La corrupción judicial es el más grave problema de Colombia

CORONEL (R) LUIS ALFONSO PLAZAS VEGA

@LAPlazasVega

La corrupción judicial es el más grave problema de Colombia Columna del Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, Ex director nacional de estupefacientes Clic para tuitear

Mucho se ha escrito sobre los hechos del Palacio de Justicia ocurridos en Bogotá, el 6 y 7 de noviembre de 1985, hace 31 años, pero pocos han tenido, no solo que ser protagonistas, sino que ver sacrificada su carrera profesional. Siendo el primero y mejor calificado de mi promoción tuve que ver culminada mi carrera militar por haber defendido el sistema democrático.

Y como si fuera poco he sufrido una implacable persecución política por dos razones: Una, haber enfrentado a los miembros del grupo terrorista M-19 autores del asalto, y Dos, haber sido Director de Estupefacientes durante el gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez, cargo en el cual cumplí una tarea que fue profusamente reconocida por la nación colombiana, llegando a quitarle bienes y dineros mal habidos a los narcotraficantes de todos los carteles en sumas de alrededor de dos billones de pesos (Mil Millones de dólares).

Siendo el primero y mejor calificado de mi promoción tuve que ver culminada mi carrera militar por haber defendido el sistema democrático. Clic para tuitear

Fui privado de la libertad durante 8 años y medio, por secuestro y desaparición forzada y tratado por varios medios de comunicación como un asesino y un genocida, para luego de ese largo tiempo, recibir la absolución con la cual se cerró un vergonzoso capítulo de la justicia colombiana, que afortunadamente reivindicó la propia justicia con la absolución por parte de la Corte Suprema.

Anoto que, a los operadores judiciales, fiscales, jueces y magistrados, que cometieron este crimen en mi contra, ni siquiera les han abierto un proceso penal. Ni mucho menos a los integrantes del Colectivo José Alvear Restrepo, autores de las acusaciones con falsos testigos presentadas en mi contra, por el supuesto secuestro y desaparición forzada de 11 personas. No quise acceder a todos los beneficios que en diferentes formas me ofrecieron durante esos años de privación de la libertad, beneficios a cambio de que aceptara haber cometido un delito que no solo no cometí, sino que no hubiera sido capaz de cometer, como fue la desaparición de personas esos días trágicos para Colombia. Es que, por el contrario, en aquella ocasión contribuí al rescate de 263 ciudadanos rehenes de los asaltantes.

Utilizando todos los recursos de la Ley colombiana, luché con mis abogados, mi esposa y mi familia durante ese largo tiempo con la frente en alto y dando ejemplo de estoicismo, hasta comprobar que todo lo que en mi contra se hizo, fue un montaje como el que suelen hacer en Colombia, contra los militares y contra algunos políticos de la oposición, sirviendo intereses ideológicos del comunismo internacional, o vengativos de las mafias del narcotráfico contra quienes los han combatido.

Y lo hice sistemáticamente hasta demostrar mi inocencia en cada uno de los cargos que se me formularon. Pieza fundamental fue el periodista investigativo Ricardo Puentes Melo, quien descubrió uno a uno los falsos testigos que usaron para la conjura. Actualmente está en el exilio, amenazado de muerte o confinación en una cárcel.

Demostré mi inocencia. Ahora será difícil la tarea de los juzgadores que me mantuvieron privado de la libertad por ocho años y medio, para explicar los dieciocho cargos que prosperaron contra el inicuo fallo que me había condenado, según la Sentencia de la H. Corte Suprema de Justicia que me absolvió, anulando la horrible condena a 30 años de cárcel que me habían formulado. Uno solo de los cargos que hubiera prosperado contra los injustos juzgadores, habría sido suficiente para decretar mi absolución e inocencia, sin embargo, fue tan vergonzosa la persecución judicial, que no fue uno, sino 18 los cargos que afectan a los jueces que cometieron la tamaña injusticia de condenarme siendo inocente.

Aterrador que diferentes jueces y magistrados se hubieran negado recurrentemente a concederme las más de diez solicitudes de libertad, las correspondientes impugnaciones, las peticiones de cesación de procedimiento, las nulidades, las varias tutelas y los ocho recursos de Habeas Corpus. ¡Aterrador!

Aterrador que más de siete de mis abogados hubieran tenido que renunciar, dejando constancia varios de ellos sobre la falta de garantías en un proceso que ya estaba sentenciado antes de escuchar a la defensa. ¡Aterrador!

Aterrador que más de siete de mis abogados hubieran tenido que renunciar, dejando constancia varios de ellos sobre la falta de garantías en un proceso Clic para tuitear

Aterrador que se me hubiera condenado estando hospitalizado, sin darme la palabra para mi defensa material. No conozco otro caso semejante en los juicios de la civilización occidental. Eso solo cupo en la imaginación de Franz Kafka. ¡Aterrador!

Impresiona y todavía me duele, que la juez María Estela Jara que llevaba mi caso, no me hubiera permitido asistir al lecho de mi padre agonizante que preguntaba por su hijo mayor. Una justicia que años después trajo al más terrible terrorista y narcotraficante colombiano, Luciano Marín Arango, conocido en el mundo del crimen como “Iván Márquez” al entierro de su madre. Este delincuente fue trasladado en avión oficial por disposición del más deplorable protector del crimen organizado, conocido en la historia de Colombia, como es el Presidente Juan Manuel Santos.

Este delincuente fue trasladado en avión oficial por disposición del más deplorable protector del crimen organizado, conocido en la historia de Colombia, como es el Presidente Juan Manuel Santos. Clic para tuitear

Inaceptable que me hubieran llevado a la cárcel ordinaria de la Picota, así fuera por solo nueve días, violando mi fuero militar y mi fuero como “persona de Alto Riesgo”, dispuesto por Directiva Presidencial, por mi labor contra las mafias del narcotráfico cuando salí del cargo de Director Nacional de Estupefacientes; un Ministerio sin cartera que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez me otorgó, de cuyo nombramiento me siento honrado y de cuya gestión me siento orgulloso.

Absurdas las críticas que llovieron sobre la alocución presidencial al día siguiente de mi injusta condena, en la cual el Presidente Álvaro Uribe Vélez manifestó ante la nación y el mundo, la tristeza que le producía un castigo injusto contra una persona de reconocida inocencia y servicio a la patria. La Sentencia absolutoria de la Corte Suprema de Justicia en diciembre del 2015, honró la posición asumida en aquella alocución por el Presidente Uribe.

Deja sin palabras a cualquier entendido en derecho penal, el desconocimiento de las doce (12) ocasiones en que el Ministerio Público, representado por varios Procuradores, diferentes en cada parte procesal, y en forma personal por quien estaba investido como su máximo representante, el doctor Alejandro Ordoñez Maldonado, quien se manifestó oficiosamente a través de recursos de ley, juiciosamente soportados con argumentos contundentes, pidiendo la libertad y la revocatoria de la condena, sin que hubiera sido atendido su clamor. En doce (12) ocasiones se desconoció al Ministerio Público colombiano. Era evidente una consigna en contra del ex Director Nacional de Estupefacientes, que no puede seguirse presentando en la Rama Judicial de nuestro país.

Sobre este tema he escrito cuatro libros y mi señora Thania Vega ha escrito uno muy sensible, que quedan para la Historia Patria, cuando esta materia vuelva a recuperar su posición en el pensum de bachillerato, que lamentablemente se retiró desde el decenio de los años ochenta.

En este nuevo libro hago un recuento de la situación que vivía Colombia precisamente en ese decenio, cuando los barones de la droga en unión con los guerrilleros de los diferentes grupos, cometían todo tipo de atropellos y vejaciones contra los ciudadanos, los miembros de la Fuerza Pública y los jueces honorables de ese entonces.

Hablo en este libro, del asalto criminal del M-19 a la sede de las Altas Cortes, y la forma valiente y sacrificada como los soldados y policías bajo el mando del General Armando Arias Cabrales, comandante de la Décimo Tercera Brigada lograron derrotar a los terroristas, rescatar con vida a 263 personas, entre ellos 43 magistrados, y mantener el Estado de Derecho.

Relato la forma como se iniciaron los procesos judiciales contra el grupo asaltante, y los resultados que determinaron jurídicamente en una labor juiciosa de investigación y juzgamiento, que los únicos responsables del Holocausto contra la Justicia fueron los miembros de la organización M-19, como lo determinó la más juiciosa investigación, que correspondió al Tribunal Especial de Instrucción criminal creado por la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno Nacional en diciembre de 1985. Investigación que fue desconocida posteriormente por los funcionarios judiciales que adelantaron una nueva investigación precisamente después de mi retiro de la DNE.

Hago un recuento de la presencia del narcotráfico, no solo en este asalto sino en muchas actividades claves de la vida colombiana. Allí está relatada con soportes noticiosos y formales, la lucha del coronel Plazas Vega y su jefe el Ministro de Justicia Fernando Londoño Hoyos, contra todos los carteles dedicados al narcotráfico, y la arriesgada tarea que, con mis selectos funcionarios, emprendimos en esos dos años y tres meses de enfrentamiento a las más peligrosas mafias.

Luego vino el giro violento de los acontecimientos judiciales, el desconocimiento a la lucha emprendida contra el crimen organizado, y en su lugar la judicialización a quienes enfrentamos al terrorismo y al narcotráfico.

No tiene calificativo el desarrollo de la investigación realizada por la Fiscal Ángela María Buitrago, contra Plazas Vega, precisamente después de haber desmantelado las redes de narcotráfico, aumentado la proporción de glifosato para hacerlo efectivo contra la hoja de coca, extinguido el dominio a los bienes mal habidos tanto de narcos como de la guerrilla de las Farc, y ganado los procesos judiciales más difíciles, como el que le quitó buena parte de los bienes a los capos Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Escobar Gaviria, o la liquidación de los bienes de Leonidas Vargas, que nadie se atrevía a realizar.

Cierra este capítulo con el atentado al ex Ministro de Justicia Fernando Londoño Hoyos, para ejercer venganza contra quien desde el Consejo Nacional de Estupefacientes dictaba las políticas de lucha contra el flagelo de las drogas, que Plazas Vega ejecutaba y volvía realidad. Y para tratar de silenciar su programa de radio “La Hora de la Verdad”, el único que tenía el valor de contarle a los colombianos las infamias de ciertos funcionarios judiciales y la realidad que se estaba viviendo y se sigue viviendo en nuestro martirizado país.

Mi demanda comprende lo ocurrido en el Juicio: el desconocimiento de mi fuero militar, el apresamiento del Juez Militar Mauricio Cújar Gutiérrez por haber pedido que el proceso pasara a la Justicia Penal Miitar al tratarse de un acto del servicio, hoy confirmado a través de la sentencia absolutoria de la Corte Suprema de Justicia.

La hospitalización de Plazas Vega por la crisis emocional generada por este cruel montaje, y el duro relato de la pérdida de mi nieto en el vientre de su madre el día que me llevaron a la fuerza a la cárcel de la Picota, y el escándalo nacional a través de los medios de comunicación.

El trato infame a que fui sometido, al estilo de las prisiones Nazis de la segunda guerra mundial, y mi regreso al Hospital Militar, de donde había sido sacado a la fuerza, contraviniendo las decisiones de una Junta Médica, y por ende mis DDHH y la legislación internacional.

Relato en este libro, cómo me condenaron por la supuesta desaparición forzada de once personas, a treinta años de cárcel, sin una sola prueba. El escándalo de prensa que se armó por tan evidente injusticia y la ya mencionada alocución presidencial.

Está escrito lo ocurrido en la segunda instancia. La petición libertad por parte de más de 100 personas notables de Colombia, publicada a toda página en el diario El Tiempo, promocionada y refrendada por el decano del periodismo en Colombia, el inefable Plinio Apuleyo Mendoza.

La curiosa coincidencia de que varios de los operadores judiciales a quienes les correspondió en suerte el reparto de las peticiones del sindicado eran jueces cuestionados, y hasta ex convictos.

La confirmación de la condena a 30 años de prisión por “inferencias” a falta de pruebas, en la desaparición forzada ya no de once, sino de dos personas. Es que sobre las nueve desapariciones restantes, le era imposible al Tribunal del Ad Quen, confirmar la sentencia de primera instancia, pues no existía una sola prueba ni un solo indicio. Y la reacción nacional e internacional a mi favor. El hecho de que el magistrado ponente Hermens Darío Lara Acuña, el único de los tres que configuraban la sala, que estudió el proceso, hubiera sido reemplazado, les dejó a los colombianos el sabor amargo de una descarada injusticia, y se convirtió en un Salvamento de Voto que, publicado en un libro, fue el más vendido en Colombia en el último trimestre del 2012.

Finalmente, el recurso extraordinario de Casación, en el cual no solo fue protagonista mi defensa técnica a cargo del prestigioso jurista Jaime Granados Peña, sino también el Ministerio Público los cuales presentaron sendas demandas, cada una con múltiples cargos contra la condena de segunda instancia.

Las disculpas para prolongar por un año la decisión, luego de la ponencia absolutoria del magistrado sustanciador de la Corte, Luis Guillermo Salazar Otero, indican el nivel de compromiso de algunos magistrados. La paradoja de que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, se manifestara a favor de que el narcotráfico fuera considerado conexo al delito político, mientras que omitía declararse impedido para juzgar a un ex Director de Estupefacientes, es demasiado elocuente.

Y finalmente la absolución del coronel Plazas Vega, en la cual prevalecieron la ponencia del H magistrado Salazar Otero, como la posición del Presidente de la Sala de Casación Penal H. magistrado José Luis Barceló, como una reivindicación de la Justicia colombiana en un caso tan sencillo de resolver, que malintencionados operadores judiciales habían convertido a fuerza de trampas y argucias, en el más difícil proceso penal contra un militar honorable, hasta ahora conocido en nuestro país.

Como lo dice el subtítulo del libro, aquí queda un testimonio, debidamente soportado sobre la situación de la Justicia en Colombia. De cómo se sacrificó a los más honorables y probos magistrados en el holocausto del 6 y 7 de noviembre de 1985, cometido por el grupo terrorista M-19.

De cómo no solo en el proceso que tuve que sufrir, sino en muchos otros, un sector importante de la justicia colombiana se convirtió en el violador de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Obviamente todavía hay jueces justos y valientes en Colombia que al final prevalecieron sobre los inconsecuentes y abyectos, y por eso hoy gozo de mi libertad.

No me queda la menor duda de que en medio de los innumerables problemas que afronta nuestro país, el más grave de todos es el de la Corrupción Judicial. Sin solucionar este, no podrán resolverse el resto de los que todos conocemos y lamentamos. Entre ellos no sobra mencionar algunos:

– La irresponsabilidad de buena parte de los medios de comunicación cooptados mediante una censura extorsiva que los hizo perder completamente su credibilidad entre los ciudadanos. Lo que menos les interesa es hacer conocer la verdad a los colombianos.

Ocultar acontecimientos como una enorme marcha de protesta en todas las ciudades del país, constituye una pueril actuación desinformativa que los pone en evidencia como ocultadores de la realidad ante los ciudadanos de la nación, que fueron quienes marcharon.

– Las Fuerzas Militares de Colombia pasaron de ser Nacionales, a ser Gubernamentales, en una sucesión de eventos cuya responsabilidad corresponde más al gobierno que a los propios mandos militares.

-El Clero colombiano cedió su altruista misión evangélica a sus tristes incursiones políticas siguiendo una ideología que todos conocemos.

– Muy sutilmente, las cárceles se abrieron para que salieran libres los criminales y en su reemplazo entraran los defensores del orden constitucional, del Estado de Derecho y del Sistema Democrático.

-La soberanía nacional es violada a discreción tanto por nuestros vecinos, como por países de lejanas latitudes, sin que nadie se inmute.

– Es muy triste contemplar cómo la fecha del 6 de noviembre de cada año, dejó de conmemorarse como el día en que la Fuerza Pública Colombiana derrotó al terrorismo, preservó el Estado de Derecho y rescató centenares de ciudadanos, en cumplimiento de su misión constitucional, para pasar a ser el día de celebración del M-19.

Los programas de televisión que en los primeros años exaltaban la labor de las tropas, pasaron en los años recientes a señalar a los militares como los genocidas y a promocionar a los asaltantes del grupo terrorista como próceres. Los militares y policías que llenaban la Catedral Primada para acompañar a los familiares de las víctimas en la misa que se celebraba en honor de ellas, dejaron de ser invitados. Los militares tuvieron que refugiarse, para rezar por sus muertos, en la catedral castrense del cantón norte, y en la última celebración, ni siquiera asistieron los mandos militares. Mientras tanto, en la Plaza de Bolívar ondean las banderas del M-19, y en las carpas instaladas por juventudes de las Farc, exhala el olor a marihuana. Y los medios continúan presentando crónicas que favorecen a los asaltantes, mientras olvidan a los funcionarios judiciales asesinados por el M-19.

-Las personas que lucharon contra el negocio de las drogas han sido privadas de la libertad y enjuiciadas, la extradición de narcotraficantes ha sido suspendida, la aspersión contra los cultivos ilícitos se acabó, las instituciones que enfrentaron el negocio de las drogas han sido liquidadas, el inventario de hectáreas sembradas en coca regresó a las cifras de los años 80, la producción y exportación de cocaína ha aumentado exponencialmente, y en forma insólita se pretende que el delito de narcotráfico no se considere un acto antijurídico autónomo, sino conexo con el de rebelión, cuando se le está dando este calificativo al terrorismo.

En otras palabras, ciertos juristas muy ilustres pretenden legalizar el uso del narcotráfico, como fuente de financiación del terrorismo.

En otras palabras, ciertos juristas muy ilustres pretenden legalizar el uso del narcotráfico, como fuente de financiación del terrorismo. Clic para tuitear

Colombia debe pensar seriamente en la formación de sus abogados y en la selección de sus jueces, recordando la importancia de que, para ejercer la ciencia del derecho, más importante que la preparación académica es la formación ética y moral de los juristas. Caso contrario seguiremos contando con personas que utilizan sus enormes conocimientos judiciales, para proteger el crimen organizado, para buscar el crimen perfecto y lograr su consecuente impunidad, y así la justicia se convierte en la primera violadora tanto de los DDHH como del DIH.

A mi juicio, los dos problemas más grandes que enfrenta Colombia en estos momentos, son la corrupción judicial, y la censura extorsiva de los medios de comunicación.

A mi juicio, los dos problemas más grandes que enfrenta Colombia en estos momentos, son la corrupción judicial, y la censura extorsiva de los medios de comunicación. Clic para tuitear
Luis Alfonso Plazas Vega
Acerca de Luis Alfonso Plazas Vega 5 Articles
Sin duda el más caracterizado y eficiente director de estupefacientes de Colombia. Enfrentó a las mafias del narcotráfico siendo funcionario durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, entre agosto de 2002 y noviembre de 2004. Oficial del Ejército Colombiano, ingresó a la edad de quince años como cadete de la Escuela Militar y alcanzó el grado de coronel, con el cual se retiró en 1992. Es Administrador de Empresas de la Universidad América, especializado en Administración Pública de la ESAP, Diplomado en Alta Gerencia en la Universidad de Los Andes y Diplomado en Asuntos Internacionales en la Sociedad de Asuntos Internacionales de Madrid. Se ha desempeñado como agregado militar en Madrid, Ministro plenipotenciario en Pretoria (Sudáfrica). Delegado de Colombia en la Novena Conferencia de la UNCTAD en Midrand (Sudáfrica).