La cruz a cuestas

Jorge Pérez Solano

Jorge Pérez Solano

No la tiene fácil el recién elegido presidente de la Justicia Especial para la Paz Eduardo Cifuentes, le toca echarse al hombre semejante adefesio de justicia que cada día pierde más credibilidad... Clic para tuitear

La llegada del exmagistrado de la Corte Constitucional Eduardo Cifuentes como presidente de la Justicia Especial para la Paz, en reemplazo de la controvertida magistrada Patricia Linares, resultará todo un calvario de dolorosos rosarios para quien antepone su prestigio y su recorrido profesional, frente al plagado desafío de sacar del fango, en medio de tanta polarización, a un Tribunal de Justicia que en sus escasos años, se ha convertido en el aparente escampadero de lavadores de crímenes y del restablecimiento de la moralidad en la reescritura de la historia delictiva colombiana.

Después de haber arrancado previo a su creación con la Ley 1957/19 como Sistema de Justicia Transicional para la comparecencia de los reincorporados y de terceros, así como de miembros del Estado, algunas organizaciones no gubernamentales y políticas, se han opuesto – y se siguen oponiendo – por las inevitables consecuencias que traía consigo el entonces y desastroso acuerdo de la habana que suscribió el anterior gobierno con la “sobreviviente” organización FARC, y que en efecto, se sigue vislumbrando con mayor fuerza, en lo que se venía denunciando con respecto al cambio de brazaletes de esta última en disidencias, en unión con los carteles de la droga en algunas regiones del país y la participación de la misma población.

Según el informe entregado por la Sala de Reconocimiento de Verdad – JEP, una vez arrancó el alto tribunal, de los 3000 mil guerrilleros de las Farc encarcelados, entre 112 y 160 inmersos en delitos de mayor peligro, han salido de prisión y fueron traslados a las zonas veredales, otros 300 las han abandonado de los 7000 acoplados, más de 15 han sido asesinados, otros 50 procesados por la justicia ordinaria, han venido obteniendo la libertad transitoria, condicionada y anticipada.

Entre unas y otras cifras, de los más de 1100 empleados y 38 magistrados, con un presupuesto de más de 44 mil millones de pesos anuales, se sigue repitiendo lo que en el pasado señaló la Contraloría General de la República en el año 2017 frente a las entidades relacionadas con Justicia y Paz, por el insuperable número de víctimas y hechos delictivos que no se previó al momento de expedir la Ley, la desbordada incapacidad institucional, la debilidad de los procedimientos a la hora de aplicarlos, la lenta transformación de implementación y la incipiente adaptabilidad de la estructura organizacional al sistema judicial.

Del mismo modo, las discusiones igualmente han surgido por la manera como la JEP se abroga las funciones y facultades de otras entidades, desconociendo la independencia que constitucionalmente tienen la Fiscalía y la Corte Suprema, en especial esta última, que en el pasado viene reclamando frente a la laxitud en que se admiten personas condenadas o las declaraciones frente a las competencias en los casos que no tienen relación con el conflicto armado como el ‘cartel de la toga’, o los extintos paramilitares, desconociendo que en esa justicia no pueden entrar estos, por lo establecido por la ley, teniendo en cuenta que las AUC no participaron del Acuerdo Final entre el Gobierno y las Farc.

No la tiene fácil el recién elegido presidente de la Justicia Especial para la Paz Eduardo Cifuentes, que después de haber sido magistrado, defensor del pueblo, director de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en la Unesco, miembro del grupo nacional de la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya y mediador ante la Comisión Especial para el tratamiento de Conflictos ante la OIT, le toca echarse al hombre semejante adefesio de justicia que cada día pierde más credibilidad, por las relaciones ya conocidas de servidores con los hoy fugados Santrich y Marquez, y que interfieren, según se ha denunciado, en decisiones como la recién expedida por el magistrado Alejandro Ramelli en el caso Dabeiba contra el Ejército Nacional.

No es un secreto que la grafía institucional que se planteó para el cierre jurídico del conflicto por los delitos que se cometieron hasta la firma del acuerdo no se han cumplido, por la evidente inacción de la JEP en desvincular a muchos excombatientes activos, como la reciente evidencia de nuevas cuentas en Turquía y Grecia, para blanquear capital producto del narcotráfico donde estarían involucrados miembros del actual secretariado que despacha desde el partido y el Congreso, como lo señala una investigación en curso por el Departamento de Estado de los EE.UU.

Es difícil seguir ocultando la verdad frente al futuro que le depara a la JEP, por su notable incompetencia para asumir la verdadera justicia, por la enorme indiferencia y el acostumbrado folclor con que despacha cada realidad delincuencial de la vigente Farc, olvidando por completo a las víctimas, deslegitimando el Sistema de Verdad, Justicia y Reparación, en contravía y debilitando la justicia ordinaria.

Pataletas de ahogados los que montaron ese esperpento, al rabiar con los que en su travesía desean que se derogue, ya que no es sencillo mediante un referendo lograr tamaña consigna con exagerada verdad, por las condiciones limitadas en medio de tanto levógiro, por el reducido término en que le queda a este gobierno y por el chantaje judicial en que se encuentran todas las decisiones que se tomen en beneficio del país.

No es claro lo que falta en estos dos años para elegir nuevo Presidente de la República, por la oleada de candidatos de centro izquierda, por la inexistencia de un candidato de la derecha, por el desorden administrativo de los departamentos y municipios del país con esta pandemia, por el inevitable hueco fiscal originado en estos 7 meses, por el aumento de la inseguridad local, por la deserción escolar, por la insuficiente brecha de participación tecnológica y de banda ancha para la inclusión educativa, el sesgo, el chantaje y la apatía del gremio de los profesores del país para reiniciar clases, en fin, estamos en una encrucijada política y económica con recesión, que pese al manejo prudente y a las acciones rápidas de este gobierno, no se dimensiona una tranquilidad entre los miles de trabajadores e inversionistas que se ven limitados a la hora de lograr los fines con que se verifican los costos y beneficios en el mediano y largo plazo.

Bien decía Voltaire: “Los pueblos a quienes no se hace justicia se la toman por sí mismos más pronto o más tarde”.

JORGE MARIO PEREZ SOLANO
Acerca de JORGE MARIO PEREZ SOLANO 45 Articles
Abogado,Especialista En Derecho Administrativo, ha sido asesor y consultor en el sector nacional y territorial socio en Safey & Lawyers SAS - Bogota. Fue columnista en el hoy diario del magdalena, bloguero en kienyke,columnista en seguimiento.co. Samario de nacimiento,Barranquillero y Bogotano por adopción;su domicilio y residencia están en Bogotá y Barranquilla