La ciudad más violenta de Colombia

Robert Posada Rosero

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Robert Posada Rosero

Algo huele muy mal en Tuluá, mientras Colombia cerró este 2020 con la tasa de homicidios más baja en los últimos 46 años, el corazón del Valle volvió a superar las cifras del 2013, un retroceso que obliga al gobierno nacional a posar sus ojos sobre este municipio y preguntarse por qué vamos en contravía del resto del país.  

De acuerdo con cifras de la Policía, este año los homicidios se han reducido en un 4,6 por ciento, al pasar de 11.609 muertes violentas en 2019 a 11.070 homicidios en 2020, cifras que contrastan con las registradas en esta población, donde se presentó un aumento del 40 por ciento, con 151 homicidios en el 2020, frente a los 108 del 2019.

Capitales como Medellín, registraron una reducción del 36,6 por ciento; Pereira, tuvo una reducción del 16,2 por ciento y Cali alcanzó a disminuir los homicidios en 3,5 por ciento, urbes con poblaciones mucho más grandes y problemáticas sociales más difíciles de enfrentar; incluso Bogotá, tuvo una pequeña reducción del 0,2 por ciento, con 945 casos registrados en 2019 frente a los 943 de este año, pese a la nefasta gestión de Claudia López.

La situación de la Villa de Céspedes es tan compleja en materia de criminalidad que superó a ciudades capitales como Cúcuta, donde los homicidios se incrementaron en un 30,1 por ciento y Neiva, donde hubo un incremento del 17,9 por ciento, estadísticas que no pueden ser ignoradas y que obligan a los gobiernos nacional y departamental a asumir el liderazgo en esta materia ante el rotundo fracaso de las autoridades locales.

En el balance publicado el pasado 11 de diciembre en el diario El Tiempo, el director de Seguridad Ciudadana de la Policía, general Jorge Luis Vargas, reconoció que la reducción de los homicidios se debe a que la pandemia influyó en la reducción de todos los delitos en el periodo de aislamiento, espacio en el que la Policía tuvo la oportunidad de desarrollar “planes focalizados para combatir las organizaciones criminales y el tráfico de armas”. Ver informe El Tiempo en el siguiente Link. 

Planes que por lo visto no fueron aplicados de manera efectiva en Tuluá, donde las cifras dejan en evidencia la falta de reacción e incompetencia de su alcalde John Jairo Gómez Aguirre y su secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad, coronel (R) Jorge Gallego Chávez, quienes no pueden pasar de agache y hacer oídos sordos a los reclamos de la comunidad tulueña, que, aunque temerosa, clama por mejores resultados contra el homicidio, la extorsión y el hurto a residencias.   

Como tulueño me resisto a aceptar la vieja estigmatización de que somos una población violenta por naturaleza y que tenemos que acostumbrarnos a que nuestros muertos sean parte del paisaje, falacias que se caen con solo revisar las cifras de los años inmediatamente anteriores cuando se lograron avances significativos en esta materia, como lo dejan ver los históricos del Instituto Colombiano de Medicina Legal.

Según los reportes oficiales, Tuluá registró en el año 2016, 112 homicidios; en 2017 y 2018 la cifra bajó a 102 homicidios y en 2019 tuvo un pequeño incremento, llegando a 108 muertes violentas, los registros más bajos de los últimos 10 años, mientras las cifras del 2020 vuelven a ubicarse sobre el pico alcanzado en 2013, cuando tuvo 148 casos, periodo denominado por la prensa nacional como “la época del terror”, curiosamente cuando el actual alcalde John Jairo Gómez Aguirre, se desempeñaba como secretario de Gobierno.   

La situación actual nuevamente es alarmante. Para hacerse a una idea de cómo se maneja la seguridad en Tuluá, basta con señalar que el pasado mes de diciembre, el subcomandante de Policía, capitán Alexander Román Bravo Vallejo, fue capturado por orden de un juez de control de garantías, señalado de exigir 500 mil pesos mensuales a tenderos de la localidad para dejarlos trabajar con máquinas tragamonedas instaladas en los comercios de esta ciudad.

Gremios como la Cámara de Comercio de Tuluá y Fenalco y voces como la de los concejales del municipio y otros actores políticos y sociales no pueden seguir guardando vergonzoso silencio frente a esta masacre, no hay razones para callar, hacerlo solo ratifica su oportunismo, indolencia y falta de empatía por quienes sufren el rigor de esta dolorosa realidad que tiñe de sangre nuestras calles.  

No faltaran quienes por intereses políticos y posturas obtusas consideren que llamar la atención nacional sobre el rotundo fracaso y la penosa situación que en materia de seguridad vive el corazón del Valle es hablar mal de nuestra ciudad, muy por el contrario, considero que “Ser Tulueño” es tener el carácter y la responsabilidad de alzar la voz por las familias que en silencio tienen que llorar a sus muertos. 

Robert Posada Rosero
Acerca de Robert Posada Rosero 30 Articles
Comunicador Social Periodista, especialista en Derecho Constitucional.