¡Las campañas de propaganda y desinformación, un grave atentado a la dignidad humana!

Martin E. Botero

@boteroitaly

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En el mundo de hoy, caracterizado por la globalización, las tecnologías modernas de las comunicaciones y los medios de comunicación de masas libres, independientes y pluralistas, el reconocimiento del derecho de cada individuo a la libertad de expresión, opinión e información y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa y recibir información sin interferencias – las así llamadas libertades comunicativas -: no solo constituye un triunfo que abre a una concepción auténtica de democracia libre, tolerante, pluralista y abierta a la diversidad, y sin duda a una sociedad civil sólida y autónoma, capaz de actuar libremente, de conformidad con el principio de la transparencia máxima y la buena gobernanza sino que, además, puede constituir un terreno fértil para la expansión de toda forma de injuria y agresión verbal, el hostigamiento y los atentados contra las libertades democráticas y los derechos de la persona, la vida privada o los derechos de la personalidad, lo que es inaceptable desde un punto de vista político y jurídico.

Si bien es verdad que la comunidad internacional defiende el actual estado de la libertad de expresión e información, está claro que “la prensa debería ser más responsable y consciente de que, en la sociedad de la información mundial, las opiniones y los puntos de vista se registran y observan en todo el mundo”. Con el advenimiento de las nuevas tecnologías, el concepto de la libertad de opinión, información y comunicación y el libre acceso a las fuentes de información ha tomado rápidamente nuevas direcciones, deberes y responsabilidades especiales y ciertas limitaciones jurídicas necesarias para respetar los derechos y la reputación de otros.

Últimamente hemos observado con gran preocupación y especial inquietud el surgimiento de campañas de propaganda y desinformación perfectamente diseñadas y calculadas para distraer la atención, distorsionar y ocultar los hechos, deslustrar la imagen o bien de desviar o diluir la responsabilidad. Estos actos resultan especialmente vergonzosos, absolutamente injustificables y los condenamos, especialmente porque deterioran todo grado de normalidad en la vida pública y destruyen las vidas de las personas sin advertencias y sin reparos, así como la pérdida grave de prestigio y de credibilidad ante los ojos de la ciudadanía. Con ello nos referimos especialmente a las cuestiones relativas a las campañas de desinformación engañosa y políticamente motivada por parte de los distintos grupos de presión o lobbies capitalistas -incluyendo activistas pro-derechos humanos y periodistas- marcadas por las sospechas o manejadas por intereses políticos muy concretos o por motivos no siempre muy claros ni explicables – según sus proporciones y la cantidad de dinero involucrado – y en ausencia de controles efectivos y contrapesos civiles (checks and balances) adecuados. Su uso indebido e ilícito, así como la falta de objetividad y neutralidad supone un importante reto para todos los actores implicados (Estado, lobbies capitalistas, ciudadanos y sociedad civil).

Su uso indebido e ilícito, así como la falta de objetividad y neutralidad supone un importante reto para todos los actores implicados (Estado, lobbies capitalistas, ciudadanos y sociedad civil). Clic para tuitear

 El uso inadecuado de los medios de comunicación puede causar daños y perjuicios permanentes e irreparables, entrañar riesgos para el ejercicio y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales y para el respeto de la dignidad humana, en particular las que resulten de violación a los derechos de la personalidad, a la imagen profesional y su reputación, al orden público, las buenas costumbres, el respeto de a la intimidad (derecho a la imagen, etc.), y que ha de considerarse en el contexto de las circunstancias particulares de cada caso.

Resultan particularmente inquietantes cuando manipulan, se politizan y revelan información privilegiada para reprimir o erosionar la credibilidad de sus críticos y adversarios políticos u obtener ventajas o cuantiosos beneficios ilegales, pero puede revestir formas más discretas, en las que, manteniendo las apariencias de una información objetiva, e incluso desvelar información confidencial u ocultar información, mienten deliberadamente y a sabiendas, hacen trampa u ocultan sus verdaderas intenciones sin ningún tipo de escrúpulo.

La información errónea, inadecuada, difundida mediante una campaña propagandística malintencionada o lanzada y manipuladas por razones ideológicas y de oportunismo, por partidismo, intentando tergiversar los hechos, así como inventar datos e información basada en un tejido de mentiras, con la finalidad de embaucar o desorientar a la población y a las personas tiene un impacto directo y negativo sobre la realización de los derechos; individuales, generales, sociales; a lo que se suman prejuicios sociales y culturales, la intimidad, los derechos humanos y la dignidad personal. Estas situaciones pueden tomar diversas formas, que van desde las acusaciones infundadas e irrazonables de carácter difamatorio o insultante hasta el lavado de cerebro de nuestras poblaciones a fin de provocar miedo y odio, cuando no las mentiras manifiestas que son exhibidas delante del público. El derecho a estar informado no implica la ausencia de toda regla, la permisividad y el irrespeto de los derechos y la reputación de otros, la incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. El derecho a la información, junto con el derecho a la libertad de expresión, no pueden dar lugar a la difamación, la calumnia y la injuria, a violaciones y abusos que pueda justificarse con arreglo al derecho internacional.

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En la medida en que los monopolios autoritarios de la comunicación establecen alianzas, controlan el flujo de información y se han convertido en un elector cada vez más importante, a costa del más mínimo concepto de libertad y de democracia; con frecuencia se integran  en una compleja red y se organizan de tal forma que evitan que el abuso de la libertad de información y comunicación pública o el ejercicio arbitrario del poder, que constituyen usos o prácticas no honestas y leales, sea debidamente sancionado con arreglo a la ley, como ocurriría en cualquier democracia real, lo que retroalimenta un círculo vicioso: monopolio autoritario de la comunicación – arbitrariedad y manipulación política sin auditorías de conformidad social – corrupción e información confidencial – impunidad y libertad para el abuso, el engaño y la violación, incluido el abuso de poder y la explotación de los más débiles.

Esa situación inaceptable donde el Estado no existe, donde impera la ley del más fuerte demuestra claramente la falta de compromiso y responsabilidad de las organizaciones mediáticas y los superiores jerárquicos que, conociendo la situación, no han hecho nada para remediarla, garantizar la calidad del servicio prestado y fomentar prácticas informativas idóneas y autorreguladoras. Es macabro -de hecho, roza el mal gusto- que las organizaciones mediáticas (ciertos grupos privilegiados) no respondan oficialmente ante la opinión pública y la justicia de nuestros países, a menudo sin la observancia de los códigos de conducta éticas y profesionales, que deben formar parte de la práctica cotidiana.

La libertad de prensa no debe ser concebida para que se les otorgue inmunidad judicial o impunidad a los medios de comunicación. Los medios deben rendir cuentas de lo actuado en lo tocante a las actividades y el contenido, y demostrar mayor tolerancia a la crítica, obligación ésta que no se limita al simple cumplimiento de la ley porque la opinión pública espera resultados tangibles. Si se permite a los medios de comunicación (incluyendo a los fanáticos de los derechos humanos, periodistas, intelectuales y activistas fundamentalistas) juzgar a las personas, pronunciar condenas, de influir en el curso de la justicia, realizar juicios paralelos y juicios morales de condena, descubrir por sí sola la verdad procesal o mostrar falta de respeto por los derechos de los ciudadanos, los derechos humanos y la dignidad humana los Estados estarían haciendo caso omiso de las leyes que ellos mismos han aprobado, nos estaríamos adentrando por un camino peligroso una amenaza grave que atenta contra nuestra seguridad, contra los valores de nuestras sociedades democráticas y contra nuestros derechos y libertades.

Debería realizarse un estudio de gran resonancia sobre la manipulación de los medios de comunicación masiva nacionales e internacionales y las campañas de desinformación. Los medios que, por naturaleza, persiguen el propio lucro, deberían educar al lector para que desarrolle un enfoque crítico y analice la información que se le suministra. Es indispensable asimismo velar por la libre circulación de las ideas y la promoción de la educación y la información, el fomento de la democracia y la promoción de los derechos humanos, cumpliendo la obligación jurídica constitucional e internacional de respetar la intimidad o de los derechos de la personalidad generales (protección general de la personalidad). Por ello, por lo que a mí respecta, apoyo este tipo de iniciativas con la esperanza de que los medios sean utilizados con sensatez, buen juicio, tino, prudencia, respeto y sabiduría, y puedan ayudar al País a superar los problemas actuales y allanar el camino hacia una nueva forma de gobernanza de los lobbies capitalistas más responsable, transparente, democrática y participativa. Amen

Los medios que, por naturaleza, persiguen el propio lucro, deberían educar al lector para que desarrolle un enfoque crítico y analice la información que se le suministra. Clic para tuitear
Martín Eduardo Botero
Acerca de Martín Eduardo Botero 39 Articles
Abogado Europeo inscrito en el Conseil des Barreaux Europèens Brussels. Titular de Botero & Asociados, Bufete Legal Europeo e Internacional con sede en Italia y España. Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Presidente y fundador de European Center for Transitional justice y vicepresidente en la Unión Europea de la Organización Mundial de Abogados. Graduado en Jurisprudencia por la Universidad de Siena (Italia) con Beca de Honor y Licenciado en Derecho por la Universidad Católica de Ávila (España). PhD en Derecho Constitucional Europeo por la Universidad de Bolonia con Beca de estudio del Ministerio de Exteriores italiano y la Unión Europea. Colabora con universidades, institutos de investigación especializados y organismos de la sociedad civil en los programas de cooperación jurídica y judicial internacional. Consultor Jurídico independiente especializado en anticorrupción. Su último libro lleva por título “Manual para la Lucha contra la Corrupción: Estrategia Global: Ejemplos y Buenas prácticas”.