Justicia Temeraria

Robert Posada Rosero

Robert Posada Rosero

La justicia en Colombia tocó fondo, la gravedad de lo que se ha venido conociendo alrededor del caso que tiene privado de la libertad al expresidente Álvaro Uribe Vélez es francamente nauseabundo. Clic para tuitear

Robert Posada Rosero

La justicia en Colombia tocó fondo, la gravedad de lo que se ha venido conociendo alrededor del caso que tiene privado de la libertad al expresidente Álvaro Uribe Vélez es francamente nauseabundo, desesperanzador y escalofriante y nos coloca en el peor escenario de una sociedad, la justicia al servicio de intereses oscuros.

Las irregularidades que están saliendo a flote frente a este caso: interceptaciones ilegales, filtraciones dirigidas del proceso, pagos en especie y dinero a testigos, violaciones al debido proceso, magistrados con comprometedores contratos  y hasta enredos de faldas entre algunos de los protagonistas, es francamente deplorable.

Y no lo es porque se trate de un caso donde el acusado es el político más importante de los últimos 100 años en Colombia, sino porque las inconsistencias son cometidas por el más alto tribunal de justicia del país, lo que corrobora que la putrefacción en este órgano del poder no se agota en los operadores judiciales de pueblo.

Si el hombre más poderoso del país, con el músculo político y económico para hacer frente a cualquier montaje termina enredado y privado de la libertad sin ninguna garantía, ¿qué podemos esperar los ciudadanos de a pie?, ¿cómo nos podemos defender ante una justicia que empoderó y privilegia a los bandidos y criminales? ¿En qué momento la palabra y los derechos de comprobados delincuentes terminaron teniendo más valor que los ciudadanos que no han roto la ley?

Y cómo el mal ejemplo cunde, la situación se repite a lo largo y ancho del país, donde los ‘Monsalve’ cambian de nombre y apellidos pero usan las mismas estrategias para sacar réditos de una justicia construida a su medida, donde pueden mentir, injuriar, calumniar y sacar provecho amparados por jueces y fiscales, que los dejan irse por las ramas.

En Tuluá, mi tierra, hoy muchos empresarios, comerciantes y ciudadanos del común hablan de la irrupción de una especie de ‘Monsalve’, con “licencia” para estafar, señalar y presionar en cuanto asunto decide meter las narices, cobijado por la aureola de supuesto veedor ciudadano y defensor de derechos humanos, y hasta con esquema de protección de la desnaturalizada UNP.

El sujeto en cuestión tiene en su haber cuatro anotaciones judiciales: indiciado por cohecho propio, en la Fiscalía 379 en Bogotá; indiciado por estafa, Fiscalía 19 en Tuluá; indiciado por calumnia, Fiscalía 29 de Cali y una querella en la Fiscalía 19 de Tuluá, procesos que sin embargo no le impiden seguir pavoneándose por despachos y oficinas buscando beneficios económicos con sus actuaciones.

En certificado expedido el pasado 28 de agosto de 2020, la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de Justicia, constató que dicho individuo no registra como abogado en sus bases de datos, profesión de la que hace gala, como tampoco registra como egresado de las universidades Icesi, Los Andes o siquiera la Uceva de Tuluá, de las que dice poseer títulos.

Y como siempre habrá quien requiera los servicios de este tipo de personajes sin escrúpulos, un semanario regional le dio tribuna para que amplificara sus campañas de desprestigio, y aunque la verdad siempre termina saliendo a relucir el daño que ocasionan es irreparable, porque ante sus andanzas la justicia es ciega.

En el escenario nacional no se puede  olvidar el escándalo del hacker, un burdo montaje que definió la presidencia del país a favor de Juan Manuel Santos, estratagema judicial construida desde la Fiscalía de entonces, pero descubierto el entuerto los medios y periodistas que lo inflaron y sirvieron de caja de resonancia ni siquiera hicieron un mea culpa pese a que hoy es evidente el daño que ese negro episodio le causó al país.

Un sicariato judicial y mediático que no respeta condiciones ni motivaciones, como lo ejemplifica el montaje que en buena hora pudo desmontar el almirante Gabriel Arango Bacci, a quien le acabaron la carrera y casi lo ponen a vivir un viacrucis como el del exministro Andrés Felipe Arias.

Una justicia con estos antecedentes, indiscutiblemente es temeraria e incluso más peligrosa que los criminales de fusil, pues actúan desde el ropaje de la legalidad acabando con la vida de sus víctimas y sus familias mientras posan de reputados togados, un decoro que al parecer ardió como los magistrados en ese doloroso episodio de la toma del Palacio de Justicia.

No imaginé que coincidiría alguna vez con el exfiscal Alfonso Gómez Méndez, pero debo abonarle su lucidez frente al tema, al afirmar con atino, “El día de la toma del Palacio de Justicia desapareció el poder judicial en Colombia. No nos hemos podido reponer de esa pérdida.” y para hacerlo el país requiere una verdadera reforma judicial, la misma que políticos y togados interesados seguirán embolatando desde sus poderosas posiciones.

 

Robert Posada Rosero
Acerca de Robert Posada Rosero 19 Articles
Comunicador Social Periodista, especialista en Derecho Constitucional.