La falta ética e integridad en el periodismo engendra más corrupción

Martin E. Botero

Martín Botero

@boteroitaly

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Durante el gobierno del presidente Duque se ha observado todo un patrón de intentos de desinformación, mala información y propaganda engañosa por parte de medios de comunicación ávidos de sensacionalismo y alarmismo mediático, cuando no las mentiras manifiestas que son exhibidas delante del público, el hostigamiento y los atentados contra los derechos de la persona, que da lugar a un periodismo subjetivo y crea una injusta desventaja para todos, sin necesariamente tener conciencia de ello, y en las que periodistas de algunos medios —incluyendo activistas proderecho humanos  – han formulado acusaciones infundadas contra diputados o senadores o miembros del gobierno en el marco de su lucha contra una mayoría incómoda, y hay ciertos periodistas que presentan pruebas (como “sub judice”) que no benefician todas a la misma parte, dirigidas a influir y prevenir al propio Tribunal en un sentido o en otro, influyendo en los testigos o presionando sobre la libertad de elección y conducta de una de las partes en litigio, que reflejan su bancarrota moral.

Esas tentativas que practican los medios de difusión para distraer la atención, distorsionar y ocultar hechos, unida a su tendencia a los efectos de shock, en donde todos andan escarbando para lograr una noticia de primera plana, que  suele estar dominada por la urgencia, pueden revestir diversas formas y ser contraproducentes, son prácticas que deben ser criticadas severamente, por contribuir a crear un clima de intensa polarización político-ideológica, dando lugar a una cultura de impunidad para los autores de abusos y a una intromisión grave en la libertad de las personas.

Estamos hablando de campañas predicadas por los medios de comunicación masiva que siguen repitiendo declaraciones luego de que han sido denunciadas como falsas y hay signos de que van en aumento; de los juicios paralelos en los medios como manera de acoso u opresión, motivo o pretexto para que se absuelva o se condene al acusado; de la falta de conocimiento o profesionalidad por parte de los periodistas, y la banalización y el sensacionalismo en el trato de noticias judiciales; de la presentación irrespetuosa de casos individuales como una «verdad establecida» y la falta de objetividad en la aplicación del principio de cautela; de nuevos métodos de propaganda engañosa, altamente orientados a confundir a la opinión pública e influenciadas y manipuladas por periodistas que no respetan la ética y la deontología” de su profesión, también de la parcialidad en la selección y presentación de la información. 

La politización de los medios y la falta persistente de profesionalidad e independencia intelectual de los periodistas y los profesionales de los medios de comunicación en el desempeño de su actividad pueden incrementar la desconfianza de los ciudadanos y el público en general y, por tanto, es inaceptable y solamente sirve para avivar las tensiones y la confianza del pueblo en el Gobierno y en las instituciones públicas. Todos conocemos el extraordinario poder de la prensa para influir en la opinión pública (“principio de presión”), moldear la percepción de la realidad (separar a los inocentes de los culpables), generar actitudes críticas y moralistas inconvenientes, apuntar con el dedo o acusar a los sospechosos e inculpados en el marco de un procedimiento penal, abrirles un proceso en la prensa e incitar a la hostilidad y a la agresión contra una de las partes (“juicios previos”).

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Existen muchos indicios de que se ha producido un lamentable deterioro de la ética en los medios de comunicación convertido en foro para la propaganda demagógica e irresponsable contra el Gobierno, contra el Estado, contra todas nuestras condiciones democráticas, en suma. En Colombia, algunos medios sumamente politizados en el ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de expresión, están provocando tensiones con su discurso público cargado de odio en busca echarle todas las culpas al gobierno de todo lo negativo, es tentador, pero es lo más deshonesto que se ha hecho nunca y es más bien una clara amenaza para la estabilidad.

Por ejemplo, hemos estado sometidos durante esta semana a presiones por parte de la prensa con noticias que, nuevamente, ha dado mucho que hablar y ha hecho derramar ríos de tinta, que a veces eran ciertas, a veces estaban manipuladas deliberadamente para servir a diversos objetivos políticos, que ha traído el descrédito e incluso el deshonor sobre una presidencia y un hombre en particular, Sr. Iván Duque, quien defiende el imperio de la ley, respeta los derechos de su pueblo y le proporciona seguridad.

Cuando se afirma que el presidente ha prestado un mal servicio, se expresa una opinión, pero cuando se afirma que es un ladrón o un asesino, puede tratarse de un caso de difamación y calumnia que puede conllevar una sanción penal. Quisiera rendirle homenaje públicamente por la injusticia que ha padecido, ya que todas las acusaciones realizadas contra él y la presidencia han demostrado ser infundadas. Tal trato es sencillamente un insulto a la dignidad humana, totalmente inaceptable y debe condenarse. Todo periodista que no diferencie entre los criminales y asesinos de civiles y las personas inocentes, es sencillamente un mentiroso, y protesto contra tales mentiras. Otro ejemplo pintoresco de la perniciosa práctica de la manipulación de la opinión pública, han sido los ataques ad hominem contra el presidente Uribe y el partido de mayoría realizados por un prófugo de la justicia, que deberá responder ante la misma de las numerosas causas pendientes.

Todo periodista que no diferencie entre los criminales y asesinos de civiles y las personas inocentes, es sencillamente un mentiroso, y protesto contra tales mentiras. Clic para tuitear

Este tipo de información resulta escandaloso y ofensivo para millones de colombianos. Si se permite a los medios de comunicación juzgar a las personas, de influir en el público, descubrir por sí sola la verdad procesal o mostrar falta de respeto a los ciudadanos, los Estados estarían haciendo caso omiso de las leyes que ellos mismos han aprobado. El derecho a estar informado no implica la ausencia de toda regla, la permisividad y el irrespeto de los derechos y la reputación de otros, la incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. El derecho a la información, junto con el derecho a la libertad de expresión, no pueden dar lugar a la difamación, la calumnia y la injuria, a violaciones y abusos que pueda justificarse con arreglo al derecho internacional.

Otro ejemplo claro que tiene mucho que ver con los malentendidos y sospechas, y la imposibilidad de sustentarlos considerados aquí, ha sido la denominada estrategia de una bodega “uribista” para atacar a críticos de gobierno Duque. Nada más ridículo, irreal y contradictorio. Este virulento ataque – contra activistas del movimiento democrático y personas independientes activos en la sociedad de la información, de corte liberal compuesta por ciudadanos con ideas afines que colaboran a lo largo y ancho de este gran país, libres, responsables y amigos en un Estado moderno – tiene el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos y que tenga lugar un proceso democrático normal en el que se procedería a conocer directamente y de forma constante la opinión de su ciudadanía o de las partes interesadas acerca del proceso decisorio y sobre aquellos temas que más le afectan (Libertad de expresión y opinión y acceso a la información).

Soy de la opinión de que la ciudadanía tiene derecho a saber quién ha votado y qué ha votado respecto de leyes y normativas que le afecten en su vida cotidiana, respecto del sistema de justicia, datos y opiniones libres de censura. Se trata de transmitir a los ciudadanos lo que el gobierno hace y en qué medida beneficia a sus vidas, para contrarrestar la publicidad negativa de muchos políticos nacionales y periodistas. Quizá se trate de negligencia, de falta de información o de un objetivo deliberado, pero de una forma u otra, se trata de un ataque -quizá, para algunos, no de la índole de un crimen-, pero se trata de un ataque contra la democracia y a la libertad de opinión y de información, contra la idea de privacidad o injerencia en sus vidas como el derecho de no ser espiados, contra personas que cuestionan ideas políticamente correctas, contra nuestra inteligencia, reforzado por un vil chantaje y representa un retroceso en el país. Amén.

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Martín Eduardo Botero
Acerca de Martín Eduardo Botero 71 Articles
Abogado Europeo inscrito en el Conseil des Barreaux Europèens Brussels. Titular de Botero & Asociados, Bufete Legal Europeo e Internacional con sede en Italia y España. Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Presidente y fundador de European Center for Transitional justice y vicepresidente en la Unión Europea de la Organización Mundial de Abogados. Graduado en Jurisprudencia por la Universidad de Siena (Italia) con Beca de Honor y Licenciado en Derecho por la Universidad Católica de Ávila (España). PhD en Derecho Constitucional Europeo por la Universidad de Bolonia con Beca de estudio del Ministerio de Exteriores italiano y la Unión Europea. Colabora con universidades, institutos de investigación especializados y organismos de la sociedad civil en los programas de cooperación jurídica y judicial internacional. Consultor Jurídico independiente especializado en anticorrupción. Su último libro lleva por título “Manual para la Lucha contra la Corrupción: Estrategia Global: Ejemplos y Buenas prácticas”.