¡Ganamos! El libre consumo de drogas

Robert Posada Rosero

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Robert Posada Rosero

Tristemente y como pocas veces, la revista Semana tiene razón, sólo que equivocó el contexto, guiados seguramente por un sesgo ideológico y filial que les hace perder la perspectiva, porque la decisión del Consejo de Estado sobre la dosis mínima es un Jaqué mate, no al gobierno Duque sino a la sociedad colombiana.

Vuelven a triunfar los señores de la droga, “campesinos organizados” e “indígenas” dedicados al cultivo, pequeños traficantes, jíbaros, grupos armados ilegales, y toda la cadena del negocio maldito que condena a los colombianos a la guerra, alejando cada vez más la cacareada paz que este medio y sus afines defienden con hipocresía.

Para los magistrados de la Sección Primera, la Policía sólo podrá decomisar drogas en las calles, sin importar la cantidad, cuando sea verificable que la misma será usada para la  venta y solo a quienes no puedan demostrar su adicción, amparando el derecho a la dosis mínima y dejando sin dientes a las autoridades para multar a las personas que consuman en vía pública.

A dos años de su implementación, primero se pronunció la Corte Constitucional, que tumbó la norma del Código de Policía que permitía multar el consumo de sustancias psicoactivas o licor en espacios abiertos, por considerar que era desproporcionado castigar a los ciudadanos sin que estuvieran alterando el orden público o afectando a la comunidad con su comportamiento.

El regocijo de quienes impulsan el libre consumo como una extensión del libre desarrollo de la personalidad llegó a la sinrazón de celebrar la decisión del alto tribunal afirmando que “ganamos”, como lo hizo la representante Verde Katherine Miranda Peña, pero ¿qué ganamos?, mantener abierto el grifo del combustible que mueve la guerra, economía ilegal que necesita millones de consumidores para no languidecer. 

Esta parte de la historia no la consideraron los obtusos togados, quienes advierten que “no se puede desconocer la órbita personal de los derechos a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad de los consumidores que con su actuar no lleguen a afectar a terceros o a otros bienes jurídicos indisponibles”. 

Justo antes que el covid-19 colocará el mundo en off visité Australia y aunque es imposible no maravillarse con la inmensidad de sus parque naturales, la limpieza y orden de sus playas, la fuerza y magnitud de sus olas y la imponencia y belleza de sus parques urbanos, lo que verdaderamente me impacto es la prácticamente nula presencia de consumidores de alucinógenos en estos lugares. 

Sorprendido por una situación tan ajena a nuestra realidad y la de otras naciones democráticas del mundo inquirí a mi anfitrión para saber la razón de tan agradable y sorprendente orden social, recibiendo por respuesta que allá el consumo de drogas en sitios públicos no es una simple contravención sino un delito que puede terminar en pena privativa de la libertad. El consumo de cannabis con fines recreativos es ilegal en Australia. Las penas federales por importar y exportar cantidades comerciales van desde multas considerables hasta la cadena perpetua, ni hablar de las penas para las llamadas drogas duras. 

Las razones en contra de los promotores del libre consumo en dicho país, que también los hay, tiene que ver con los firmes argumentos de la Comisión Australiana de Inteligencia Criminal, que dice que los mayores efectos de la delincuencia tienen su origen en el comercio de sustancias ilícitas introducidas por grupos del crimen organizado.

En Colombia la situación es más insostenible, sólo como ejemplo, Tuluá en el corazón del Valle, con solo 200 mil habitantes, en lo corrido de este fatídico 2020 suma 77 homicidios, 25% más que el mismo período de 2019, y el resurgimiento de la extorsión, crímenes que las autoridades endilgan casi exclusivamente a “guerras” entre estructuras delictivas organizadas dedicadas al control del microtráfico. 

Salir a caminar por la alameda del río Tuluá, los parque Boyacá o Céspedes o el lago Chillicote, sólo por citar algunos lugares, están vedados a menores, ya que en dichos sitios pululan los consumidores sin ningún control, pues al parecer el “libre desarrollo de su personalidad” asociado al consumo de drogas prevalece sobre cualquier otra consideración. 

La ecuación se repite por todo el país, afectando pueblos minúsculos como Bellavista, en el Quindío,  ciudades intermedias como Tuluá o capitales como Armenia y Cali, o la propia capital del país, en donde el hampa anda desbordada ante el miedo creciente de ciudadanos y la indiferencia o ineptitud de sus gobernantes. 

Es un  negocio tan rentable que la prohibición de la aspersión aérea de glifosato para controlar los cultivos de coca fue un inamovible del proceso de claudicación ante las Farc en La Habana, con un resultado conocido, más de 240 mil hectáreas de coca y el reagrupamiento y rearme de desmovilizados que se niegan a dejar su lugar a otros grupos armados con quienes se disputan el control de la producción y tráfico de drogas, multimillonario entramado criminal que perpetua a su vez la capacidad corruptora de policías y militares, fiscales, jueces, magistrados y por supuesto, periodistas y políticos de “alto turmequé”. 

¡Ganamos! Grita alharacosa la Miranda Peña en su pequeñez de entendimiento, cuando en realidad perdimos la oportunidad y el derecho a vivir en espacios libres de drogas y drogos y la delincuencia asociada a la comercialización y consumo de las sustancias que se convirtieron en sus cadenas, celebrarlo es tan estúpido y débil como caer en esta tragedia.

Robert Posada Rosero
Acerca de Robert Posada Rosero 31 Articles
Comunicador Social Periodista, especialista en Derecho Constitucional.