Erradiquemos La Corrupción De La Salud

Diego Andrés Martínez Vega

@DielaVega

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A los lectores les pido que lean el artículo despojados de esos odios que sectores políticos han fundado en el tema de la salud. léanla y entiéndanla a través de la objetividad, con verdadero sentido crítico. 

En la columna titulada, La Corrupción en la Salud, y el coronavirus, se ilustraron algunas dificultades del sistema sanitario colombiano para enfrentar la pandemia del Covid-19, logrando evidenciar que es la corrupción la causa principal que hace al sistema ineficaz. Algunos expresan que la culpa es de la ley 100 porque privatizó la salud pero, en realidad es la culpable? 

¿Recuerda cómo era el seguro social? 

La historia de la salud tiene un antes y un después de la ley 100. Antes, la salud no estaba contemplada en la constitución, estaba regulada por leyes. El operador era el Estado y su gran falencia era la falta de cobertura. El acceso a la salud era precario, solo los que pagaban tenía acceso. Pero ¿A qué tenían acceso? A interminables filas de atención, a instalaciones y equipos obsoletos, a la no cobertura universal de procedimientos y medicamentos, entre otros. Con el cambio de constitución, la salud pasó a ser derecho fundamental y consigo trajo la renovación del sistema de salud en Colombia. 

Sectores políticos han demonizado la ley 100, esa que le abrió la puerta de la salud a TODOS los colombianos. ¿Cómo abrió la puerta? Con el principio de solidaridad. Aquellos que pueden pagar por su salud, pagan un poco más por la salud de los que no puede pagarla. Si no fuera de esa manera ¿Quién tendría que pagar por la salud? El Estado, y no sería capaz de financiarla, es decir, estaríamos igual que antes. Lo que hace posible la universalidad de la salud es que el contributivo paga la salud del subsidiado. Aun así, el Estado aporta recursos para sostener el sistema. Piense cuánto cuesta una cirugía o un tratamiento largo. El Estado subsidia esos costos permitiendo que el contributivo pague un porcentaje bajo y el subsidiado no pague absolutamente nada. En serio ¿Es tan mala la ley 100?

Sectores políticos han demonizado la ley 100, esa que le abrió la puerta de la salud a TODOS los colombianos. ¿Cómo abrió la puerta? Con el principio de solidaridad. Clic para tuitear

Por ejemplo, en el sistema alemán, los ciudadanos beneficiarios del servicio público de salud, deben pagar un porcentaje mensual por el acceso, debe pagar copagos por la citas médicas y por los medicamentos. En Colombia los ciudadanos inscritos en el régimen subsidiado no pagan nada. Para que Colombia mejore en su sistema de salud tiene que hacer dos cosas: la primera, incrementar su PIB, esto permitirá destinar más presupuesto a la salud; y segundo, el estricto control de los recursos públicos y una implacable lucha contra la corrupción. Alemania tuvo en el 2018 un gasto público en la salud de 231 millones de euros y en la administración pública tiene muy bajos índices de corrupción. Aún así, le cobra a los ciudadanos por su servicio.  ¿Sigue creyendo que la Ley 100 es el demonio? 

El ideal de la ley 100 es que cada vez hayan más personas en el régimen contributivo y brindarle más cobertura y mejor atención a los que no pueden pagar. Esto solo lo logra el Estado, incrementando el aparato productivo, en el que las personas tengan más oferta laboral y mejor oferta salarial. En lo que está fracasando rotundamente es en la lucha contra la corrupción. 

¿Dónde es ineficaz la ley 100? 

La respuesta es, en la administración. La corrupta administración de los recursos de la salud hace que el sistema parezca ineficaz. ¿Acaso en países con alta calidad sanitaria no hay privados prestando el servicio de salud?. El problema no radica en que la prestación del servicio esté en los privados, de hecho Colombia tiene buenas EPS, el problema radica en que hay alianzas corruptas entre gobernantes y empresarios que usan las EPS y las  IPS como fortín político, creyéndose los dueños de los recursos públicos. 

En 2015, se liquidaron dos EPS como consecuencia de la deplorable administración de los recursos de la salud. Entre las dos se desfalcaron más de 3 billones de pesos y en las dos se conoció a través de quejas y denuncias, la influencia de un político que las llevó a la insolvencia . Estas son, SaludCoop, del régimen contributivo y Caprecom, del régimen subsidiado.

¿Cómo las desfalcaron?

En el 2014, la Contraloría pidió intervenir SaludCoop porque compraba sus clínicas con recursos de la salud, hecho prohibido en la ley 100 en el art. 182, parágrafo 1. Adicionalmente, pasaron el dominio de las clínicas a terceros sin un pago a cambio por los inmuebles, pagaron facturas multimillonarias por servicios no prestados, cancelaban cirugías programadas, no daban los medicamentos y un sin número de practicas fraudulentas. No contentos con lo robado, en el proceso de interventoría, el interventor permitió que siguieran desviando recursos por más de 270 mil millones de pesos a terceros. ¿Qué hizo el gobierno de entonces? Liquidó la EPS un año después de la petición de la Contraloría. La Superintendencia no intervino la EPS y sus filiales como recomendó la Contraloría, lo hizo parcialmente y  pocos meses después las desembargo. El resultado fue un desfalco por 1.4 billones de pesos y 4.4 millones de personas desprotegidas. 

Con Caprecom sucedió de la misma manera. Uno de los hallazgos hechos por la Contraloría fue el pago de un contrato por valor de 43 mil millones que tenía como objeto, prestar el servicio de salud a los presos de 31 cárceles del país. El pago sí se hizo, la prestación de servicio y el suministro de medicamentos, NO. También se encontró el pago de facturas a procedimientos que no cubre el Plan Obligatorio de Salud – POS o a procedimientos nunca hechos. El resultado fue un desfalco por más de 1.5 billones de pesos y casi 3 millones de personas desprotegidas. 

Solo en los dos casos se robaron más de 3 billones de pesos. El problema no es la ley 100, el problema está en las personas en las que el Estado confió para administrar los recursos de la salud y los malversaron. El problema está en los políticos que se creen dueños de los recursos públicos, llenando sus bolsillos, aún si eso representa la muerte de sus propios electores. 

El llamado es a que la justicia castigue con severidad a los que malversan los recursos públicos. El llamado también es al Congreso para que legisle y le de más herramientas a los entes de control que eviten ese tipo de descalabros fiscales. A que legisle y desligue las Superintendencias del Gobierno, para que su función de  inspección y vigilancia redunde en beneficio de los ciudadanos y no en el favorecimiento de los amigos del gobierno por la omisión de sus funciones; y a aprobar otras reformas que logren castrar la corrupción en la salud. 

Si mejoramos la administración de la salud, logramos tener un sistema sanitario robusto, técnico y con capacidad de reacción para enfrentar cualquier pandemia, como la que padecemos actualmente y logramos que los ciudadanos tengan mejor calidad de vida. 

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Diego Andrés Martínez de la Vega
Acerca de Diego Andrés Martínez de la Vega 5 Articles
Comunicador Social y Periodista, con estudios en Derecho de La Universidad de la Sabana, Especialista en Estado, Desarrollo y Políticas Públicas de la Universidad de Los Andes. Asesor político. Trabajo por una mejor Colombia.