstáculos procesales producto de innecesario formalismo, poco eficaz y carente de todo fundamento jurídico de peso, dejando en indefensión jurídica a la parte demandante: hablo de la negativa a reconocer la existencia del derecho fundamental que al condenado por delito asiste a obtener la revisión de su condena por un Tribunal superior, de un derecho a la doble instancia o de acceso a un medio de impugnación de una naturaleza determinada, al principio de legalidad y de retroactividad, al derecho a las garantías judiciales y en particular el derecho a recurrir el fallo y el derecho a la protección judicial. A mayor abundamiento a un proceso justo y a la tutela judicial efectiva y en el sentido más favorable para la efectividad del derecho fundamental.

A mayor abundamiento a un proceso justo y a la tutela judicial efectiva y en el sentido más favorable para la efectividad del derecho fundamental. Clic para tuitear

En el asunto Arias, la Corte Suprema de Justicia interpretó y aplicó incorrectamente los principios jurídicos generales del Derecho y los principios procesales, en particular el principio de aplicación de la ley penal más favorable al acusado y el principio hermenéutico pro actione, así como las normas relativas a los derechos humanos reconocidos internacionalmente y las garantías fundamentales establecidas en la Constitución, tales como el principio del doble grado de jurisdicción en materia criminal y el derecho a un proceso justo (que dimana del derecho a la tutela judicial efectiva) y el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que se estableció que, si después del hecho, pero antes de la sentencia definitiva se dicta una ley más favorable al acusado, deber aplicarse esta ley. En concreto, la Corte Suprema – en el denegatorio de la jurisdicción cuando se cierra el acceso al proceso – no tomó en consideración la aplicación retroactiva de la ley penal que favorece al procesado ante la nueva situación jurídica o regulación legal, interpretando en forma demasiado restrictiva el principio in dubio pro actione, que conduce a una aplicación del Derecho rigorista y desproporcionada contraria al principio consagrado en el art. 29 de la Constitución ni reconoció adecuadamente la circunstancia de que Arias debería poder beneficiarse de los nuevos valores introducidos por una ley distinta a la vigente en el momento de los hechos -en especial el Acto Legislativo de Segunda Instancia – con el fin de evitar procesamientos contrarios a las normas y riesgo de politización y manipulación mediática de la ley.

Dicho esto, vayamos al grano.

En la medida en que una ley penal más favorable, adoptada tras la comisión del delito, sea compatible con las prescripciones del Derecho constitucional y el derecho internacional, los tribunales están obligados a hacer respetar las garantías judiciales y a la protección judicial en relación con el deber de respetar y garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución e instrumentos internacionales vigentes en materia de derechos humanos (artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana) y a dejar inaplicada la ley penal menos favorable. Para ello no es necesario requerir previamente la actuación del Tribunal Constitucional. Es verdad que los Estados disponen, efectivamente, de un amplio margen de apreciación a la hora de configurar su sistema nacional de sanciones en  el ámbito  normativo  (penal  o   procesal)  y apreciar, en cada caso concreto, si las nuevas disposiciones penales son acordes con las exigencias de la Constitución y el derecho internacional convencional o consuetudinario, pero también es cierto que la no aplicación de una ley penal más favorable posterior que infrinja la Constitución y las obligaciones internacionales contraídas en el  Derecho internacional convencional no es compatible con el principio de legalidad penal (el principio de legalidad en materia penal no impide que la ley atribuya al juez la facultad de valoración).  Las leyes penales más favorables deben aplicarse con efecto retroactivo a hechos cometidos antes de su adopción cuando son contrarias al Derecho internacional (véase, por ejemplo, el artículo 15, apartado 1, tercera frase, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). La aplicación de leyes penales posteriores, más favorables, constituye una excepción al principio fundamental de legalidad penal, cuando se aplica efectivamente una ley distinta a la vigente en el momento de los hechos; una normativa que favorece al procesado. Existe pues un principio fundamental, a efectos penales, según el cual, en caso de divergencia entre la ley penal aplicable en el momento de los hechos y una ley penal posterior, se aplicará en todo caso la ley cuyas disposiciones sean más favorables para el inculpado, salvo que ya exista sentencia firme. No hay que olvidar que el artículo 29 de la Constitución Política contiene un mandato que obliga a interpretar la normativa vigente de conformidad con la Constitución y en el sentido más favorable para la efectividad del derecho fundamental, de tal modo que la pérdida del recurso en base a formalismos excesivos no sólo puede producir indefensión, constituye además una grave violación de los derechos humanos. Así, se garantiza, en especial, la coherencia del ordenamiento jurídico.

Es preciso ante todo desestimar el argumento fundado en la inaplicabilidad ratione temporis del Acto Legislativo de Segunda Instancia al procedimiento objeto del asunto principal, como es la posibilidad de un nuevo juicio contra la sentencia penal en primera instancia. En efecto, el examen del texto, del sistema y del objetivo de esa Ley demuestra que, los altos funcionarios procesados por hechos cometidos en su capacidad oficial cuenten con un recurso efectivo para impugnar las condenas, y que la persona a la que ésta afecta tenga derecho a un nuevo juicio. Con arreglo al principio de legalidad penal (nullum crimen, nulla poena sine lege) y al principio del carácter retroactivo de la ley penal más favorable, está claro que las imputaciones de la acusación deben apreciarse con arreglo a la nueva situación jurídica, es decir, el Acto Legislativo de Segunda Instancia. Así pues, las leyes penales más favorables, deben aplicarse con efecto retroactivo en todo caso. Se puede   concebir   perfectamente   una solución según la cual el Acto Legislativo de Segunda Instancia, en la medida en que sea respetuoso a las exigencias de la Constitución debe apreciarse, únicamente en relación con el procedimiento penal pendiente actualmente ante la Corte Suprema de Justicia.

Por estas razones, no comparto las dudas manifestadas por la Corte Suprema de Justicia sobre el significado que se ha de atribuir al principio de legalidad y retroactividad (artículo 9 de la Convención), en perjuicio del exministro Arias, que podría interpretarse como limitativa o lesiva de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos, en su respectivo ámbito de aplicación, por el Derecho internacional y los convenios internacionales aplicables en la materia. Se insta la Alta Corte de Justicia a valorar las diferentes vías que le permitirían mantener su jurisprudencia, incluso en el contexto de la aplicación de la Convención Americana que está concebida en interés del Estado, pues busca dispensarlo de responder ante un órgano internacional por actos que se le imputen, y demostrar que estos recursos se encontraban disponibles y eran adecuados, idóneos y efectivos.

No comparto las dudas manifestadas por la Corte Suprema de Justicia sobre el significado que se ha de atribuir al principio de legalidad y retroactividad (artículo 9 de la Convención), en perjuicio del exministro Arias Clic para tuitear

Conclusión

Por lo que respecta al exministro, rige con especial intensidad el principio pro actione en el acceso al proceso que permite la posibilidad real del procesamiento bajo la esfera protectora de los arts. 8, 9 y 25 de la Convención Americana y 14.5 del P.I.D.C.P. en relación con el art. 29 de la Constitución (garantía consagrada también en el artículo 7 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y recogido en el artículo 22 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el cual reconoce el principio de legalidad y retroactividad). El presente asunto constituye una buena ilustración de la forma en la que debe entenderse la coexistencia de los diferentes instrumentos de protección de los derechos fundamentales.

En nuestra opinión, Arias debe poder beneficiarse de los nuevos valores introducidos por las leyes, por lo que debía aplicarse en todo caso con carácter retroactivo el Acto Legislativo de Segunda Instancia. La Corte Suprema de Justicia precisamente está obligada, en virtud de la Constitución, y por su propia autoridad, a dejar sin aplicar cualquier disposición del Derecho nacional que sea contraría al Derecho internacional. No resulta improcedente recalcar el carácter más incisivo que posee el canon del acceso al proceso, en el sentido de que interpretaciones judiciales de la legalidad procesal que satisfagan el test de razonabilidad (y los requisitos de previsibilidad y accesibilidad), y de las que incluso fuera predicable “su corrección desde una perspectiva teórica”, pueden conllevar una “denegación del acceso a la jurisdicción a partir de una consideración excesivamente rigurosa de la normativa aplicable” (STC 157/1999, de 14 de septiembre, FJ 3) y vulnerar, con ello, el derecho a la tutela judicial efectiva en la citada vertiente.  Muchas Gracias

 Nota  

He de reconocer sinceramente que no conozco al Dr. Arias ni a su familia ni a sus abogados. Me inspira y me alienta hacer de la lucha por la equidad, la solidaridad y la justicia una lucha diaria.

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de El Parche del Capuchino 

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Acerca de Martín Eduardo Botero 5 Articles
Abogado Europeo inscrito en el Conseil des Barreaux Europèens Brussels. Titular de Botero & Asociados, Bufete Legal Europeo e Internacional con sede en Italia y España. Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Presidente y fundador de European Center for Transitional justice y vicepresidente en la Unión Europea de la Organización Mundial de Abogados. Graduado en Jurisprudencia por la Universidad de Siena (Italia) con Beca de Honor y Licenciado en Derecho por la Universidad Católica de Ávila (España). PhD en Derecho Constitucional Europeo por la Universidad de Bolonia con Beca de estudio del Ministerio de Exteriores italiano y la Unión Europea. Colabora con universidades, institutos de investigación especializados y organismos de la sociedad civil en los programas de cooperación jurídica y judicial internacional. Consultor Jurídico independiente especializado en anticorrupción. Su último libro lleva por título “Manual para la Lucha contra la Corrupción: Estrategia Global: Ejemplos y Buenas prácticas”.