La JEP merece el premio nobel a la desfachatez

Martin E. Botero

@boteroitaly

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La garantía de no extradición al exlíder de las FARC Jesús Santrich a Estados Unidos o la impunidad otorgada para enfrentar los cargos por narcotráfico en su contra, incluida su liberación inmediata y sin condición que llevaron a la renuncia del Fiscal General de la Nación, por decisión de la mayoría de los magistrados de la Sección de Revisión de la JEP – actualmente apelada por la Procuraduría ante la Sección de Apelaciones, órgano superior y de cierre del Tribunal -, merecen el máximo galardón o la mención especial que puedan concederse en la categoría de la desfachatez total y de la irresponsabilidad e inmoralidad de este máximo tribunal de justicia o corte suprema.

Esa es una decisión vergonzosa, jurídicamente equivocada y totalmente inaceptable para una sociedad civilizada como la nuestra. Esto no tiene nada que ver con la difícil búsqueda fundada de la verdad. Tales acciones no sólo menoscaban el espíritu y la credibilidad del proceso de paz a ojos de la comunidad internacional y el público, sino que ofrecen el riesgo más grave de enviar un mensaje inequívoco a todos aquellos culpables de crímenes de lesa humanidad y responsables de los peores crímenes internacionales que esperan ampararse en la impunidad generalizada y en una ley nacional, aun promulgada de buena fe. No sólo es incorrecto en principio, sino que también envía un mensaje erróneo a la comunidad internacional, puede poner en peligro la lucha contra la impunidad y posiblemente pone en tela de juicio nuestro compromiso colectivo con la justicia internacional. Esto constituye un escándalo jurídico increíble y una clamorosa burla al derecho de las víctimas a verdad, satisfacción y garantía de no repetición e iría crasamente en contra de los intereses de la paz y la estabilidad, supone además una tergiversación flagrante de la lógica, de la cooperación entre los Estados en servicio de la justicia.

Esto constituye un escándalo jurídico increíble y una clamorosa burla al derecho de las víctimas a verdad, satisfacción y garantía de no repetición e iría crasamente en contra de los intereses de la paz y la estabilidad Clic para tuitear

 Mediante este fallo, la JEP está perdiendo su credibilidad y está promoviendo, detrás de sus declaraciones de apoyo a los derechos humanos, la justicia, el Estado de Derecho y la democracia, un programa peligroso de «impunidad generalizada» y sistemática de los que incumplen la ley, lo que contradice claramente los principios constitucionales y los pactos internacionales que rigen e inspiran los mandatos judiciales en los tribunales y el respeto de las obligaciones internacionales contraídas para garantizar que nadie más pueda disfrutar nunca de  impunidad; muestra por tanto un alejamiento importante de los valores éticos y morales universalmente compartidos, al tiempo que da lugar a una ruptura de la sociedad actual y plantea dudas sobre la independencia y la objetividad de la JEP. La credibilidad de la JEP queda, por lo tanto, completamente en entredicho. Y esto bien podría ser la gota que colma el vaso de la paciencia de muchos ciudadanos y la sociedad colombiana en su conjunto ante el impacto sobre el estado de derecho y la justicia que la impunidad en el caso de Santrich está causando y seguirá causando en el futuro con consecuencias aún impredecibles.

Si Colombia hace caso omiso de sus responsabilidades en el ámbito de la cooperación internacional entre las autoridades judiciales en materia de asuntos penales, recurriendo en caso necesario a la asistencia judicial mutua y acuerdos de extradición –y tenemos noticias de que así ha vuelto a suceder en Santrich–, eso lo convierte en un socio difícil muy problemático para todos los demás países y los grupos socioeconómicos, incluso para los conservadores moderados. Esta decisión lesiona la credibilidad y la autoridad moral del Gobierno ante la población, ante el mundo y entre los círculos directamente afectados y pone en ridículo a la democracia. El Gobierno se arriesga a perder credibilidad ante la comunidad internacional justo cuando más la necesita. No en vano, el papel del Presidente Iván Duque en la comunidad internacional vendrá definido no solo por su rendimiento económico, sino también por su entrega en la práctica a la causa de la reconciliación, la justicia y la paz. El Gobierno Duque no puede –no debe– mantenerse impasible ante estos acontecimientos. Es su deber fortalecer su compromiso y liderazgo para luchar contra la impunidad y la justicia politizada, y la promoción de una justicia independiente y creíble que se aplique a todos: se trata de una obligación moral y jurídica con las víctimas derivada de las normas del derecho internacional, con nosotros mismos y, sobre todo, con las generaciones futuras. Para ello, hay que rodear y apoyar lo que el presidente Duque está haciendo por la dedicación y la diligencia mostradas, y desearle todo lo mejor para el futuro. Creo que hay que apoyar, sostener y animar efectivamente este gobierno, para que siga hasta el final, hasta que se establezca plenamente la verdad, el cumplimiento de las condenas y adoptar todas las medidas necesarias para que un acontecimiento tan desagradable no vuelva a repetirse. Entre otras cosas, hay que trabajar para que el paso del tiempo no suponga la impunidad para algunos de los fugitivos, que el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra no queden impunes y que las generaciones futuras puedan aprender la lección que se desprende de la lucha contra la impunidad y una justicia completa y universal. La justicia al servicio del derecho, como la base de la paz, generará una paz sostenible sólo si se busca a la par de los esfuerzos de reconciliación y la justicia internacionales, incluida la capacidad de llevar ante la justicia a sus nacionales responsables de crímenes de lesa humanidad, quienesquiera que sean. Cuando un sistema de justicia es reacio a enjuiciar y castigar a los perpetradores de esos actos, o incompetente, seguirá siendo apremiante la necesidad de los tribunales internacionales. No debemos olvidar que el respeto hacia las víctimas y sus seres queridos implica que los responsables de los crímenes internacionales más graves no deben quedar impunes o quedar sin castigo o que los varios acusados sigan estando fuera del alcance de la JEP.  Amen

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Martín Eduardo Botero
Acerca de Martín Eduardo Botero 29 Articles
Abogado Europeo inscrito en el Conseil des Barreaux Europèens Brussels. Titular de Botero & Asociados, Bufete Legal Europeo e Internacional con sede en Italia y España. Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Presidente y fundador de European Center for Transitional justice y vicepresidente en la Unión Europea de la Organización Mundial de Abogados. Graduado en Jurisprudencia por la Universidad de Siena (Italia) con Beca de Honor y Licenciado en Derecho por la Universidad Católica de Ávila (España). PhD en Derecho Constitucional Europeo por la Universidad de Bolonia con Beca de estudio del Ministerio de Exteriores italiano y la Unión Europea. Colabora con universidades, institutos de investigación especializados y organismos de la sociedad civil en los programas de cooperación jurídica y judicial internacional. Consultor Jurídico independiente especializado en anticorrupción. Su último libro lleva por título “Manual para la Lucha contra la Corrupción: Estrategia Global: Ejemplos y Buenas prácticas”.