Necesitamos el porte de armas otra vez

David Name Orozco

@DavidName7

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La situación de orden público y seguridad ciudadana en Colombia está deteriorándose en todos los aspectos. El gobierno Santos prometió una paz en el territorio nacional como la “panacea” para todas nuestras dolencias políticas, sociales, económicas y de carácter de seguridad ciudadana.

Santos, con su criterio distorsionado de que no vivimos en Cundinamarca sino en Dinamarca, a través del Ministro de Defensa de ese tiempo, expidió el decreto irracional 2208 de 30 de Diciembre 2016, que prohibió el porte de armas en todo el territorio nacional hasta el 31 de Diciembre de 2017. Y no contento con esto, volvió a expedir el decreto 2268 el 30 de diciembre de 2017 con el mismo objeto de continuar prohibiendo el porte de armas legalmente adquiridas por civiles hasta el 31 de Diciembre de este año.

A mi criterio, esto viola la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH, 1948), que en su artículo Tercero, establece: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

Los gobiernos colombianos están obligados a hacer respetar estos derechos en el interior del territorio para todos los que vivimos en Colombia.

Otro instrumento internacional que podemos exigir con respecto a este tema es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político (PIDCP, 1966), el cual nos otorga el derecho a la seguridad personal en su artículo noveno que estipula: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal…”.

Además, según el articulo 32 del Código Penal, todos nosotros tenemos el derecho a la legítima defensa para poder responder ante un ataque delincuencial que afecte nuestra integridad, la de nuestras familias y por supuesto, la de cualquier bien que sea nuestro.

Me parece absurdo prohibir el porte de armas legalmente tramitadas y compradas ante Indumil y el Ministerio de Defensa, ya que los tramites previos a una aprobación de compra de armas exigen varios documentos como el certificado judicial vigente, certificado médicos, certificado  psicológicos, y otros requisitos obligatorios que permiten evaluar la calidad de la persona solicitante.

Es mentira que un delincuente va a ir a Indumil a comprar un arma para después delinquir con ella. Es mas fácil y mas barato acceder a un arma de fuego a través de los mercados negros de las grandes urbes de Colombia para obtenerlas.

Es mas fácil y mas barato acceder a un arma de fuego a través de los mercados negros de las grandes urbes de Colombia para obtenerlas. Clic para tuitear

Hasta existe en el bajo mundo el mecanismo de alquiler de armas de fuego por hora, para que el delincuente tenga la facilidad de poder usar su “herramienta de trabajo”, pagando un monto al momento de alquilarla y después la regresa una vez el “trabajo se ha realizado”.

Las autoridades colombianas están buscando la fiebre en la sabana! Las estadísticas y cifras no mienten sobre la realidad que se vive en el país. Nos prometieron una paz que solo es para unos cuantos, y el deterioro de la seguridad ciudadana sigue a pasos agigantados para la gran mayoría de los colombianos.

Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, los homicidios perpetrados en el 2016 (Antes del primer decreto sobre portes de armas) fueron 11.467; Y en el 2017 fueron 11.334. Uno diría que las cifras bajaron y fue efecto del decreto que prohibió el porte de armas, pero lo que las cifras muestran es que a pesar del decreto, aumentaron los homicidios por armas de fuego (56 homicidios mas).

¿Entonces que pasó? ¿Pero ya no hay porte de armas, no deberían bajar los índices de criminalidad? Lo que venimos denunciando, los bandidos no compran ni usan armas registradas por Indumil. Las estadísticas delictivas que la Policía Nacional maneja año tras año nos indican lo alarmante que se vive en las calles de toda Colombia.

Ha habido incrementos en varios actos delictivos a nivel nacional que indica que la prohibición del porte de armas es ineficaz y al contrario, ha estimulado actividades delictivas porque el bandido sabe que los ciudadanos que portaban armas legamente las tienen bien guardadas en sus casas.

El hurto a personas en el año 2016 (sin decreto), fue de 146.819; Pero en el año 2017 (con decreto), fue de 209.716.  Esto nos muestra que el bandido se ha aprovechado del desarme de los ciudadanos que se sujetan a la legalidad. Los que mas han sufrido este desarme son los dueños de establecimientos comerciales porque el incremento de hurto a comercios se disparó de 23.053 en el 2016 (sin decreto), a 60.250 en el 2017 (con decreto). El bandido no teme a robarle a los comercios porque sabe que no habrá nadie en esos establecimientos que lo pueda neutralizar.

Tenemos un déficit en el pie de fuerza policial en todas las ciudades de Colombia y esto hará muy difícil alcanzar la percepción de seguridad ciudadana que tanto anhelamos. Clic para tuitear

Tenemos un déficit en el pie de fuerza policial en todas las ciudades de Colombia y esto hará muy difícil alcanzar la percepción de seguridad ciudadana que tanto anhelamos. Ya llevamos 9.360 homicidios hasta el 31 de Octubre de este año y mas del 70% de estas muertes se cometieron con armas de fuego. Adicionalmente, tenemos una justicia que brinda garantías excesivas al bandido y no a las victimas. Las estadísticas están mostrando una proliferación del hampa. Ya es hora que nos restituyan el derecho a poder defendernos con las armas de fuego que legalmente adquirimos. Que este 31 de diciembre, cuando se acabe el año, también sea cuando se acabe este decreto que empodera al bandido y perjudica al justo.

David Name Orozco
Acerca de David Name Orozco 10 Articles
Arquitecto de la Universidad Estatal de Ohio con más de 20 años en experticia sobre proyectos de infraestructura y urbanismo. Fundador y presidente del Movimiento Protegiendo La Familia, movimiento que ha sido una pieza fundamental para el activismo de vida y familia en Colombia. Fue candidato a la vicepresidencia de la república como fórmula del señor ex procurador Alejandro Ordoñez Maldonado y es líder político a nivel nacional.