Las nuevas dos grandes agrupaciones políticas

CORONEL (R) LUIS ALFONSO PLAZAS VEGA

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El movimiento terrorista M-19 nació a comienzos del decenio de los 70, de una alianza entre las Farc, que suministraron personajes como Jaime Bateman Cayón, Gustavo Petro y Álvaro Fayad Delgado; con los carteles de la droga que aportaron colaboradores como Iván Marino Ospina del cartel de Cali, y con algunos representantes de la oligarquía colombiana cuyos nombres me reservo, porque son los más peligrosos.

Algunas de las atrocidades cometidas por esos criminales comprenden el atropello a los más preciados símbolos de nuestra historia patria, como el robo de la espada de Bolívar o el asalto a la Quinta de San Pedro Alejandrino en Santa Marta, en 1974.

Con el brutal secuestro y asesinato de José Raquel Mercado en 1976, insultaron al sindicalismo colombiano, por no plegarse a sus pretensiones, y quitaron la vida a uno de los colombianos afrodescendientes mas connotados de nuestra vida republicana.

El sainete de juicio revolucionario a dos infantes de marina en el Caquetá y su posterior fusilamiento frente a una población aterrorizada, nos demostró lo que pudiera ser un gobierno de esas personas desquiciadas.

El flagelo del secuestro lo iniciaron las FARC y el ELN, pero fue industrializado en Colombia por el M-19. La tenebrosa historia de las llamadas “cárceles del Pueblo”, con las que ellos denominaban a las mazmorras de sus execrables plagios no se ha escrito. No podemos olvidar a sus víctimas, como el exportador de flores Miguel de Germán Ribón, el gerente de Indupalma Hugo Ferreira Neira, o al gerente de la Texas Petroleum Company Nicolás Escobar Soto, para nombrar apenas los casos más reconocidos, porque fueron centenares.

El asesinato en 1978, del Ministro de Gobierno Rafael Pardo Buelvas, en la ducha de su casa por dos sicarios, uno de los cuales llevaba mucho tiempo protegido por dos sacerdotes jesuitas, llenó la copa del gobierno, y ocasionó el establecimiento de un “Estatuto de Seguridad”, el cual se promulgó al amparo del artículo 120 de la constitución de 1886 que permitía a Colombia mediante el “Estado de Sitio”, cierta protección a la población ante el crimen organizado. Y la reacción de varios medios de comunicación colombianos en contra del Presidente Turbay Ayala fue impresionante. Para ellos, lo malo no era lo que estaba haciendo el M-19, lo malo era que el gobierno tratara de reprimir sus desmanes. Volvemos a los del tercer grupo de mi primer párrafo.

Para ellos, lo malo no era lo que estaba haciendo el M-19, lo malo era que el gobierno tratara de reprimir sus desmanes. Clic para tuitear

Mediante el robo de 5.700 armas de los depósitos del Cantón Norte, al amanecer del año 1979, el M-19 planteó su disposición a enfrentarse al aparato militar de la nación. Las armas fueron recuperadas en menos de un mes por la Brigada de Bogotá, bajo el mando del general Miguel Vega Uribe. Más de 4.000 estaban en un solo lugar: una caleta forrada en concreto debajo de la casa de María Cristina Salazar esposa de Orlando Fals Borda, quienes negaron tener conocimiento del hecho, según ellos realizado a sus espaldas, pero en su sótano. Unos años después Orlando Fals Borda sería Senador por el M-19.

Con el asalto a la Embajada de la República Dominicana, en 1980, el M-19 comprobó que el respeto a las personas del cuerpo diplomático, para ellos no existe, porque en su filosofía son válidas “todas las formas de lucha”. Destacados ciudadanos de varios países fueron secuestrados, incluyendo al Nuncio Apostólico de Su Santidad y al Embajador de los Estados Unidos Diego Ascencio. Y al final del capítulo, consiguieron lo que querían: millones de dólares en efectivo, y protección para irse a la casa de sus patrocinadores: a Cuba.

En 1981, luego de un intenso entrenamiento militar en la Isla, más de 200 guerrilleros se internaron en Colombia en dos columnas guerrilleras, una al norte por el Chocó y otra al sur por Tumaco. Era una invasión militar despachada desde el gobierno de La Habana, para la cual venían armados hasta los dientes, y además les acompañaba el buque Karina, cargado de armas, municiones y explosivos. Querían hacer una réplica de su exitosa campaña de la Sierra Maestra, para adueñarse en este caso, de nuestro país.  Fracasaron; el Karina fue hundido por la Armada Nacional, mientras el Ejército de Colombia dio cuenta de las dos columnas de guerrilleros en menos de seis meses. Eran otros tiempos. El gobierno de Julio Cesar Turbay rompió relaciones diplomáticas con el gobierno de La Habana.

El crimen de la destacada funcionaria pública Gloria Lara de Echeverri fue espantoso: secuestrada en junio de 1982, los plagiarios hicieron amenazas a través de ciertos irresponsables medios de comunicación colombianos que sirvieron de instrumento al terror, y luego el cumplimiento en noviembre del mismo año, del asesinato anunciado, con una sevicia que ni la literatura permite describir. El cadáver que pesó 30 kilos, indicando lo que fue el sufrimiento de la víctima, espantó a los mismos criminales y por eso ocultaron con otra sigla la autoría del M-19. Para rematar, sus militantes fueron protegidos por ciertas personas del tercer grupo mencionado en mi primer párrafo, y enviados al exterior.

A Turbay lo sucedió Belisario Betancur, quien recibió el grueso del M-19 en la cárcel de la Picota en pleno juicio que se les realizaba mediante un Consejo de Guerra Verbal. Pues el nuevo gobierno les dio no solo amnistía e indulto, sino que, en búsqueda de la Paz les concedió casa, carro y beca. Un programa que le hubiera caído a los soldados de Colombia como anillo al dedo. Pero no, los beneficios fueron para los terroristas. Cosas del tercer grupo de mi primer párrafo. Belisario firmó con la cúpula del M-19 un acuerdo de cese al fuego. Acuerdo que luego fue incumplido por los guerrilleros en 1984, quienes lo invalidaron, como lo declaró su jefe Álvaro Fayad en esa ocasión.

Belisario firmó con la cúpula del M-19 un acuerdo de cese al fuego. Acuerdo que luego fue incumplido por los guerrilleros en 1984, quienes lo invalidaron, como lo declaró su jefe Álvaro Fayad en esa ocasión. Clic para tuitear

En todo este calvario la Justicia Colombiana quiso enviarlos extraditados, para evitar las amenazas o la extorsión a los jueces, y por eso el gobierno firmó en septiembre de 1979 un tratado de extradición con los Estados Unidos. Tratado que fue ratificado por los Congresos de los dos países y se convirtió en Colombia en la Ley 27 de 1980. Solo faltaba la declaratoria de exequibilidad que le correspondía a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la cual debería reunirse para hacerlo, el 6 de noviembre de 1985. Esa fue la razón por la que el M-19 escogió ese día, para el asalto al Palacio de Justicia.  Iban a secuestrar a los magistrados y evitar la extradición, con la consigna de asesinar a los llamados “rehenes fundamentales” que eran los cuatro integrantes de la mencionada Sala. Los narcos se confabularon en un grupo llamado “los extraditables”, cuya consigna era “Preferimos una tumba en Colombia, que una cárcel en los Estados Unidos”.

Sobre este evento terrorista se ha escrito mucho, y creo que el país ya lo tiene claro. Con el apoyo económico de su amigo el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, el grupo terrorista M-19 asaltó la sede de las Altas Cortes; asesinó a 15 magistrados de la Corte Suprema y el Consejo de Estado, a 18 funcionarios judiciales, a 7 funcionarios no judiciales y a varias personas más. El Gobierno con el apoyo del Consejo de Ministros ordenó la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado. En su enfrentamiento con las tropas y la policía, el M-19 dio muerte a 11 de sus integrantes, pero fracasó en su intento de tomarse el país, y perdió a sus mejores combatientes, a los cuales habían entrenado en Cuba y en la Libia de Kadaffi. Los extraditables, liderados por Escobar querían quemar los expedientes de narcotráfico, mientras el M-19 buscaba el poder para poner a Colombia al servicio comunista y económico de Cuba. Los narcos en su propósito incendiaron la edificación, y el “eme” no logró el poder, pero acabó con los más preclaros magistrados de la historia jurídica de la nación.

En 1989 el Congreso Nacional había producido la Ley 77, mediante la cual se podrían conceder amnistías e indultos (la diferencia la determina el estado de cada proceso), a grupos alzados en armas, en aras de conseguir la paz. Sabiamente los legisladores, en el artículo sexto de la ley, establecían que esos perdones judiciales no podrían cubrir a quienes cometieran delitos atroces. Pues el gobierno nacional en 1991, le concedió la amnistía y el indulto a los integrantes del M-19, autores de los más atroces delitos en el Palacio de Justicia, pasando por encima del mencionado artículo sexto de la Ley. Adicionalmente se violó en muchos casos particulares, lo que rezaba en la amnistía e indulto concedidos al M-19 por Belisario Betancur en 1982, la cual establecía que esos beneficios solo se podrían conceder por una sola vez.

Entonces vino la conversión del grupo asaltante en un nuevo partido político: la Alianza Democrática M-19. Con ese nombre y mediante una Circunscripción Especial de Paz, se presentaron a las elecciones para la Constituyente de 1991, con la cual buscaban, entre otras cosas, proteger a los narcotraficantes y terroristas de ser extraditados. Volvemos a pensar en el tercer grupo de los creadores del M-19. Esa circunscripción les permitía con muy pocos votos ser delegatarios, pues dominaron el escenario electoral y lograron colocar un Co-presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, que habría de cambiar la Constitución Política de 1886, proclamada por el Cartagenero Dr. Rafael Núñez y firmada por el Samario General José María Campo Serrano. La más antigua y estable carta política de la América Latina. ¡Qué pesar!

No podemos olvidar que la nueva carta política de 1991 contemplaba en su artículo 35 la prohibición de extradición de colombianos para ser juzgados en otros países. Ahí quedó clara la voluntad política del M-19. Y valga recordarlo, nunca más nuestras Cortes volvieron a pensar en darle exequibilidad al Tratado de Extradición con los Estados Unidos. Es decir que en este aspecto el triunfo del narco terrorista asalto al Palacio de Justicia logró sus propósitos.

Poco después, los más destacados terroristas fueron enviados por el Gobierno Nacional, a cargos diplomáticos en Europa mediante decretos firmados en la última semana del cuatrienio que finalizaba en 1994.

Pero no solo eso. Ya los señores del M-19 habían conseguido con Belisario Betancur, sacar del pensum de bachillerato las clases de Historia de Colombia, porque no les convenía que se conociera la verdad de sus genocidios y la dimensión de su latrocinio, también habían conseguido el perdón judicial. Ahora había que buscar algo que parecía inlograble: la sacralización de sus crímenes y la criminalización de los militares que les impidieron sus despropósitos. ¡Pues lo lograron!

En el año 2005, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado exaltaron la memoria de sus mártires, y el horror de quienes los asesinaron, publicando en dos volúmenes sus biografías y el informe del Tribunal Especial de Instrucción Criminal. Este informe en sus conclusiones estableció con toda claridad que los únicos responsables del asalto y genocidio perpetrado contra las Altas Cortes en 1985 era de exclusiva responsabilidad del M-19. Fue la última vez que esas verdades fueron promulgadas. A partir de entonces empezó la persecución a los militares.

Hoy el panorama político es insólito. Desprestigiados los partidos políticos tradicionales, aparecen en el panorama nacional como los más votados, dos grandes partidos: el Centro Democrático y el Partido Verde. Los demás se convirtieron de un modo u otro en satélites de estas dos grandes agrupaciones. Con un agravante para el futuro de nuestra Colombia: el Centro Democrático prácticamente no tiene medios de comunicación, mientras al Partido Verde le sobran.

Con un agravante para el futuro de nuestra Colombia: el Centro Democrático prácticamente no tiene medios de comunicación, mientras al Partido Verde le sobran. Clic para tuitear

Veamos este documento, que nos debe llamar a reflexionar:

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Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega

Coronel (r) del Ejército de Colombia , académico, catedrático, administrador de empresas, ex Director Estupefacientes, graduado con honores en Ft Leavenworth USA y Escuela del Ejército Español.

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Coronel (r) del Ejército de Colombia , académico, catedrático, administrador de empresas, ex Director Estupefacientes, graduado con honores en Ft Leavenworth USA y Escuela del Ejército Español.