Menos impuestos, menos burocracia puntillosa ni normas innecesarias.

Martín Eduardo Botero

Martín Botero

Colombia necesita una fiscalidad baja, mercados laborales flexibles, menos burocracia puntillosa ni normas innecesarias, un poco de oxígeno para nuestras empresas y la firme decisión de inclinar la balanza a favor de los creadores de riqueza. Estoy seguro de que constituye la única vía de escape del más profundo desastre económico y financiero que no solo se ha producido desde los años 30, sino que continúa produciéndose y afecta a prácticamente todos los países del mundo, lo cual impactará las decisiones políticas futuras por muchos años venideros y la herencia de futuras generaciones. En respuesta a esos graves problemas y en tiempos de dificultad económica y social, como los que estamos viviendo ahora mismo, no es el momento adecuado para nuevos impuestos o imponer nuevas tasas municipales y nacionales al pueblo ni a las empresas ya sometidas a una gran sobrecarga fiscal relativamente alta. Cuanto más altos sean los impuestos, más burocracia habrá y mayor será el incentivo para no declarar el trabajo. Es absurdo pedir a ciudadanos, empresas, comerciantes, artesanos, en una verdadera carrera de llameantes obstáculos -quizá haciendo deudas, con usureros y el hampa dispuesto a tomar por el cuello a los que están más en dificultades- que paguen más impuestos a un estado que en los últimos meses ha intervenido tarde y mal para apoyarlos. Sería un golpe casi fatal para muchas empresas que corren el riesgo de cerrar o terminar en manos de prestamistas comerciales o los usureros o empresas chinas en sus proyectos de expansión internacional que hacen caso omiso de sus obligaciones en materia de derechos humanos, medio ambiente y libertades civiles básicas. Pero cuando se trata de ir al grano, muchos políticos olvidan lo que se supone que tienen que defender y a final votan a favor de un aumento de los impuestos, una mayor burocracia y disposiciones legales más complejas. “Los impuestos especiales no solo son odiosos, sino también inútiles, y los altos niveles de impuestos especiales que no coinciden con los de otros países son aún más inútiles”. Reducir los impuestos y la burocracia constituirá un punto de partida estupendo, en un momento en que el pueblo aboga por la austeridad presupuestaria y pide que el gasto público se racione. Instamos al Gobierno a tomar el bisturí para sanear las gangrenadas cuentas públicas y externas y garantizar la estabilidad financiera, hoy es de justicia reconocer que no ha rehuido el desafío y que ha concretado en parte la dimensión del sacrificio. El actual gobierno deberá reducir el déficit público y aplicar un plan de austeridad en toda la administración pública, mejorar la calidad y aumentar la equidad en la reforma de la gobernanza, ya que algunas virtudes como la austeridad, la eficacia, la rectitud y la fiabilidad son especialmente apreciadas por todos los sectores y todos los contribuyentes. Si el gobierno toma en serio su compromiso con un programa de austeridad gubernamental y mejorar la gestión de las finanzas públicas, debe tomar aún más en serio el compromiso de combatir la corrupción y la mala gestión de los recursos públicos, un compromiso del que no puede sino honrarse. En la situación actual, una cosa está clara: la clave para ello es encontrar una administración transparente en todos los niveles y sometida a control, y de uso eficiente de recursos, donde sus administradores realmente piensan en la gente, por la gente y para la gente. Pregunta por qué el Estado gasta tanto dinero en instituciones que son caras e ineficientes que los ciudadanos no consideran aceptables por motivos éticos, morales o jurídicos, en lugar de hacerlo en asistencia a las víctimas. Se gasta el dinero público sin sentido en grandes carteles que muestran los rostros insulsos de aquellos que no saben cómo salir al encuentro de la gente. Los contribuyentes – que en última instancia son los proveedores de todos los fondos públicos – tienen el derecho (y lo deben ejercer) de saber quién gasta y cómo se gasta el dinero puesto a disposición de los intereses de la Colombia. Informar a los ciudadanos de cómo se gasta el dinero de los contribuyentes o cómo se gasta el dinero recaudado de sus impuestos es una de las principales responsabilidades democráticas.

Señor Presidente, es importante escuchar a los ciudadanos, abordar sus preocupaciones a través de políticas adecuadas y presentar información basada en hechos, se equivoca en las soluciones propuestas. Clic para tuitear y de hacerles activos partícipes, que son características de gran importancia en una sociedad democrática. Estamos en una crisis social con una cadena de deterioro ambiental, pobreza, desintegración social y marginalidad. Las crisis sanitarias nos han hundido en una crisis económica con un fuerte aumento de la deuda pública y una generalizada perdida del empleo. Lo que refleja una creciente incapacidad de los sistemas de producción, comercio y finanzas para solucionar las lacras más graves de pobreza e inequidad y la seguridad alimentaria requeridas para su reproducción y subsistencia. La pandemia nos ha dejado una crisis cultural generalizada y una creciente inestabilidad y mayor vulnerabilidad. Han aumentado la explosión delictual en las ciudades, la presencia generalizada de formas extremas de violencia e inseguridad y la impunidad, con un sin número de conflictos inmanejables, la criminalización y a la misma seguridad de las personas o que simplemente se erigen como amenazas para el sentido de seguridad de la gente común. Actualmente, el número de ciudadanos insatisfechos con las instituciones supera al de satisfechos y la opinión se halla dividida. Sin embargo, la confianza es una condición fundamental para la eficacia de la política, y el pueblo necesita una Colombia fuerte, dirigida por sus ciudadanos, ya que está en juego algo más que un poco de gobierno. De cara al futuro deberíamos reflexionar sobre ello. Preocupa la falta de previsión de cara a las generaciones futuras y el hecho de que nadie esté dispuesto a asumir responsabilidades, sino que se tienda más bien a culpar a los demás. Nada es más fácil que culpar a otros de nuestros problemas y absolvernos de la responsabilidad de nuestras elecciones y nuestras medidas. Colombia y las futuras generaciones esperan recortes en el gasto público más que mediante el incremento de la recaudación fiscal; apoyo a las pequeñas y medianas empresas, reducción de la burocracia, reducción de la cuota de impuestos y cotizaciones, que es demasiado alta. Al mismo tiempo, la aplicación acelerada de las medidas de austeridad presupuestaria encaminada a una reducción gradual de la presión fiscal y una programación prudente, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de reducción del déficit y el control del gasto primario corriente que seguirá siendo cuestión clave. La consolidación presupuestaria no puede ser un fin en sí mismo. Es lamentable que las propuestas del gobierno sobre la reforma tributaria no revelen un cambio de pensamiento, sino que son simples correcciones cosméticas destinadas a resucitar un concepto anticuado. Una política presupuestaria poco saludable puede constituir un peligro por la que todos habríamos de pagar un precio muy elevado. Aun cuando nuestra valoración sobre los elementos individuales sea favorable, el juicio sobre la propuesta del gobierno en conjunto no deja de ser crítico. Podríamos exagerar y afirmar que, dado que la realidad no se ajusta a las reglas, estas están siendo adaptadas para que encajen con la realidad. Por consiguiente, lo que está en juego es la credibilidad de la propia Colombia, con enormes consecuencias para el gobierno en lo que se refiere a si podrá o no cumplir las promesas en el futuro. Señor Presidente, estoy bastante de acuerdo con quienes piensan que un régimen de adelgazamiento le iría bien a la Colombia de la burocracia lejana e impuesta desde arriba con poderes privilegiados, una Colombia puntillosa con los ciudadanos, pero por desgracia más permisiva con los burócratas y tecnócratas con pocos deberes y derechos ilimitados. Colombia necesita de nueva política fiscal moderna y austera a la vez, que vaya acompañada de un acuerdo sobre los principios de buena gobernanza de los poderes públicos que pueden romper el círculo vicioso causado por los privilegios de sus funcionarios y los intereses que motivan su accionar. Señorías, nos encontramos ante un debate que va a resultar arduo y vital para encauzar el futuro de la Colombia y sus consecuencias sobre la vida cotidiana, el equilibrio presupuestario de las administraciones públicas, el desarrollo y la estabilidad económico-social, por una parte, las cuentas públicas, la rendición de cuentas y la responsabilidad de cada nivel de la administración, por la otra. Hay que dar a Colombia, en suma, un alma y un corazón, pues de lo contrario nos arriesgamos a tener tan solo una Colombia con demasiada burocracia y papeleo, impuestos directos e indirectos altos y precios más caros, un futuro sin esperanza ni oportunidad, y un futuro sin justicia ni paz, sino también una ausencia total de la elección individual y la autonomía. Amen

Nota:

El origen de los problemas de Colombia no debe buscarse en la pandemia; los problemas son de carácter estructural y tienen raíces internas. No se acumularon reservas cuando los tiempos eran favorables; existía la necesidad de realizar reformas, pero no se emprendieron con la debida determinación y no se consolidaron las finanzas del Estado. Pero también con demasiada frecuencia los ciudadanos no saben en qué se gasta el dinero público ni de qué forma, cómo se asigna y con qué resultados (principio de rastreabilidad de los fondos).

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Martín Eduardo Botero
Acerca de Martín Eduardo Botero 94 Articles
Abogado Europeo inscrito en el Conseil des Barreaux Europèens Brussels. Titular de Botero & Asociados, Bufete Legal Europeo e Internacional con sede en Italia y España. Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Presidente y fundador de European Center for Transitional justice y vicepresidente en la Unión Europea de la Organización Mundial de Abogados. Graduado en Jurisprudencia por la Universidad de Siena (Italia) con Beca de Honor y Licenciado en Derecho por la Universidad Católica de Ávila (España). PhD en Derecho Constitucional Europeo por la Universidad de Bolonia con Beca de estudio del Ministerio de Exteriores italiano y la Unión Europea. Colabora con universidades, institutos de investigación especializados y organismos de la sociedad civil en los programas de cooperación jurídica y judicial internacional. Consultor Jurídico independiente especializado en anticorrupción. Su último libro lleva por título “Manual para la Lucha contra la Corrupción: Estrategia Global: Ejemplos y Buenas prácticas”.