La injusticia de la justicia: el caso de la Mayor Cristina Lombana

EDUARDO BENÍTEZ GAITÁN

@EduardoBenitezG 

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En 1894, Alfred Dreyfus, militar francés de origen judío, fue acusado y condenado a cadena perpetua por supuestamente haber entregado documentos secretos a los alemanes.

Durante 12 años, y a pesar de haberse encontrado al verdadero culpable (el Mayor Esterhazy), las autoridades francesas de la época cerraron filas para proteger al verdadero traidor y solo la presión de la opinión pública llevó a revelar que detrás de la condena a Dreyfus estaba su condición de ser judío (antisemitismo).

Al final, en 1906, se anula la sentencia contra Dreyfus, siendo rehabilitado y reintegrado al ejército francés.

Parece que en Colombia tenemos un caso similar, el de la Mayor María Cristina Lombana, perseguida por congresistas e integrantes de la Corte Suprema de Justicia por el solo hecho de ser militar e impulsar nuevas investigaciones contra el “cartel de la toga”.

Al igual que en el caso Dreyfus, así como se condena a un inocente se absuelve a un culpable, en este caso al señor Eyder Patiño, quien no merece ser llamado con la dignidad de magistrado dados los antecedentes y acusaciones graves que pesan sobre él por participar en el llamado “Cartel de la Toga” (venta de sentencias judiciales al mejor postor).

la Mayor María Cristina Lombana, perseguida por congresistas e integrantes de la Corte Suprema de Justicia por el solo hecho de ser militar e impulsar nuevas investigaciones contra el “cartel de la toga” Clic para tuitear

Basta con comparar las trayectorias y condiciones profesionales de la Mayor Lombana y el señor Patiño para constatar que detrás de la persecución a la Mayor está el trasfondo de una camarilla de políticos y abogados que han hecho de las Cortes su guarida para vender sentencias al mejor postor, indulgentes con la extrema izquierda e inquisidores sobre quienes no comulguen con ellos.

En el caso de la Mayor Lombana, es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, posgrados en Derecho Penal en la Universidad Pantheón-Paris II; Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Contratación Estatal en la Universidad Externado de Colombia; Administración Pública en Ecole National D’Administration y candidata a magíster en Derecho Penal de la Universidad Eafit.

Antes de ingresar a la Ejército, fue secretaria privada del despacho del Fiscal General de la Nación en los años 1995 y 1996 y jefe de la Oficina Jurídica del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana. Con su ingreso al Ejército en 2004 se vincula a la Escuela Militar para trabajar en la oficina de derechos humanos mientras presentaba el concurso para ser jueza penal militar, cargo en el que estuvo durante 14 años.

En marzo de 2007, en sus prácticas en L’École National de Administration, trabajó en la División Legal y de Asuntos Penales Militares del Ministerio de Defensa francés.

De acuerdo a notas de prensa, desde 2015 aspiró a una silla en la Corte Suprema de Justicia, siendo electa en diciembre de 2018 como una de las integrantes de la nueva Sala de Instrucción para garantizar el derecho a la doble instancia de altos funcionarios.

Por otro lado tenemos al señor Eyder Patiño, abogado con supuestos posgrados en Alemania y una abultada carrera burocrática en la Procuraduría y cargos judiciales en los municipios de Neiva, Baraya y El Hobo (Huila).

Desde 2013 Patiño ocupa una silla en la Corte Suprema de Justicia, donde ha relucido por ser uno de los magistrados del Alto Tribunal que se opuso a la sentencia que absolvió al Coronel Alfonso Plazas Vega, salvamento de voto que publica efusivamente en su página web el Colectivo Alvear Restrepo, fortín jurídico de la extrema izquierda (Ver: Palacio de justicia: Salvamento de voto magistrado Eyder Patiño Cabrera En: https://www.colectivodeabogados.org/?Palacio-de-justicia-Salvamento-de-voto-magistrado-Eyder-Patino-Cabrera).

Adicional a lo anterior, Patiño es tristemente célebre por haber sido cancelada su visa por los Estados Unidos el pasado mes de mayo de 2019, la cual tendría como causa la sentencia mediante la cual la Corte Suprema negó la extradición de un indígena de Ipiales (Nariño) a pesar de haber pruebas de transacciones de droga. De acuerdo a la ponencia de Patiño, la comunidad indígena ya había “sancionado” (¿?) al narco, por lo cual no era procedente su extradición a los Estados Unidos, junto a sus menciones por parte de los testigos que cooperan en el proceso conocido como “Cartel de la Toga”.

Como si esto no fuera poco, Eyder Patiño también es reconocido por ser uno de los firmantes, en su calidad de Presidente de la Sala Penal de la Corte, de la Providencia AP1989-2019, mediante la cual se ordenó la liberación de otro narco:  “Jesús Santrich”, hoy prófugo en Venezuela.

Además de perseguir militares o liberar a narcos, Patiño tiene a sus espaldas graves acusaciones del ex gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, hoy colaborador de la justicia estadounidense, quien remitió a Colombia una serie de declaraciones que involucran al hoy Presidente de la Sala Penal en el “Cartel de la Toga”, entramado de corrupción que consistía en pedir sobornos a políticos investigados para torcer sus procesos en el Alto Tribunal.

Ante tamaño escandalo dentro de la Corte Suprema, la magistrada Cristina Lombana dispuso trasladar el testimonio tomado por ella al ex gobernador Alejandro Lyons a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, respecto al señor Eyder Patiño, porque es esa comisión la que ya está adelantando una investigación sobre esos mismos hechos.

Lo paradójico del asunto es que la Sala Plena de la Corte, en lugar de respaldar las acciones de la magistrada Lombana para depurar la corrupción en el Alto Tribunal, se ha dispuesto a acelerar un acto administrativo para tumbar la elección de Lombana como magistrada de la Corte: Perseguir al inocente y proteger al culpable.

Pero los ataques a Cristina Lombana no solo vienen desde la misma Corte Suprema, también les resulta incómoda para los congresistas Gustavo Bolívar y Alberto Castilla.

El senador Bolívar tiene una investigación abierta por plagio por la serie de televisión “El Bronx” y aduce que una magistrada como Lombana no es garantía de imparcialidad por ser miembro activo del Ejército, pues se vulnera “la preservación de las garantías de independencia, imparcialidad y juez natural señaladas en la Constitución”. “Las investigaciones de las que ella haga parte no brindarán las garantías judiciales que entrega la Constitución, especialmente a los parlamentarios que nos declaramos en oposición al gobierno nacional”, aduce Bolívar.

En el caso de Alberto Castilla, tiene una investigación desde marzo de 2018 por vínculos con el ELN, según la defensa del senador Castilla, la magistrada Lombana no debe llevar ni ser parte del proceso, puesto que si lo están señalando de tener supuestos vínculos con el ELN, es un hecho que esa organización se ha opuesto ideológicamente al orden institucional que representa el Ejército Nacional, lo cual sesga su objetividad y parcializa su postura.

Es claro que para senadores como Gustavo Bolívar, Alberto Castilla y para narcos como Jesús Santrich resultan incomodos jueces como Cristina Lombana, ni que decir de los reductos del “Cartel de la Toga” dentro del Alto Tribunal, para ellos es garantía una persona como Patiño.

Como la magistrada Lombana no tiene el prontuario de personajes como Eyder Patiño, apelan a estigmatizarla por su condición de militar, como si en Colombia eso fuera un delito, aducen que el ser militar le quita “imparcialidad”, olvidando que las Fuerzas Militares de Colombia son de las pocas en el mundo que tiene la prohibición de deliberar y participar en política, o peor aún afirmar que el Ejército persigue por “ideología”, obviando que la misión de la Fuerza Pública está delimitada por la Constitución: Defensa de la soberanía, la independencia, la integridad territorial y del orden constitucional.

No es casual que gracias a esa arquitectura institucional, las Fuerzas Militares sean las instituciones más apreciadas por los ciudadanos, a comparación de una Rama Judicial desprestigiada, tildada de corrupta, indulgente con narcos como Santrich, cuyos procesos de selección de jueces y magistrados son más que dudosos y sin rendirles cuentas a nadie.

¿Por qué la Corte Suprema protege a Eyder Patiño?

¿Por qué no le aplican a Patiño las mismas reglas que llevaron a apartar de la Corte a Gustavo Malo?

¿Por qué persiguen a ciudadanos como Cristina Lombana por el solo hecho de ser militar vulnerando sus derechos a la igualdad y no discriminación, al buen nombre y la honra, al debido proceso, y a la participación en la conformación, ejercicio y control del poder político?

Es paradójico, que mientras nuestro Ejército actúa, da la cara, responde y se depura, nadie cuestiona, nadie critica, nadie exige y nadie da la cara, ni depura la Rama Judicial en Colombia diligente e indulgente para liberar a Santrich, pero inquisidora con ciudadanos como la Mayor Cristina Lombana.

Nadie cuestiona, nadie critica, nadie exige y nadie da la cara, ni depura la Rama Judicial en Colombia diligente e indulgente para liberar a Santrich, pero inquisidora con ciudadanos como la Mayor Cristina Lombana. Clic para tuitear

Eduardo Alberto Benítez Gaitán
Acerca de Eduardo Alberto Benítez Gaitán 14 Articles
29 años, politólogo de la Universidad Nacional de Colombia (2012) y magister en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra (2018) con diplomados en Seguridad Multidimensional de la Escuela Superior de Guerra y en Liderazgo Político Y Social de la Universidad Sergio Arboleda. Se ha desempeñado como Secretario de Gobierno y Desarrollo Social del municipio de Nuevo Colón (Boyacá).