Las Dos Caras De La Autonomia Universitaria

Orlando Abello Martínez-Aparicio

@orlandoabello 

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Los desmanes recientemente protagonizados por terroristas disfrazados de estudiantes –no me refiero a los estudiantes que ejercen pacíficamente la protesta social-, merecen una reflexión seria y una distinción categórica entre lo que aquellos y nosotros entendemos por autonomía universitaria.

Los primeros -los terroristas- conciben la autonomía universitaria como una patente de corzo para destruir los bienes comunes y privados, atentar contra la vida de servidores públicos y transeúntes desprevenidos, y luego refugiarse cobardemente en los centros de educación con la insólita pretensión, de que allí no puede entrar las Fuerzas del Estado disque porque les está vedado hacerlo  al tenor de la citada protección constitucional.

Para ellos –que por cierto son minorías- las universidades son “marquetalias urbanas”, donde ejercen soberanía política, subyugan a las mayorías silenciosas, reclutan ingenuos para enlistarlos las milicias urbanas de la guerrilla, frustran las actividades académicas de quienes quieren estudiar, y exponen la integridad física de estos últimos obligándolos a convivir entre laboratorios de guerra  y fabricas de explosivos.

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Claro que lo anterior no fuera posible sin la complicidad de algunos medios de comunicación manipulados por sofistas que presumen de periodistas –viudas del reino de la mermelada- que se enfrascan en discusiones estériles para deslegitimar la autoridad del actual gobierno, y así abonar el terreno para un eventual regreso al poder del santismo (¿o el satanismo?) coaligado con las Farc y los demás artífices del desastre pactado en la Habana.

Y es que basta con escucharlos, verlos o leerlos, para comprobar la dañada y punible intención de desinformar y desorientar a la opinión asumiendo posiciones pseudo doctorales que producen vergüenza ajena. 

Recientemente un locutor de una influyente emisora capitalina justificó que la Policía Nacional no ingresare a la Universidad Distrital -ante la ocurrencia in flagrante de actos terroristas al interior de la misma- invocando una vetusta norma constitucional que data del siglo antepasado  (el artículo 32) que reza: “que cuando la autoridad persigue a un delincuente y este ingresa a una morada ajena, debe pedir permiso a su propietario para poder tener acceso a la misma, ¡este adefesio no merece comentarios!

Menos mal que los medios de comunicación tradicionales han perdido el monopolio de la palabra ante el auge creciente de los opinadores independientes -en la actual era digital-, que pueden ejercen libremente la función de orientar a los desorientados y desmentir a los mentirosos.

Tratemos, ahora sí,  de explicar en forma clara y sencilla el significado, origen y evolución conceptual de lo que nosotros entendemos como  autonomía universitaria. 

Antítesis por supuesto de lo anteriormente expuesto.

Sea lo primero registrar, que hay quienes predican que la autonomía universitaria es una categoría innata al origen mismo de la más antigua universidad en Occidente, la universidad de Bolonia fundada en 1087.

 Basan tal afirmación en el hecho de haber sido fundada esta por  los mismos estudiantes, conjuntamente con profesores y un rector (quienes también debían ser estudiantes). De tal manera que la autonomía fluía de su propia génesis.

En Colombia, en cambio, el concepto es relativamente nuevo; y tal vez por esto no lo suficientemente decantado y comprendido. 

Veamos: la constitución de 1886 nada dijo sobre el tema. La reforma de 1936 garantizó la libertad de enseñanza pero omitió hablar de autonomía universitaria. 

Tan solo en la constitución de 1991 fueron incorporados estos principios luego desarrollados en la Ley 30 de 1992.

Recordemos ahora, en qué consiste la norma que la creó: 

El artículo 69 de la constitución dispone, “Se garantiza la autonomía universitaria . Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley”. 

Lo anterior lo entendemos como la libertad para ejercer atribuciones administrativas, financieras y académicas. Libertad, por supuesto, regulada por el Ministerio de Educación que ejerce sobre ella funciones de inspección, vigilancia y control.

 De allí, a afirmar que tal autonomía conlleva la remota posibilidad de convertir las universidades en “republiquitas  independientes” vedadas a la intervención de la fuerza pública, aún en casos de extrema gravedad como los acontecidos la semana pasada al interior y al exterior de importantes centros de educación superior en Bogotá, equivaldría a desvirtuar su misión de educar y formar ciudadanos con valores  y conocimientos útiles a la sociedad, y por el contrario convertir las universidades en escuelas del crimen y de la subversión.

Quizás estamos en mora de abrir una discusión pública y franca con participación de todos los actores de la sociedad que conduzca a repensar el significado y la importancia de la autonomía universitaria. 

O tal vez , de persistir esta distorsión conceptual tan ahincada en el ADN de nuestra universidad (sobre todo y desafortunadamente en la  universidad pública), habría que proceder a una cirugía radical que extraiga el tumor maligno de la guerrilla urbana -antes de que haga metástasis- oculta en los centros del saber de nuestra patria acongojada y desesperanzada.

Quizás estamos en mora de abrir una discusión pública y franca con participación de todos los actores de la sociedad que conduzca a repensar el significado y la importancia de la autonomía universitaria. Clic para tuitear

Es mandatorio devolverle sentido y razón de ser a la respetable institución universitaria…así haya que recurrir al constituyente primario por vía extraordinaria -referendo o asamblea constituyente- para lograrlo

 

Orlando Abello Martinez-Aparicio
Acerca de Orlando Abello Martinez-Aparicio 27 Articles
Doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Cartagena. Especialista en Derecho de Sociedades de la Universidad Javeriana. Ex Embajador de Colombia en Canadá. Ex Registrador Nacional del Estado Civil. Ex Congresista. Miembro de la Academia de Historia de Bogotá y de la Sociedad Bolivariana. Abogado asociado en la firma De La Espriella Lawyers Enterprise. Árbitro en las Cámaras de Comercio de Bogotá y de Barranquilla.