Con ocasión tanto de la conmemoración del día de la independencia, así como del anuncio del gobierno entrante del flamante nombramiento de Giovani Yule, indígena del resguardo Huellas Caloto y consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, como próximo director de la Unidad de Restitución de Tierras, pienso que es importante romper el silencio y decir algo al respecto.

Sea lo primero anotar que la insostenible situación que vivimos en el Cauca, es atribuible principalmente a la mirada impasible de un Estado indolente, que ha permitido y en gran medida propiciado que esto se haya convertido en un conflicto social de proporciones endémicas.

Pero, ¿cuál es esa situación? Resulta que se trata, en principio, de un enfrentamiento entre dos sectores de los habitantes del departamento, que ha llegado a tener alcances aterradores y desconsoladores. Estos dos sectores son las etnias indígenas, por un lado, y la población no indígena, por el otro. Sin embargo, valga la aclaración en el sentido de que, para todos los efectos legales y para los propósitos de esta columna, indígenas son quienes están formalmente censados como tal y hacen parte de alguno de los resguardos legalmente constituidos en el país.

Esto de entrada fija un criterio de distinción que no obedece estrictamente al origen étnico ancestral, sino que se traduce en una formalidad que permite incluso que quienes no tienen esa “pureza” racial de la que tanto se ufanan estas comunidades (¿racismo?) puedan pertenecer a ellas y obtener los beneficios que el ordenamiento jurídico les otorga. Pero además, hoy en día ¿Quién la tiene? Colombia es producto del mestizaje, de la plurietnia, de la mezcla. Quienes se jacten de ser puros, siendo además minoría étnica, están prácticamente condenados o admitiendo la endogamia.

Pero vamos al centro del problema, que radica en la tierra. Como siempre, la tierra. Quién la tiene, cuánta tiene, por qué la tiene, qué hace con ella, cómo la obtuvo y hace cuánto tiempo. Para nadie es un secreto, aunque no deja de ser curioso, que en las últimas 4 décadas en Latinoamérica se ha despertado un culto al indigenismo que ha derivado en una especie de revolución, tanto cultural como armada, contra el mal llamado “hombre blanco”; y digo mal llamado porque, como anoté atrás, somos producto de la fusión de las distintas razas que interactuaron desde la conquista en adelante.

Lo llamativo del asunto es que esta obsesión con el indígena es producto de una especie de remordimiento del intelectual europeo moderno, que para lavar su conciencia (¿o con algún otro fin?) tuvo a bien acuñar y difundir el concepto de deuda histórica, partiendo del falaz mito del “buen salvaje” de Russeau y del hombre en “estado de naturaleza” de Thomas Hobbes, según el cual todos los humanos son por naturaleza iguales en facultades físicas y psicológicas, esencialmente buenos, pero corrompidos por la sociedad europea que llegó a imponer sus formas a la fuerza. El error de esa tesis salta a la vista y mucho se puede argumentar en su contra, pero será en otra ocasión, pues el espacio es limitado.

Lo que importa de lo dicho es que, gracias a esa nueva moda, se han justificado y hasta promovido las incursiones y los avances violentos por parte de los indígenas frente a la propiedad privada. Ejemplo claro de esto es el conflicto chileno con los mapuches.

Sin embargo, un caso que brilla con luz propia es precisamente el de las invasiones de tierras en Colombia, concretamente en el departamento del Cauca, en donde las comunidades indígenas incluso se han organizado en una asociación, avalada y financiada por el Estado, dentro de la cual coordinan su estrategia para avanzar contra la propiedad privada y hacerse con el territorio a toda costa.

El peligro que plantea la situación es no solo la permisividad, sino también el patrocinio institucional frente a lo que claramente son conductas constitutivas de lo que se conoce como vías de hecho, que incluso están titpificadas como delito en el Código Penal, desnaturalizando de tajo los derechos que desde el génesis de la república han sido los pilares de las libertades que con tanto esfuerzo hemos conquistado, precisamente esas por las que la independencia se mostró en su momento como un imperativo ontológico.

El concepto de propiedad privada ha perdido su significado dentro de las fronteras de nuestro departamento y ha sido reemplazado por una pseudonoción de reivindicación territorial por parte de los grupos indígenas, a quienes la administración pública teme, propiciando con su pasividad un ambiente que incentiva a estas personas a continuar con las vías de hecho, mostrando un absoluto desdén por el ordenamiento jurídico nacional, precisamente debido a la desinformación reinante en la comunidad internacional, cuyos entes dedicados a la defensa de los derechos humanos han interpretado erróneamente el estado de cosas que se vive en esta parte de Colombia, creyendo equivocadamente que estos grupos son víctimas de algún tipo de opresión.

Es necesario recordar que ya pasaron más de 500 años desde la llegada de los conquistadores a estas tierras. Esto significa que no somos nosotros, los caucanos de hoy, quienes los despojamos de lo que ellos denominan sus territorios ancestrales, al tiempo que tampoco son ellos los nativos ingenuos e indefensos que una vez habitaron la región.

Tampoco es posible predicar hoy, como astutamente hacen los indígenas, una división racial marcada a rajatabla, pues el mestizaje es el común denominador de nuestra genética, lo cual implica que de indígenas tenemos todos un porcentaje en nuestra sangre y ellos en realidad no son la desvalida minoría que dicen ser, aunque esta sea la imagen que pretenden proyectar ante el mundo.

Además, es necesario reparar en que son ellos los primeros en echar mano de la violencia para alcanzar sus objetivos. Es así como se han dedicado a la perturbación de la propiedad privada, no sólo mediante la obstrucción del acceso a los predios, sino también a través de la invasión de los mismos y en algunos casos incurriendo en conductas aún más reprochables como la destrucción e incineración de los muebles y enceres de los legítimos propietarios, así como de la producción agrícola que encuentran y dañando los pastos con la pica de los potreros, conocedores ya del éxito que tienen estos comportamientos como mecanismo de presión contra el gobierno nacional.

En ese orden de ideas, debe tener claro el espectador de afuera que el uso de la fuerza pública es el último recurso al que se ven avocados los propietarios de los predios afectados, quienes se ven en la penosa necesidad de solicitarlo cuando todas las demás alternativas de solución del conflicto, como lo son el diálogo y la negociación, incluso con mediación de entidades como la Defensoría del Pueblo y hasta de instituciones internacionales, han fracasado, en gran medida por la intransigencia de quienes se niegan rotundamente a aceptar cualquier desenlace distinto a la adjudicación de la tierra a su favor.

Pero esta mal llamada negociación no tiene nada de tal, pues desde su inicio se erige como una obligación que se les impone a los propietarios de los predios, precisamente como condición para recuperar, de manera transitoria y temporal, la tranquila tenencia y posesión de sus predios, pues es bajo la condición irreductible de que se adelante, sea esa la voluntad del propietario o no, ahora sí la verdadera negociación, cual es la de venta de su tierra al Estado, para que este se las adjudique a los indígenas.

Digo transitoria y temporal precisamente porque es siempre y cuando el propietario oferte su predio de forma «voluntaria» al Estado y en últimas se deshaga de él.

Como se puede ver, aunque la norma que regula la materia describe la venta de los predios al Estado como voluntaria, la realidad de las cosas es muy distinta, pues las más de las veces los propietarios dan su brazo a torcer debido al constreñimiento al que son sometidos por parte de los grupos indígenas, quienes tienen como proclama principal de lo que ellos convenientemente tienen a bien llamar la «liberación de la madre tierra», el hostigamiento permamente y sistemático de la propiedad hasta obtener su cometido.

Por lo anterior, resalto que lo único que están haciendo los propietarios de los predios perturbados en el Cauca es echar mano de las escasas y precarias herramientas jurídicas que tienen a su disposición para hacer valer sus derechos, que dicho sea de paso tienen igual vigencia en la Constitución Política y en las leyes que los de los indígenas, por lo cual resulta injusto y realmente deleznable que se los tache de violentos, de opresores, de tiranos e incluso de paramilitares.

Soy también consciente de que estamos ante una colisión de derechos de ambos extremos. Pero esta debe ser resuelta de forma pacífica y siempre dentro del marco de la legalidad, en últimas responsabilizando al Estado, siendo este el que suscribió los acuerdos cuyo cumplimiento exigen las comunidades indígenas y no afectando a los propietarios de los predios, que nada tienen que ver con el retardo del gobierno en honrar sus compromisos.

Por lo anterior, el nombramiento del señor Yule en la Unidad de Restitución es una cachetada, un escupitajo y un desafío frontal a los caucanos que buscamos salir adelante en medio y muy a pesar del culto al indigenismo y del síndrome de Estocolmo de parte de la población. Eso es como poner al oso a cuidar y a repartir la miel.

El nombramiento del señor Yule en la Unidad de Restitución es una cachetada, un escupitajo y un desafío a los caucanos que buscamos salir adelante en medio y muy a pesar del culto al indigenismo y del Sd. de Estocolmo Clic para tuitear

Independencia es sinónimo, al menos filosóficamente, de libertad. No puede ser que hayamos obtenido nuestras libertades, para ahora volverlas a entregar voluntariamente y apludiendo, a un Estado cada vez más grande e intrusivo que, lo que es peor, con las ideas del nuevo presidente electo, quiere llegar a controlar todos los aspectos de la vida de los ciudadanos.

Carlos Jorge Collazos A.
Abogado | + posts

Carlos Jorge Collazos Alarcón, abogado, especialista y magíster en Derecho Administrativo, magíster en Responsabilidad Contractual, Extracontractual, Civil y del Estado, litigante y juez administrativo ad-hoc. Conservador en lo ético y liberal en lo económico.