Paz, narcotráfico, terrorismo e injusticias

Augusto Betancourt Llanos

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Hay muchas razones para afirmar que el proceso con los narcoterroristas Farc es un sapo muy difícil de tragar, como la rampante impunidad de quienes cometieron crímenes atroces y de lesa humanidad, el no castigo a quienes cometieron actos sexuales aberrantes con menores de edad, el reclutamiento forzoso de niños y su posterior asesinato (fusilamiento), la elegibilidad política sin haber purgado condenas, uno de carácter técnico que tiene que ver con NO relacionar los números de las armas entregadas, con lo cual se negó la posibilidad de la experticia legal y la trazabilidad para determinar procedencia de las mismas. Estas omisiones se suman a la gran cantidad de hechos nefastos que pretenden invisibilizar las víctimas, mientras los victimarios pasaron a desfilar orondos y desafiantes en el Congreso de la República de Colombia.

Estas omisiones se suman a la gran cantidad de hechos nefastos que pretenden invisibilizar las víctimas, mientras los victimarios pasaron a desfilar orondos y desafiantes en el Congreso de la República de Colombia. Clic para tuitear

El Congreso es un espacio para la democracia, para debatir con las ideas, para ejercer control político al Poder Ejecutivo y para ser la voz del pueblo frente al gobernante de turno, y aunque esa dignidad le ha quedado grande aún a nuestra democracia, la misma fue fracturada desde que en los años 90 el sacrificio de miles de Policías y Militares, les valió una curul en el Parlamento a los exponentes del terror.

Hoy en día se repite la historia, con unos actores mucho más aberrantes, más despiadados y más cínicos, y duele el alma, el espíritu y el patriotismo, ver a esos terroristas sentados, hablando de tú a tú con quienes se atreven a debatir con ideas y no con armas.

Pero más grave aún, es que ni sacrificando la dignidad de todo un pueblo ha cesado el ataque a la democracia y sus Instituciones, pues la cocaína, es el combustible de la violencia en Colombia, es el legado que nos deja un proceso violatorio de los DD.HH. y el DIH, liderado por un gobernante ilegítimo, y pone al país en una situación en extremo delicada, pues la seguridad de la Nación flaquea debido al accionar de los grupos armados organizados e ilegales que se lucran del oro blanco, la minería criminal, el micro tráfico y la muerte.

Es válido mirar el entorno nacional, regional, continental y mundial, pues esto ha llevado a que se tomen acciones, y dentro de estas tenemos los encuentros y los mensajes que se han cruzado Donald Trump e Iván Duque, como mandatarios de sus respectivos países.

  • 25 de septiembre 2018: En esta primera reunión Trump respaldó a Duque por su política antidroga, pero reclamó por una campaña para reducir los cultivos.
  • 13 de febrero 2019: Duque y Trump se reunieron por segunda ocasión. El tema fue Venezuela, pero Trump se quejó porque Colombia no estaba cumpliendo con el programa de erradicación.
  • 29 de marzo 2019: Durante un acto público en Florida, el Presidente Trump reclamó del gobierno Colombiano una acción más decidida en relación con las drogas.
  • El 10 de abril 2019: El mandatario USA señaló con preocupación el crecimiento exagerado en el tráfico de drogas provenientes de Colombia y se quejó de la gran cantidad de pandilleros colombianos que llegan a USA.

Las respuestas del gobierno colombiano han despertado solidaridad en la sociedad pero no han convencido a la comunidad internacional.

A la fecha sufrimos las consecuencias de un proceso adelantado donde el estado claudicó ante ese cartel narcoterrorista farc, el Presidente Duque asume el poder y trata de recomponer la caótica situación con el agravante de que el país es nuevamente el primer productor de coca y que las áreas cultivadas están produciendo la escandalosa cantidad de más de 1.300 toneladas métricas de esta sustancia ilícita al año.

No se puede ocultar o negar que el principal socio de Colombia es USA, y en ese orden de ideas, todo lo que afecte esta alianza estratégica debe ser cuidadosamente analizado y tratado.

En Colombia el cartel más poderoso es el de las farc, así lo traten de vestir con cara de disidentes. Al gobierno anterior no faltó sino certificar en mármol la exclusividad de esta actividad criminal como beneficio para los cabecillas comunistas de la farc, antes que decidieran desdoblarse, una facción política en el congreso y otra clandestina encargada del lucrativo negocio.

Al gobierno anterior no faltó sino certificar en mármol la exclusividad de esta actividad criminal como beneficio para los cabecillas comunistas de la farc, antes que decidieran desdoblarse Clic para tuitear

Del capítulo IV de los acuerdos de la Habana y de los que “Reformaron” con el acuerdo del Colón, como dice Cristina de Toro, tenemos ese lenguaje fariano que no deja de ser denso y marcado con laberintos idiomáticos, donde se disfrazan las concesiones otorgadas a los narco terroristas y de donde extractamos que la farc se comprometieron a:

  • Poner fin a su relación con el narcotráfico
  • Esclarecer relación de cultivos ilícitos y conflicto, y narcotráfico y lavado de activos.
  • Se comprometieron a identificar rutas, lavadores y alianzas
  • Erradicación voluntaria.

Todo en el entendido de que abandonaba las prácticas delictivas del narcotráfico y que se empeñaría apoyando al gobierno para reducir esa actividad criminal.

El 15 de mayo de 2019 la JEP contra viento y marea decidió que la extradición de alias Santrich no procedía a pesar de que USA ha demostrado que el delito por el cual se le acusa fue cometido en forma posterior a la firma de los acuerdos.

Hoy las pruebas contra Santrich son irrefutables, aun así hay quienes se empeñan en decir que la extradición de este cabecilla es un golpe a la “paz”, sin importar incluso si éste delinquió después de la firma de los acuerdos.

Sería un terrible precedente para Colombia que un narcotraficante como Santrich, pese a tener todas las garantías de impunidad, siguiera delinquiendo y el Estado colombiano no respondiera con contundencia. La extradición no se puede poner en duda.

Hoy las pruebas contra Santrich son irrefutables, aun así hay quienes se empeñan en decir que la extradición de este cabecilla es un golpe a la “paz”, sin importar incluso si éste delinquió después de la firma de los acuerdos. Clic para tuitear

Además, la Fiscalía General ha encontrado bienes de procedencia ilícita que las farc no reportaron y por lo tanto su manejo será diferente.

En relación con la identificación de rutas, alianzas criminales para exportar cocaína y lavar las ganancias producto de este delito, nada de nada.

La erradicación voluntaria la ejecuta el estado con un elevado costo en vidas humanas y los “desmovilizados” no cumplieron ni van a cumplir.

Con base en estos comentarios y a sabiendas de que Colombia ocupa el primer lugar como productor de coca y que los encargados de estos carteles tienen o se han aliado con estructuras armadas y “ejércitos privados” que emplean técnicas y tácticas terroristas, queda demostrada la alianza entre estas dos actividades criminales que constituyen la amenaza número uno para cualquier Estado sin que medie distinción alguna en su tendencia u orientación política.

El narcoterrorismo en Colombia está identificado con las farc, eln, epl, los caparrapos y los GDO -Grupos Delincuenciales Organizados-, y representan una amenaza mundial, y la orientación de la JEP para juzgar a los miembros de los terroristas deja más dudas que claridades.

Agreguemos que el caso de alias Santrich, es la representación más concreta de esta actividad delictiva, que alias Iván Márquez y Romaña se perfilan como otros miembros de la farc que deberán enfrentar solicitud de extradición.

El manejo que la JEP ha dado al tema Santrich lleva tres renuncias y total incertidumbre en la población, pues lo que sucede no tiene explicación lógica.

Este caos institucional es muy diferente al tremendo embuste de Juan Manuel Santos a la sociedad. Con los ríos de leche y miel, su discurso promesero y una gestión en la que comprometió recursos sin respaldo presupuestal y con la complicidad de las autoridades administrativas del momento.

Aún más, Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias el Paisa, que inició en el cartel de Medellín su actividad criminal y se especializó como terrorista, está implicado en 128 procesos judiciales en la justicia ordinaria, cerca de treinta condenas por homicidio, terrorismo, secuestro y entre sus ataques más conocidos esta la BOMBA del Club el Nogal (febrero 7 de 2003) y el asesinato del ex gobernador y ex senador Jaime Lozada Perdomo (Julio 10 de 2007); los hechos indican que este narco terrorista perdió parte de los beneficios ante la JEP, pero la procuradora delegada ante la JEP, Mónica Cifuentes, de quien más adelante nos ocuparemos, a dicho: Que no está comprobado que Velásquez Saldarriaga haya delinquido después de la firma de los acuerdos, pero aceptó que le falta “compromiso” en las condiciones para su sometimiento a la JEP; la acción de Mónica Cifuentes es tan tímida que solo pidió adelantar un proceso contravencional donde difícilmente llegaran a la conclusión de que la pena a enfrentar sea hasta de 20 años como está escrito.

El manejo que la JEP ha dado al tema Santrich lleva tres renuncias y total incertidumbre en la población, pues lo que sucede no tiene explicación lógica. Clic para tuitear

Recordemos que Mónica Cifuentes llegó a la Habana de la mano del ex comisionado de paz Sergio Jaramillo a trabajar y elaborar el marco jurídico para la paz y los capítulos del acuerdo de participación política de la víctimas; El Acto legislativo 001 de 2012, mejor conocido como Roy Barreras, fue el que estableció el primer marco jurídico para la paz y primer acto legislativo que tuvo sentencia en la Corte Constitucional. Allí claramente se decía que para construir un sistema de verdad, justicia y reparación, con unas garantías de estabilidad y no repetición, los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, no iban a ser amnistiados, y que el tema de narcotráfico tampoco iba a ser tenido en cuenta para ese beneficio.

Eso fue lo que nos prometió Juan Manuel Santos a nombre de su Gobierno en el 2012 y la Corte Constitucional lo avaló.

¿Cómo es posible que el 2017 con el acto legislativo 001 de 2017 se modifica nuevamente la constitución que ya habían modificado en el 2012, para decir ahora que los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad sí iban a ser amnistiados, todo eso en detrimento del pueblo colombiano, de la paz a que tenemos derecho y de las víctimas? Y como si fuera poco también incluyeron el narcotráfico para el mismo tratamiento. Mónica Cifuentes ocho días antes de terminar el Gobierno de Juan Manuel Santos, es tenida en cuenta por sus innegables aportes y servicios a la farc y pasa a la Procuraduría General de la Nación, donde es nombrada como Procuradora de las víctimas.

Mónica Cifuentes después de estar cuatro años compartiendo con sus camaradas del secretariado de la farc nunca podrá ser imparcial en el ejercicio del cargo que ostenta en la Procuraduría, ese nombramiento es para resguardar la espalda de esos criminales y evitar de paso que las víctimas sean de verdad tenidas en cuenta, este capítulo de la doctora Cifuentes indica hasta qué punto llega la corrupción en los acuerdos de Santos con las farc.

Con el objeto de mostrar más antecedentes que demuestran el matrimonio entre terroristas y narcotráfico trataremos el asunto de ZAYAD TAWID, enlace del grupo terrorista estado islámico en Reino Unido quien tenía como contacto en Colombia al cubano Raúl Gutiérrez Sánchez, este último vivía en Calarcá Quindío, desde inicios del 2018, estaba siendo observado por los servicios de inteligencia y la Fiscalía le adelantaba un proceso penal por terrorismo y concierto para delinquir. Fue capturado el 12 de marzo de 2018 cuando buscaba ser contratado en un restaurante del Barrio Quinta Paredes de Bogotá, donde pretendía poner una trampa y atentar contra funcionarios de la embajada americana que frecuentaban ese lugar.

Inicialmente podemos recordar que manifestó que su blanco era la embajada de Cuba en Bogotá, así como el cabecilla comunista de las narcoterroristas farc Rodrigo Londoño alias Timochenko y Gustavo Petro Urrego, que para la fecha era candidato presidencial; esta auto incriminación fue desvirtuada con apoyo de Interpol, FBI y la Policía del Reino Unido, España, Colombia y Argentina, donde al complementar las informaciones disponibles se facilitó ejecutar capturas en el país austral, este delincuente tuvo programada audiencia el 20 de mayo de 2019 y están demostrados los planes terroristas contra funcionarios americanos. Lamentablemente este personaje ha quedado absuelto por la injusticia colombiana.

Vale recordar que pasados ocho meses del arresto del cubano Gutiérrez Sánchez se descubrió el enlace de Isis en Colombia, e identificando como cómplice el ciudadano iraquí Ahmed Burham Yahyo Syala. Este sujeto de aproximadamente 51 años llegó a nuestro suelo en el 2017, contactó por internet a una colombiana, se casó con ella, estableció como lugar de residencia Melgar, Tolima, donde tenía como fachada la venta de automóviles y un restaurante. Fue expulsado del país por Migración Colombia el 9 de diciembre de 2018 pero antes de este hecho, varias agencias de inteligencia extranjeras lo vincularon con Al-Qaeda y el Estado Islámico.

También entra en escena el grupo terrorista Hezbolá: sus agentes han establecido contactos con estructuras del crimen organizado, carteles de narcotráfico, y contrabandistas con el propósito de recaudar y enviar dinero al Medio Oriente y de esta manera financiar actividades del grupo terrorista.

El encargado de esta tarea fue un ciudadano Colombo-Libanés de nombre Ayman Saied Joumaa alias Junior o el turco, a quien la DEA, el departamento del tesoro de USA y agencias de inteligencia del mundo muestran interés por conocer cada paso que da. Por ello desde el 2011, la oficina de control de activos extranjeros del tesoro americano ha sancionado a 26 personas y 36 empresas que están incluidos en la “Lista Clinton” y han tenido vínculos con Saied; Los informes indican que esas empresas se localizan en Líbano, Congo, Benín, Canadá, Venezuela, Panamá y Colombia. Hablando de nuestra Nación la actividad ha sido principalmente en: Barranquilla, Santa Marta, Guajira (Maicao), Antioquia y Cali.

Asimismo la inteligencia colombiana y los apoyos de otros Estados permitieron establecer que desde su llegada a Colombia, habría concretado asociarse con Fredy Alonso Mira Pérez alias Fredy Colas, quien hacía parte de una de las estructuras del crimen organizado de Antioquia (La Oficina). Este sujeto fue objeto de una persecución coordinada y por ello para el año 2015 pactó con la DEA su entrega a la justicia americana, fue extraditado y actualmente purga una condena de siete años por lavado de activos.

De la misma manera fue vinculado un ciudadano de Granada (Antioquia) con negocios en el famoso centro comercial El Hueco de Medellín, Pedro Claver Mejía Salazar de quien se sabe que al sentir que su captura era inminente, firmó un acuerdo con las autoridades americanas.

En Maicao (Guajira) se detectó a Ali Mohamad Saleh, quien perteneció a la estructura terrorista de Hezbolá y por licenciamiento, el grupo terrorista lo destinó a Maicao a fin de engrosar la red de apoyo.

El cerebro de esta red colombo-libanés, alias El Turco o junior, está prófugo de la justicia, sus contactos le facilitan permanecer en la clandestinidad. Sus socios en el cartel mexicano “Los Zetas” y “El cartel de los soles” de Maduro continúan generando grandes sumas de dinero para la organización a la que pertenece y se mueve con solvencia en el bajo mundo escapando de la persecución de las agencias de inteligencia y de los reportes en Interpol.

Por lo pronto, desde la vecina Venezuela se conoce de la migración, cambio de identidad y expedición de nuevos documentos para miembros de los grupos terroristas Hezbolá y Hamás. La CIA y el MOSAD están muy atentos y se ha alertado a las autoridades colombianas puesto que efectivos de esos grupos terroristas están dedicados a instruir al ELN, tal cual lo hicieron con ETA en años anteriores; si a esto le sumamos la declaración del señor General Luis Fernando Navarro Jiménez, Comandante General de las Fuerzas Militares de Colombia, donde estimó que mínimo 1000 integrantes del grupo narco terrorista ELN fueron detectados desde hace mucho tiempo en los estados de Táchira, Zulia y Apure, lo que se puede prever es una gran escalada de acciones criminales ordenadas por el COCE y la dirección general del ELN. En relación a esta afirmación, Jeremy Mc Dermontt, del Centro de Estudios del Crimen Organizado Transnacional, ha manifestado que la presencia del ELN en Venezuela está en doce de sus Estados y para adelantar su actividad criminal cuentan con respaldo total de Nicolás Maduro.  Igualmente el Comandante del Ejército Nacional General, Nicasio de Jesús Martínez Espinel, ha afirmado que en los 17 meses que el Gobierno de Juan Manuel Santos mantuvo negociaciones con el ELN, los terroristas aprovecharon este tiempo para adelantar reclutamientos, planear acciones terroristas y “engañar” al Gobierno Nacional de manera permanente.

Si al anterior párrafo le agregamos que en el mes de mayo diferentes instituciones, personalidades y países han acusado directamente y con nombre propio al dictador Maduro de vínculos con el terrorismo, sin duda alguna esto se convierte en un factor determinante para las acciones que se deben de ejecutar en forma coordinada con el fin de contrarrestar la amenaza que representa esta situación.

Nuestra patria se ve atacada por la alianza del narco terrorismo; estas acciones hacen parte de un plan muy bien concebido donde pretendieron desde el Gobierno anterior diezmar la inteligencia, acusar y condenar al Ejército Nacional y a sus FF.AA. por todos los delitos posibles y diseñar una justicia especial que otorgara impunidad total a las farc, el hostigamiento es coordinado permanente y efectivo, la respuesta del estado sigue siendo débil y descoordinada.

La sociedad colombiana respalda solidariamente a sus Fuerzas Armadas, pero sin lugar a dudas cuando se trata del Ejército Nacional, se siente la conexión y el vínculo que por décadas se ha forjado, nosotros como pueblo colombiano debemos ser conscientes de la responsabilidad ciudadana que tenemos en relación con la seguridad, porque una afectación en este sentido trasciende a propios y extraños, la comunicación permanente con las autoridades nos permitirán en el futuro destruir la hidra del narco terrorismo y progresar como lo merece un pueblo que busca el porvenir, de no hacerlo el futuro de nuestros hijos y nietos se verá gravemente comprometido.

La amenaza a la existencia democrática del Estado está más activa que nunca. La capacidad económica que genera el narcotráfico a gran escala les permite abrir puertas y acceder a tecnologías, por ello nuestras Fuerzas Armadas deben continuar especializándose en cada modalidad detectada y en aplicación estricta de la ley exigir de cada autoridad el compromiso para combatirla o la denuncia a tiempo para evitar que funcionarios con obligación de tomar acción sean omisivos en el ejercicio de su cargo.

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