Necesitamos una Corte Constitucional eficiente, eficaz y que rinda cuentas de sus actos

Martin E. Botero

@boteroitaly

Necesitamos una Corte Constitucional eficiente, eficaz y que rinda cuentas de sus actos Columna de Martin Eduardo Botero Clic para tuitear

De todos los retos presentes, seguramente la politización creciente de la Corte Constitucional es uno de los que más nos preocupa, porque amenaza el fundamento mismo del Estado y puede menoscabar la propia soberanía, su unidad, su orden público u otros intereses fundamentales, incluida la legalidad vigente y el concepto de justicia en la sociedad. Lamentablemente, esta Corte C. se ha acostumbrado a una interpretación concentracionista, ascendente, la de una autoridad desenfrenada y sin ningún tipo de controles y contrapesos, emprendidos con pretextos arbitrarios y vacíos, lagunosa dogmática e incomprensible. De tanto adoptar una interpretación permanente en clave de política se terminó por atribuirse una legitimidad original “constituyente” del poder constituido al que pretende derrocar. Las decisiones de los jueces de la Corte Constitucional sobre las objeciones presidenciales a la JEP, el glifosato y el código de policía es otra prueba de la absoluta falta de controles y contrapesos adecuados, con los poderes ejecutivo y legislativo subordinados y que sólo siguen los caprichos de las autoridades judiciales. Esta ausencia de controles y contrapesos socava las prerrogativas democráticas del Congreso y del Ejecutivo, exalta la autocracia de la magistratura sobre la democracia parlamentaria, glorifica la pequeña facción sobre la sociedad civil y la igualdad sobre la libertad, ensalza la masa y la clase sobre el individuo y la falta de entendimiento sobre la razón. Ese tipo de decisiones confunde a los ciudadanos y aumenta la desconfianza en la administración de justicia por parte de las víctimas y salidas masivas de capitales. Esto genera un efecto muy desafortunado y un enorme daño al ya debilitado equilibrio institucional y político del país.

De tanto adoptar una interpretación permanente en clave de política se terminó por atribuirse una legitimidad original “constituyente” del poder constituido al que pretende derrocar. Clic para tuitear

La Corte constitucional erró con las objeciones presidenciales, y volvió a fallar con el glifosato, y pensando dar gusto a la oposición de izquierda, propinó una sonora bofetada al gobierno y en la cara de los ciudadanos. Evaluó incorrectamente las normas aplicables o incurrió en un error de Derecho o en un error manifiesto de apreciación de las disposiciones de la Ley sobre el código de policía; una bofetada en el rostro franco de la democracia, en especial para los niños y las familias; una mala señal para los ciudadanos y un precedente que podría ser peligroso para el futuro. Pero por encima de todo, se trata, repito, de una bofetada al Presidente de la Republica que se ha esforzado y continúa esforzándose de manera eficaz, haciendo uso de los poderes conferidos por la Constitución y trabajando para restaurar las condiciones legales y de seguridad necesarias para preservar las bases de la paz, la justicia y la democracia. Estas decisiones absolutamente ilegítimas, injustas e irresponsables de la Corte ponen de manifiesto un déficit grave de sensibilidad y mentalidad democráticas. En consecuencia, existe un peligro real de que se mantenga una situación de impunidad que será difícil de solucionar, con lo que aumenta el desequilibrio y la injusticia, cuando este gran país se hunde ante nosotros en una situación cada vez más incontrolable y peligrosa para la paz y la seguridad. Nuestra Corte rompe por completo el equilibrio democrático del sistema político que se caracteriza por la separación y la independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Esos actos unilaterales violan el espíritu y la letra de nuestra Constitución, sino que además contrarían los llamamientos al establecimiento de un poder judicial independiente, imparcial y totalmente operativo que pueda desempeñar su papel de apoyo de la democracia y garante del estado de derecho y poner fin a la impunidad casi absoluta que reina en la actualidad en el país. ¿Qué sentido tiene decirles a los ciudadanos que tienen que cumplir tales y cuales normas, mientras se permite a un reducido grupo de funcionarios -que no son elegidos por nadie- desconocer los pronunciamientos de los organismos internacionales e interpretar de manera arbitraria y caprichosa los derechos humanos y la democracia, y que hoy ostentan un poder unilateral de decisión desproporcionado, no sometido a contrapesos y controles (checks and balances) adecuados?

 No se trata de ser un poquito más cordial y amable con los magistrados de la Corte Constitucional o de criticar las acciones de los jueces cuando no nos gustan sus sentencias, sino la voluntad de impedir que se siga por la vía de tomar decisiones desde arriba sin tener en cuenta las realidades en curso, mejorar la transparencia y evitar una desviación de poder cuando esta Corte ejerce su poder de manera arbitraria o abusiva, por ejemplo cuando se atribuye poderes arbitrarios ilimitados y sin un mandato que pudieren afectar al núcleo mismo de las competencias y prerrogativas específicas que nuestra Constitución le otorga a otros órganos constitucionales autónomos, especialmente cuando se trata de impedir que se pueda alejar del Estado de derecho, de lo que llamamos un Estado constitucional.  La Corte no tiene necesidad de ello y, al actuar así, se está haciendo un enorme daño a sí misma.  Esta Corte puede ser soberana, pero en cualquier caso tiene que respetar sus propias normas en sus prácticas internas, pero es también obvio que sus actos no pueden ser arbitrarios, sino que deben estar sujetos a las normas que la misma Carta Fundamental y las leyes establecen.

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El poder que la Corte Constitucional ejerce sobre la vida pública se ha descontrolado totalmente en los últimos cinco años, y ahora debemos limitarlo; derogar los enclaves autoritarios y limitar el abuso de la inmunidad. Necesitamos de manera urgente la reintegración del orden constitucional y otros mecanismos de derechos humanos que sirvan para limitar el potencial abuso de poder y una supervisión pública que haga que esta Corte cumplan regulaciones aún más estrictas, claras y predecibles, y nuevas medidas en materia de disciplina y denuncia de las irregularidades para lograr el respeto y el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, a fin de garantizar la observancia de normas éticas estrictas y de imponer pautas claras en los engranajes del sistema de administración de justicia. Debemos lograr la participación de los partidos políticos y de dirigentes políticos responsables, de organizaciones de la sociedad civil y otros agentes. Tiene que haber convicción política detrás de ella. Si no lo hacemos así, los ciudadanos nunca van a estar lo suficientemente informados y protegidos, y tenemos que hacerles ver que sabemos las dificultades a las que se van a enfrentar. No deberíamos permitir que eclipsen las oportunidades.  Estamos hablando de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Estamos hablando de una Colombia de paz, democracia y justicia para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, una nueva página en la historia. Estamos hablando de un mayor respeto a las víctimas de la violencia, de un sistema judicial independiente y la responsabilidad constitucional (política) y civil de los magistrados y más transparencia en las políticas públicas y en la política en general. Benjamín Franklin, uno de los padres de la Constitución de los Estados Unidos, dijo que «los que están dispuestos a renunciar a la libertad fundamental para obtener un poco de seguridad temporal no se merecen ni la libertad ni la seguridad». Confío en que el proceso de reformas del Gobierno seguirá su curso; en efecto, debe proseguir y convertirse en un éxito, porque el problema no es sólo el fracaso a la hora de informar a los ciudadanos, sino también de una oligarquía pública o privada irresponsable que encuentra una tierra fértil en sociedades postconflicto – que quieren, como se dice coloquialmente, quedarse con el pastel y comérselo, y que desean someter la realidad a sus propios sueños imposibles y peligrosos. Amen

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Martín Eduardo Botero
Acerca de Martín Eduardo Botero 29 Articles
Abogado Europeo inscrito en el Conseil des Barreaux Europèens Brussels. Titular de Botero & Asociados, Bufete Legal Europeo e Internacional con sede en Italia y España. Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Presidente y fundador de European Center for Transitional justice y vicepresidente en la Unión Europea de la Organización Mundial de Abogados. Graduado en Jurisprudencia por la Universidad de Siena (Italia) con Beca de Honor y Licenciado en Derecho por la Universidad Católica de Ávila (España). PhD en Derecho Constitucional Europeo por la Universidad de Bolonia con Beca de estudio del Ministerio de Exteriores italiano y la Unión Europea. Colabora con universidades, institutos de investigación especializados y organismos de la sociedad civil en los programas de cooperación jurídica y judicial internacional. Consultor Jurídico independiente especializado en anticorrupción. Su último libro lleva por título “Manual para la Lucha contra la Corrupción: Estrategia Global: Ejemplos y Buenas prácticas”.