Entre la demagogia y la desautoridad

Jorge Mario Pérez Solano

Jorge Pérez Solano

Para la alcaldesa es difícil aceptar ser la primera autoridad de policía, porque su preocupación no es gobernar a la capital, sino en insistir en ese distractor de mantener esa lucha infinita con el presidente. Clic para tuitear

Jorge Pérez Solano

Los reiterados hechos de vandalismo en la capital y en todo el país – que seguirán -, con peligrosos ingredientes de terrorismo urbano, extraídos de la incansable guerra del campo y trasladas a las ciudades, y a la que nos han sometido con el inagotable centralismo de otrora aún vigente y con el no sorprendente emplazamiento del pasado en el evento de que no se cumplieran las condiciones del fallido acuerdo de la habana, endosado en contravía de la decisión mayoritaria, pone sobre el tapete el desgastado papel de a quién le corresponde el manejo de los desmanes y el descontrol de unos cuantos que van en contravía del orden público, y en consecuencia, sitúa entre dicho solo en la inmediatez del calor, de qué sí son los alcaldes y gobernadores los que deben imponer la autoridad en sus respectivos entes territoriales o si es el Presidente de la Republica.

Es dable en las actuales circunstancias, darle claridad al debate, sin el revanchismo político en que unos y otros entregan en perjuicio de la institución de la policía, y en especial, de la ciudadanía que se ha visto afectada por la inseguridad y destrucción de innumerables bienes de gran significado dentro de la representación y el beneficio estatal.

Tres son los escenarios de orden político donde se distingue el poder de policía de la función de policía, sea expidiendo normas que codifican las conductas ciudadanas como lo hace el congreso con el Código de Policía, sea en la de proteger ciertos derechos y aspecto que no están sujetos a reserva legal como lo hacen las asambleas y los concejos cuando reglamentan el manejo del suelo o la protección del medio ambiente, y lo que en su potestad reglamentaria y excepcional realiza el presidente con ocasión a la gestión administrativa, junto con los gobernadores como agentes de éste en materia de orden público y/o del alcalde como primera autoridad de policía en su respectiva jurisdicción, y que se ha sido despuntado por el Consejo de Estado en decisión 892/96 y la Corte Constitucional en C-117/06 y C-366/96.

Sin embargo, pareciera que algunos alcaldes y gobernadores olvidaran la enorme división del territorio nacional, las competencias que otorgan las leyes orgánicas territoriales entre la nación, municipios, distritos y departamentos, la coordinación que debe existir entre las distintas autoridades sin llamar al federalismo y al desconocimiento del estado unitario y descentralizado, dándole prevalencia a ciertas aspiraciones presidenciales sin concretar verdaderas políticas públicas, con el indiferente acto frente al resto de los intereses generales de la ciudades capitales, desplegando responsabilidades en terceros que son ajenos a la explayada contradicción del ejercicio, salvo en lo que preferencialmente comprometa la conservación del orden público y que excepcionalmente fuera asumido por el mismo Presidente de la República de forma puntual, como cuando se expidieron los decretos 417, 418, 593, 636, 749 y 990 de 2020, en lo que se refiere a la emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19, y aun así, se mantiene la autonomía territorial.

En ese orden, en el caso de Bogotá, ya no nos dejamos sorprender con el actuar de la alcaldesa, que insiste en llamarse la primera autoridad para unas cosas cuando de contratar se refiere, pero deja de serlo cuando de asumir responsabilidades frente al manejo de la seguridad, ya que si bien, autoriza marchas por toda la ciudad, pero cuando las cosas se le salen de control como el pasado 9 de septiembre, se lo endilga al gobierno nacional, bajo el pretexto de que el orden público es del resorte exclusivo del poder central y no local.

Asimismo, lo sorprendente de esa actitud, es que la alcaldesa expidió en tan solo 6 meses de pandemia 3 resoluciones y más de 32 decretos en su condición de primera autoridad de policía, propio de esa actuación administrativa que la carta política le entrega, sea para ordenar el aislamiento preventivo, adoptar medidas sanitarias y ambientales, establecer los horarios y prestación de servicios de las entidades del distrito capital, planes de acciones específicos, fechas para el pago de los tributos, restricción y expendio de bebidas embriagantes, suspensión de la escolaridad de los colegios oficiales y privados, limitación del parque automotor, y entre otros, que no fueron interferidos por el nivel central en la decisiones que correspondían al manejo de la ciudad como lo ha hecho ver ella misma.

En igual sentido, olvida la alcaldesa, que esos eventos de su función de policía, no solo al expedir resoluciones y decretos, se dirige no solo a concretar situaciones de los administrados, sino que en idénticos sentidos, le ordena a la autoridad policía comportar un conjunto de acciones que están delimitados en el poder de policía que el legislador a previsto, reflejados implícitamente conforme a lo expedido en lo que cierne al orden público, y que igualmente no interfiere el gobierno nacional en esa expedición de actos de mando sobre la policía nacional como la primera autoridad en Bogotá.

También, la alcaldesa ha verificado lo que corresponde al POT, aplazando su discusión hasta el año entrante, alegando mayor participación de la discusión y construcción, al igual que los proyectos de armonización presupuestal, incentivos fiscales, cupo de endeudamiento y vigencias futuras, que por cierto sin que haya interferido el gobierno nacional en las confrontaciones de las distintas bancadas dentro del concejo de distrital y que ya se conocen con su secretario de gobierno, ejerciendo plenamente situaciones de orden político y administrativo.

De suerte que, se desconoce a que juega la mandataria de los bogotanos, cuando desconoce mal intencionadamente las atribuciones que la constitución y la ley le entregan para el ejercicio pleno de sus funciones de autoridad administrativa en el orden local, relacionadas con las actividades de policía, que garanticen la tranquilidad y la salubridad, y ante todo, bajo criterios de razonabilidad, eficiencia, moralidad y eficacia de su propia administración, que siguen poniendo entre dicho la confianza legítima de los destinatarios con su estilo de gobernanza.

En idénticos términos la Corte Constitucional en C-223/17, al declarar inexequible algunos apartes del actual Código de Policía, señaló que es el alcalde del respectivo municipio y/o distrito es quien debe velar por el orden público de su correspondiente jurisdicción en su estricta función de policía, más cuando se refieran al derecho de reunión y de protestas, garantizando los derechos fundamentales, el de locomoción o el de permitir la libertad de expresión a esa inconformidad, pero si hay alteraciones injustificadas o graves que trasciendan a daños a los terceros, éste derecho fundamental puede ser limitado en virtud de la protección de los derechos o libertades de los demás a través de la actividad de policía.

La alcaldesa no puede insistir en una reforma a la policía cuando su autoridad esta entredicha en lo que dice que hace y no hace, o lo que dice pensar y no piensa, desconociendo su propia autoridad, desligándose de la visible coordinación que debe existir, no solo entre su equipo de secretarios, sino con el gobierno nacional y departamental.

Seguimos insistiendo que para la alcaldesa es difícil aceptar ser la primera autoridad de policía de la ciudad, que dicte reglamentos, que imparta órdenes, que adopte medidas y utilice los medios de policía para garantizar la seguridad, los derechos y libertades de los ciudadanos, porque su preocupación no es gobernar a la capital y mucho menos verificar que obras para la posteridad le deja a la ciudad, sino en insistir en ese distractor de mantener esa lucha infinita con el presidente, instrumentalizando esa aparente desautoridad en perjuicio de ella misma, porque le permite esconder sus miedos y sus nefastos ejercicios, su falta de visión de ciudad, su falta de  capacidad para conocer los problemas reales y resolverlos.

Razón tenía Groucho Marx, en la jocosidad de sus palabras:

“La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”.

JORGE MARIO PEREZ SOLANO
Acerca de JORGE MARIO PEREZ SOLANO 31 Articles
Abogado,Especialista En Derecho Administrativo, ha sido asesor y consultor en el sector nacional y territorial socio en Safey & Lawyers SAS - Bogota. Fue columnista en el hoy diario del magdalena, bloguero en kienyke,columnista en seguimiento.co. Samario de nacimiento,Barranquillero y Bogotano por adopción;su domicilio y residencia están en Bogotá y Barranquilla