¿Las contralorías territoriales para qué?

Jorge Mario Pérez Solano

Jorge Pérez Solano
“El poder de destrucción de la corrupción es demoledor y está destruyendo todas las estructuras del país, y no se escapa la C.G.R., ni las territoriales, ni la justicia, ni el poder legislativo y ejecutivo”. Clic para tuitear
Jorge Pérez Solano

En anteriores reformas, se venía discutiendo con sobradas razones, la eliminación de las contralorías departamentales, municipales y/o distritales, pese a qué, con la pasada reforma al organismo fiscal, se introdujeron numerosos cambios significativos, dentro de la figura excepcional de control preventivo y concomitante, interviniendo de forma oportuna y rápida sobre los que manejan recursos públicos en los distintos órdenes del sector estatal y por colaboración.

Sin embargo, desde que se creó la Contraloría General de la República en el gobierno de Pedro Nel Ospina, como una organización eminentemente contable, para después ser consolidada como una verdadera institución de vigilancia a las leyes, a los reglamentos, a los fondos y a la propiedad por recomendaciones de la Misión Kemmerer hasta la administración de López Pumarejo, esta no ha logrado hasta la fecha, asumir el manejo directo y evitar la intervención de las coadministraciones y del poder regional con respecto a las contralorías territoriales.

Y no es para menos señalar el cuarto de hora al que han llegado estas desde hace mucho tiempo. Una, por el elevado costo presupuestal de medio billón de pesos anuales, frente al misérrimo 0.02% que recuperaron de los cientos de procesos que adelantan en vano. Otra, la inmerecida e indebida injerencia de los alcaldes y gobernadores en la elección de los representantes de inspecciones fiscales a través de los concejos municipales y asambleas departamentales e independiente del concurso.

Asimismo, el temor de los gobiernos de turnos y los aspirantes a Contralor General, de no intentar reformas de este tipo, por la notable capacidad del Congreso de elegir las aspiraciones de los anteriores, traducidas en representación regional y cuotas partidistas.

Para nadie es un secreto, que los contralores locales y seccionales, se convirtieron en los subsidiarios representantes de los templos religiosos en sus regiones en nombre del estado, escuchando en el confesionario a los mandatarios sin mayor pena ni gloria, exculpándolos de toda conducta reprochable que vaya en detrimento de los intereses de lo que alguna vez aceptaron en medio de aplausos y abrazos, defender los bolsillos de sus conciudadanos.

Casos como el contralor distrital de Barranquilla, donde al parecer sugirió la contratación de un tercero para asesorar a una empresa investigada por éste y en la que fungió como asesor, o la del contralor de Antioquia por presuntos manejos irregulares en su administración y de falsificar documentos, así como las investigaciones del pasado contralor de Bogotá por celebración indebida de contratos y concierto para delinquir, y entre otros, son algunos de los cientos de casos que hoy resultan sin mayor escándalo y avance ante la administración de justicia.

Lo más sorprendente de estos órganos de control en las regiones, es que muy a pesar de que se les advierte y se les denuncia de una posible malversación, perdida o inadecuado manejo de gestión, a los expedientes les sobreviene el síndrome de la hipersomnia y a los investigadores el de la demencia del preocupado.

Entre una y otra patología de dormir y olvidar lo que se debe hacer, se pierden cientos de millones que quedan en manos de los encomendados contratistas, manifestadas en obras inconclusas como la recordada Vía a la Prosperidad en el Departamento del Magdalena, y que hoy, después de múltiples avisos parroquiales, al fin la Procuraduría, y no la Contraloría, decide sancionar a dos exgobernadores por una posible transgresión en los principios de economía y responsabilidad de la contratación y de la eficacia de la función administrativa, por las deficiencias en la implementación y ejecución de ese proyecto.

Lo mismo ocurre en el distrito de Santa Marta, con los hallazgos de “impacto nacional” que en su oportunidad realizó la Contraloría, y no la Procuraduría, el pasado 21 de agosto, con ocasión a las investigaciones a dos exalcaldes, que hoy fungen como gobernador y secretario de infraestructura, por el presunto menoscabo de más de 60 mil millones, representados en obras, contratos sin el lleno de los requisitos legales, servicios públicos y adecuaciones.

No hay que olvidar, que de los 52 contralores provinciales que debe nombrar el Contralor General en todo el país, 24 son de sobradas recomendaciones, y los restantes son del resorte personal del mismo funcionario, para equilibrar la delgada línea entre la independencia de la Contraloría y el control político del Congreso, y en efecto armonizar la enorme colaboración dentro de los fines que se debe cumplir en el estado.

En ese mismo orden, independiente que a la CGR la vigoricen, modernicen y doten de colmillos, como se pretendió en la pasada reforma del acto legislativo No. 4 de 2019, así como de entregarle mayor presupuesto en 3 billones anuales, o de incrementarle la planta de personal en más de 7 mil funcionarios, ella no escapa a que no trascienda en la impotencia y en la enorme imposibilidad de poner los ojos en los 30 billones de pesos que anualmente se pierden por culpa de la corrupción, donde se encuentran vinculados, con contados dedos quienes los nominan, lo cual, según reporte de la Auditoria General de la Republica, solo se pudieron rescatar 94 mil millones.

Así pues, como lo han planteado en el pasado muchos en distintas reformas fracasadas, lo mejor es que las contralorías territoriales se tornen del sector central, sin injerencia de las autoridades locales, por el inconsiderable manoseo que hacen de estas, por la intervención que desde otras instancias igualmente se realizan, sin mayor posibilidad de indagaciones e infortunados resultados, sin que ello contribuya a quebrantar la autonomía administrativa, financiera y política de los entes territoriales.

Bien decía el entonces CGR, Edgardo Maya: “el poder de destrucción de la corrupción es demoledor y está destruyendo todas las estructuras del país, y no se escapa la Contraloría General de la República, ni las contralorías territoriales, ni la justicia, ni el poder legislativo, ni el poder ejecutivo”.

JORGE MARIO PEREZ SOLANO
Acerca de JORGE MARIO PEREZ SOLANO 38 Articles
Abogado,Especialista En Derecho Administrativo, ha sido asesor y consultor en el sector nacional y territorial socio en Safey & Lawyers SAS - Bogota. Fue columnista en el hoy diario del magdalena, bloguero en kienyke,columnista en seguimiento.co. Samario de nacimiento,Barranquillero y Bogotano por adopción;su domicilio y residencia están en Bogotá y Barranquilla