Los Mingueros del Suroccidente

Karol Gutiérrez

Karol Gutiérrez
Hay unas preocupaciones históricas, que no se pueden subestimar, como tampoco las masacres en el Cauca. El narcotráfico que hoy financia la minga, es el mismo que los masacra, y es el que hay que combatir. Clic para tuitear
Karol Gutiérrez

La preocupación ahora, es que la minga se ha convertido en un foco de contagio muy peligroso, que se está desplazando desde el Suroccidente hasta llegar a la capital; se han puesto en riesgo ellos y a la ciudadanía en general, con el único objetivo de participar en el plan del 21 de octubre; junto con otras organizaciones políticas que han convocado al Gran paro, e incoherentes con su pliego de peticiones, buscan paralizar  el país, y  que no se pueda reactivar la economía, en este contexto lo más probable es que genere violencia en diferentes espacios, y esa es la finalidad de quienes quieren generar un ambiente de mayor inestabilidad e inseguridad en Colombia.

Actualmente la población indígena en Colombia  representa el 4,4% del censo nacional, distribuida en 115 pueblos o comunidades, de las cuales las tres etnias más numerosas son la Wayuu (380.460), Zenú (307.091), y Nasa (243.176). Las comunidades indígenas hacen presencia en todos los departamentos del país, con mayor afluencia en la Guajira, Cauca y Nariño, (DANE). Si observamos a quiénes les pertenece el suelo colombiano, y cómo está distribuido, nos encontramos que (total) en hectáreas les pertenece u ocupan, el 42,5% a empresas y personas naturales, seguido de las comunidades étnicas con el 30,10%, y al Estado le pertenece el 10,70% de la tierra (LR), el resto está distribuida en áreas protegidas, y catastros urbanos…

Según esta distribución de la tierra, y  respecto a su densidad demográfica,  los indígenas son grandes propietarios y terratenientes en Colombia, el problema es que o son tierras improductivas por circunstancias geográficas o no las ponen a producir, o son tierras que producen al margen de la legalidad, que están controladas por grupos criminales y que son aprovechadas para la producción de cultivos ilícitos y de minería ilegal. Muchas de estas comunidades han puesto resistencia a la acción de grupos ilegales y han sido masacradas, otras han aprendido a convivir con el narcotráfico y grupos insurgentes, y otras han sido completamente subyugadas. No es fácil establecer un calificativo, porque las comunidades indígenas son muy diversas, y depende de la región, de su tradición y su cultura, responden y actúan de manera diferente.

Sobre la actual Minga del Suroccidente, que tanto le preocupa al Gobierno y al país, hay que decir, que es legítima, aunque no representa a todos los pueblos  indígenas – unificarlos a todos como si fuesen uno solo, y como si tuviesen las mismas reivindicaciones, es un error – y por otro lado  tiene un objetivo desestabilizador. Quienes lideran esta minga son las comunidades indígenas del Cauca, entre ellas las comunidades Nasas del Norte, que son manipuladas por las estructuras de las FARC, que no se desmovilizaron en esa zona y post acuerdo de Paz, establecieron nuevas conexiones con el ELN, que operan al Sur del departamento.

Un líder indígena de Derechos Humanos, José Vitonas  del Cauca, ha denunciado públicamente, que las FARC han obligado a las comunidades a participar en la Minga, y que los dirigentes indígenas, a los que no estén dispuestos  les cobran 200 mil pesos por no ir.  Los líderes han dejado muy claro que no es una minga reivindicativa, y que lo único que desean es tener una conversación sobre los grandes temas del país con el Presidente; les creería sino hubiesen despreciado  a la comisión del alto nivel del Gobierno Nacional, conformada por un 60% del gabinete, que fue desplegado especialmente para escucharlos. El presidente debe estar abierto al dialogo, pero frente a un mecanismo de presión tan  impositivo y soberbio, es acceder a un chantaje.

Hay unas preocupaciones históricas, y unas necesidades reales que no se pueden subestimar, como tampoco las masacres en el Cauca. Y el hecho de que gran parte de  estas comunidades, estén   infiltradas e incluso secuestradas por grupos criminales, determina el tipo de conversación y los objetivos del movimiento,  y cuando se revisa su agenda vemos que se extralimitan en temas que nada tienen que ver con la problemática de sus territorios; perteneciendo ellos a una jurisdicción diferente.  El Gobierno le ha cumplido a la minga que hoy se moviliza desde el Suroccidente, y a los acuerdos realizados con el CRIC (Cauca), CRIDEC (Caldas), y CREIHU (Huila), con una inversión en el 2019 de más de 93 mil millones, en el 2020 con más de 250 mil millones, y para el 2021 tienen una partida presupuestaria de  más de  296 mil millones, (OACP). ¿Qué ha pasado con eso recursos, y por qué no se ve reflejado en la calidad de vida de estas pequeñas comunidades?

No reconocer el actual contexto socioeconómico y político es un error, nos enfrentamos a una pandemia, y estamos en un periodo de reactivación económica; se movilizan en un  momento, donde no hay empleo, ni recursos de ninguna clase, y la logística de esa movilización en términos de transporte, alimentación etc., es costosa, quién la financia, ¿el narcotráfico?, hay demasiado oportunismo político, quienes se regocijan de la minga, no reconocen que detrás de ella hay estructuras criminales, estableciendo las pautas, que han enquistado el terrorismo y el narcotráfico en esas zonas y que han subyugado a estos pueblos. El narcotráfico que hoy financia la minga, es el mismo que los masacra, y es el que hay que combatir. Por supuesto que el Estado debe llegar con una oferta social a esos territorios históricamente afectados por la violencia.

Karol Gutiérrez
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Cuento historias, y amo a Barranquilla. La vida la defino en una frase ‘Carpe Diem’.