La vergonzosa sesión de rechazo por parte de la Cámara de Representantes a las objeciones presidenciales

Martin E. Botero

@boteroitaly

La vergonzosa sesión de rechazo por parte de la Cámara de Representantes a las objeciones presidenciales Columna de Martin Eduardo Botero Clic para tuitear

La vergonzosa sesión de rechazo por parte de la Cámara de Representantes a las objeciones presidenciales de la ley estatutaria de JEP que sin duda aportaron una valiosísima contribución para consolidar la paz y la justicia y poner fin a la impunidad, parece verdaderamente paradójico, contradictorio y hasta absurdo, pero permite que los autores de crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra sigan actuando con una impunidad prácticamente total, absurda e inaceptable, de hecho, o de derecho, y un desdén tan flagrante respecto de la ley, y la garantía de que no se procederá en el futuro a la extradición de personas por conductas posteriores a la firma del acuerdo final, entre otros.

De nuevo, esto constituye un ataque contra las conquistas democráticas y el principio de legalidad como contribución fundamental para consolidar la paz, especialmente para el imperio de la ley, la gobernabilidad y la credibilidad de la Colombia y, de un modo más amplio, el trabajo efectuado por la presidencia y su gobierno, pero también una afrenta a los valores morales universales que defendemos.

De nuevo, esto constituye un ataque contra las conquistas democráticas y el principio de legalidad como contribución fundamental para consolidar la paz, especialmente para el imperio de la ley Clic para tuitear

En última instancia, representa una amenaza para los principios éticos y los valores consagrados en la carta política (artículos 2, 5 y 11) y para la legalidad internacional, además de una grave afrenta contra las innumerables víctimas del conflicto que no permitirá puedan prosperar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral, la memoria histórica y las garantías de no repetición.

Ello se traduce no sólo en un anacronismo histórico y una falta de rendición de cuentas por esos crímenes sino también una renuncia del Estado a la acción penal frente a las infracciones al derecho internacional humanitario.

Pero además implica voluntariedad y ausencia de compromiso concreto en materia de derechos humanos que puede llevar a la impunidad de los hechos criminales, y de cara a los ciudadanos ciertamente no redundará en beneficio de la claridad.

Sobra decir que es manifiestamente contrario al reconocimiento y respeto de los principios y valores que fundamentan la garantía y el ejercicio de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, la lucha contra la impunidad y la construcción de unos referentes éticos compartidos.

Sin duda, estos factores pueden conducir a minar la confianza de la población en el aparato de justicia y a un profundo desprestigio de la clase política y, en muchos casos, pueden incluso propiciar a que se cometan más delitos. Pero este éxito conllevará un gravísimo desprestigio de la política y un grave daño al interés general.

Todo esto ha generado una clara desconfianza entre esta Cámara Baja y el pueblo soberano. Tenemos que comprender las preocupaciones de estos últimos y sugerir las respuestas adecuadas. El hecho mismo de que las víctimas no hayan sido consultadas antes es un escándalo, tampoco la opinión pública.

No se comprende esta actitud cuando se trata de algo que va a afectar directamente a los derechos fundamentales de nuestras víctimas. Realmente creo que esa operación atestigua más bien un desprecio de la opinión de los ciudadanos y ha demostrado un ultraje escandaloso hacia los derechos humanos más básicos, ya que viola flagrantemente todas las leyes y normas éticas internacionales, hasta el punto de que cabe preguntarse por qué aprobamos leyes nacionales o internacionales sobre esta materia, y sobre otras muchas cuestiones, si las remitimos a una Cámara (o a un juez de un Tribunal Superior como una Corte Constitucional) que las contraviene de forma deliberada, interpreta e implementa arbitrariamente.

Con las objeciones a la JEP, el presidente nos recordó “la importancia de respetar el principio de legalidad como contribución fundamental para consolidar la paz”. Nada de lo contenido en la ley estatutaria de JEP debe interferir con el cumplimiento de otros relevantes tratados, como es el del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional (TPI). Sin embargo, existe el riesgo de interferir en las competencias del TIP. Espero que con el tiempo se demuestre que las obligaciones del Estado con el TPI no se van a ver comprometidas, porque de lo contrario sería un verdadero ultraje para la opinión pública. Lo cierto es que tenemos que hacer algo al respecto. Espero que se lo piensen dos veces cuando tengan que votar sobre esta JEP al Senado.

La paz es bienestar general, dignidad humana y justicia nunca una simple ilusión y un engaño, un acto aritmético o invocación mágica que los criminales de guerra pudieran condenarse a sí mismos, esto nada tiene que ver con una realidad infinitamente más prosaica y problemática. La justicia es vector de paz y propicia por lo tanto los derechos humanos, la solidaridad y la armonía. Hemos de evitar que se abran cada vez más brechas en nuestro Estado de derecho (y poner fin a la sensación de impunidad generalizada) simplemente para agradar la retórica incendiaria de una extrema izquierda radical y anticapitalista. Señor Presidente, estamos completamente en sus manos. Es verdad que, ante las altas Cortes, la Cámara de Representantes y en alta mar estamos en las manos de Dios, nuestro Padre; “y que, si la Providencia divina permite estas dificultades, lo hace para que saquemos bien del mal: Dios escribe derecho con renglones torcidos”. Amen

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Martín Eduardo Botero
Acerca de Martín Eduardo Botero 25 Articles
Abogado Europeo inscrito en el Conseil des Barreaux Europèens Brussels. Titular de Botero & Asociados, Bufete Legal Europeo e Internacional con sede en Italia y España. Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Presidente y fundador de European Center for Transitional justice y vicepresidente en la Unión Europea de la Organización Mundial de Abogados. Graduado en Jurisprudencia por la Universidad de Siena (Italia) con Beca de Honor y Licenciado en Derecho por la Universidad Católica de Ávila (España). PhD en Derecho Constitucional Europeo por la Universidad de Bolonia con Beca de estudio del Ministerio de Exteriores italiano y la Unión Europea. Colabora con universidades, institutos de investigación especializados y organismos de la sociedad civil en los programas de cooperación jurídica y judicial internacional. Consultor Jurídico independiente especializado en anticorrupción. Su último libro lleva por título “Manual para la Lucha contra la Corrupción: Estrategia Global: Ejemplos y Buenas prácticas”.